COYUNTURA POLÍTICA

El balance de poder del país está en juego

Representantes de distintos sectores de la sociedad advierten sobre los riesgos de que todo el poder político esté en manos de un solo colectivo: el oficialista.

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Kenia Porcell renunció a la Procuraduría de la Nación el pasado martes. Su salida se concretaría a partir de enero próximo. Kenia Porcell renunció a la Procuraduría de la Nación el pasado martes. Su salida se concretaría a partir de enero próximo.
Kenia Porcell renunció a la Procuraduría de la Nación el pasado martes. Su salida se concretaría a partir de enero próximo. Archivo

Los principales entes de control del país, instituciones sobre las que descansa la democracia, estarán en manos del gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD).

El presidente Laurentino Cortizo, que pertenece al PRD, debe nombrar al próximo procurador de la Nación y, en cinco años de mandato, a seis magistrados principales y nueve suplentes en la Corte Suprema de Justicia.

En los próximos días, le corresponde anunciar a la persona que sucederá a Kenia Porcell en el Ministerio Público a partir de enero, y a tres magistrados principales, en reemplazo de Jerónimo Mejía, Harry Díaz y Abel Zamorano.

En medio de esta encrucijada, representantes de distintos sectores de la sociedad civil advierten sobre el peligro que se cierne para los ciudadanos al quedar todo el poder político en manos de un solo colectivo político, que ya domina la Asamblea , y nombró al fiscal electoral y al próximo contralor.

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa exhortó a Cortizo a nombrar en el Ministerio Público a una persona con criterio, carácter e independiente, y condenó la filtración de los “Varelaleaks”, que “viola la privacidad de las personas involucradas y crea inestabilidad en la ciudadanía”.

Justicia, poderes y la encrucijada de Cortizo

El presidente Laurentino Nito Cortizo tiene ahora otro reto más en el largo camino para fortalecer la institucionalidad del país.

En sus cinco años de mandato, tendrá que nombrar a seis magistrados de la Corte Suprema de Justicia y nueve suplentes. Ahora, también, deberá designar a la persona que reemplazará a Kenia Porcell en la Procuraduría de la Nacional, lo que, a juicio de juristas y de grupos de la sociedad civil, supone una responsabilidad histórica y, a la vez, enciende las alarmas sobre los contrapesos en el equilibrio de poderes.

Porcell presentó su renuncia en medio del escándalo por la filtración de los mensajes privados del expresidente Juan Carlos Varela en el sitio Varelaleaks, una página de internet de autoría desconocida que dejó al descubierto la posible intromisión del Ejecutivo en el Ministerio Público, y la presunta presión que desde la Presidencia se ejercía en el pasado gobierno en casos judiciales de alto perfil, como el de los sobornos de Odebrecht.

Cortizo ya anunció que a partir del próximo lunes 18 de noviembre convocará a la Asamblea Nacional a sesiones extraordinarias para someter a consideración de los diputados a tres designados para la Corte. Serán los abogados que reemplazarán a Jerónimo Mejía, Harry Díaz y Abel Zamorano.

Pero, antes de que acabe su periodo en 2024, también tiene que nombrar a los que sustituirán a Hernán De León, José Ayú Prado y Luis Ramón Fábrega.

En el paquete de sesiones extraordinarias también iría el nombre de la persona que tomará el lugar que dejará Porcell en el Ministerio Público. Las próximas horas serán claves para estas designaciones.

Fuentes del Palacio de Las Garzas no descartan que el presidente haga el anuncio el próximo sábado 16 de noviembre, día en que visitará Los Pozos, en Herrera, para una gira comunitaria.

No sería la primera vez que Cortizo anuncie nombramientos de alto perfil un día no laboral. La tarde del sábado 31 de agosto, por ejemplo, informó que Enrique Lau Cortés era el nuevo director de la Caja de Seguro Social.

Pero, más allá del calor y la expectativa que genera el conocer los nombres, analistas y conocedores del derecho plantean que ahora el Ejecutivo deberá trabajar para garantizar la salud de la administración de justicia y el equilibrio de los poderes.

A varios les preocupa la concentración que tendrá este gobierno. Aparte del Ejecutivo, el Partido Revolucionario Democrático (PRD), colectivo al que pertenece el mandatario, tiene mayoría en la Asamblea Nacional y domina otros entes de control en los que descansa la democracia del país, como la Fiscalía General Electoral, entidad que ahora lidera Dilio Arcia, un legendario militante del PRD.

Peligro

El abogado Carlos Lee, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, afirmó que Cortizo “tiene una gran oportunidad” de designar a personas con “una alta aceptación ciudadana y con probidad e independencia”.

La exprocuradora y exdiputada Ana Matilde Gómez fue más allá. Advirtió que la renuncia de Porcell “pone en bandeja de plata” al PRD para que gobierne el país “de una manera concentrada”. A su juicio, “hay que buscar equilibrio”.

Gómez recordó que el PRD maneja la Contraloría General de la República (a partir de enero de 2020), la Asamblea Nacional, la Defensoría del Pueblo y, pronto, el Ministerio Público. “Aquí, el ciudadano queda desprovisto de ninguna posibilidad”, aseguró.

Lo dijo mientras explicaba que aunque la concentración no haya sido buscada, “vamos a suponer que así sea”, el pueblo panameño y su democracia están en una encrucijada. “La democracia se asienta sobre el balance de los pesos y contrapesos en el ejercicio del poder. ¿Qué ocurre cuando el presidente Cortizo nos quiso demostrar que tenía un candidato para la Contraloría? La Asamblea Nacional le dijo ‘no, nosotros tenemos nuestro propio candidato y aquí está’. ¿Qué tal si eso es lo mismo que va a ocurrir ahora con la Procuraduría?”, reflexionó la también excandidata presidencial por la libre postulación en TVN.

En efecto, la Asamblea nombró contralor al exmagistrado del Tribunal Electoral Gerardo Solís, que fue el candidato del PRD a la vicepresidencia de la República en el 2014, mientras que la Defensoría del Pueblo está a cargo de otra cara conocida del partido de Omar: Maribel Coco, quien quedó a cargo de la institución, luego de que el Legislativo destituyera a Alfredo Castillero Hoyos como defensor del Prueblo.

Gabriel Tribaldos, del Movimiento Independiente (Movin), advirtió que la responsabilidad inmediata que tiene Cortizo de nombrar tres magistrados de la Corte y seis suplentes “evidentemente incidirá en la calidad del sistema de justicia”.

“Ya sería decisión del señor presidente si quiere pasar a la historia como quien aprovechó la oportunidad para darle el giro indispensable a la justicia y ser premiado por el recuerdo de las presentes y futuras generaciones, o como quien le dio la estocada final a la esperanza de todo un país que exige un sistema objetivo y justo”, sustentó.

Jorge Juan De la Guardia, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura, también consideró que Cortizo tiene la oportunidad histórica de transformar la administración de justicia.

Otro que se refirió al tema fue el excandidato presidencial por la libre postulación Ricardo Lombana.

“Con respecto al nuevo representante del Ministerio Público, los ciudadanos nos sentimos sin representación, pues ahora el Órgano Ejecutivo debe negociar, al igual que lo tendrá que hacer con la ratificación de los candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, con la Asamblea Nacional, controlada hoy por un grupo de diputados sobre quienes pesan graves denuncias de corrupción. Es decir, quienes deben ser investigados por corrupción decidirán quién investiga y quién juzga la corrupción”, planteó.

La encrucijada que pone a prueba los poderes políticos de una democracia joven se da, justamente, cuando se debaten modificaciones a la Constitución con una Asamblea que se resiste a hacer cambios estructurales a la manera cómo operan los tres órganos del Estado hoy en día. Protestas, reclamos y turbias negociaciones han marcado el desarrollo del debate. Solo es el comienzo.

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