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‘No se está atendiendo una orden de la Corte’: Ministerio Público

El tribunal de juicio no admite pruebas validadas por la Corte en la fase intermedia, alega el fiscal Aurelio Vásquez.

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Aurelio Vásquez, fiscal Anticorrupción del Ministerio Público. Archivo Aurelio Vásquez, fiscal Anticorrupción del Ministerio Público. Archivo
Aurelio Vásquez, fiscal Anticorrupción del Ministerio Público. Archivo

El tribunal de juicio está desatendiendo un fallo de la Corte Suprema de Justicia que en diciembre pasado validó la actuación del magistrado Jerónimo Mejía, quien, en funciones de juez de garantías, expidió el auto de apertura a juicio al expresidente Ricardo Martinelli, con las pruebas correspondientes.

Así lo afirmó ayer el fiscal Aurelio Vásquez, miembro del equipo del Ministerio Público (MP) que participa en el juicio que se le sigue al exgobernante por presuntamente espiar las comunicaciones de 150 opositores.

Vásquez informó que el próximo lunes se presentarán tres amparos contra decisiones del juez Roberto Tejeira -presidente del tribunal de juicio- quien, alega, impide la presentación de pruebas que fueron admitidas en la fase intermedia del proceso seguido a Martinelli.

En el fallo del 7 de diciembre de 2018, con el que la Corte declinó su competencia, el pleno también validó todo lo actuado por Mejía.

El tribunal “debe respetar el contenido íntegro de la fase intermedia, que contiene las pruebas que serían usadas en la fase de juicio”.

Los cuadernillos están en el auto de apertura a juicio a Martinelli: fiscal

Aurelio Vásquez, parte del equipo de fiscales del Ministerio Público en el juicio que se le sigue al expresidente Ricardo Martinelli por supuestamente espiar las comunicaciones de, al menos, 150 personas, afirmó ayer que el tribunal de juicio les impide presentar algunas pruebas que fueron validadas por la Corte Suprema de Justicia antes de que declinara su competencia en el caso a la esfera ordinaria.

En entrevista, Vásquez expresó que el auto de apertura de pruebas, en la página 31, contiene los siete cuadernillos en los que consta la inspección ocular al correo electrónico bradpty507@gmail.com, pero ahora el tribunal no se los admite como prueba documental. Es decir, no los valorará al momento de emitir su veredicto.

Limitaciones

A la vez, detalló que tampoco se les permite abrir los discos compactos en los que se almacenó el contenido del correo.

Recalcó que esta decisión del juez Roberto Tejeira, presidente del tribunal, limita al Ministerio Público para presentar su teoría del caso, ya que no puede comparar el contenido de los discos ni analizar los documentos con la transcripción de sus datos.

Recordó que el artículo 379 del Código Penal establece que la prueba documental puede ser introducida para su lectura, y que entre estas están las actas de reconocimiento, registro o inspección efectuadas por la fiscalía.

Tejeira también excluyó el documento número 33: el oficio 23 DMF-OJ del 17 de septiembre de 2015, en el que están los números de teléfonos intervenidos, y cuyo contenido fue guardado en los discos compactos.

Recordó que antes de que la Corte Suprema de Justicia declinara su competencia en el caso a la esfera ordinaria, el magistrado Harry Díaz, quien fungía como fiscal de la causa, solicitó a su colega, el magistrado José Ayú Prado, de la Sala Penal de la Corte, que certificara si esa instancia judicial había ordenado la interceptación de estos teléfonos.

‘Sin sentido’

Vásquez precisó que ahora el tribunal solo admite la contestación de la Sala Penal, en la que dice que no ordenó tales interceptaciones, aunque en ella no se detallan los números de teléfono. “Es un sinsentido incluir la respuesta de la Sala Penal sin el listado de los teléfonos interceptados”, dijo.

En este caso, reiteró, el tribunal está desestimando las decisiones que tomó el magistrado Mejía cuando fungió como juez de garantías del proceso.

Dijo que el tribunal tampoco tuvo en cuenta el fallo de la Corte del 7 de diciembre de 2018, con el que declinó su competencia en el caso, pero validó todo lo actuado hasta ese momento.

“En este caso, los jueces de juicio no pueden desatender el fallo de la Corte, que es de estricto cumplimiento”, planteó.

Añadió que el tribunal debe respetar “el contenido íntegro” de la fase intermedia, etapa en la que están las pruebas que serían usadas en el juicio.

Por eso, dijo, “se está desatendiendo una orden de la Corte”.

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