La barriada que se hundió en el olvido

Todos sabían que iba a llover. Pero nadie imaginaba que esa tarde aquello se convertiría en una tragedia.

El reporte meteorológico del 17 de septiembre de 2004 había previsto lluvias. Algo normal en esa época del año. Una tormenta sobre la bahía de Panamá avanzaba hacia tierra firme. Los informes reportaron además ráfagas de viento de 38 nudos y actividad eléctrica.

Aquella tarde cayó sobre la ciudad de Panamá, durante cuatro horas, un promedio de 34.4 milímetros de lluvia. Comparado con lo ocurrido el año anterior cuando las precipitaciones llegaron a los 80 milímetros, no parecía mucho. Pero hubo un factor que hizo toda la diferencia: la marea.

Aunque en 2003 las lluvias fueron más copiosas, los eventos habían coincidido con mareas de 12 pies de altura. Sin embargo, ese día la marea fue de 16 pies. El escenario no podía ser peor.

La consecuencia fue un desbordamiento masivo de los ríos Cabra, Pacora, Tocumen, Tapia, Utivé, Cabobré y Juan Díaz, todos en el sector este de la provincia de Panamá.

Un total de 16 personas perdió la vida; fueron arrastradas por el agua. Ahogadas.

La contabilidad inmediata del desastre arrojaba 717 damnificados, 10 mil 730 afectados, 108 casas destruidas y 2 mil 146 viviendas dañadas. Entre las áreas con mayor cantidad de residencias perjudicadas estaba la barriada Prados del Este en el corregimiento de Pacora: cerca de 500 casas casi nuevas estaban bajo el agua.

Según lo que entonces denunciaron los vecinos y respaldó después el ministro de Obras Públicas de la época, Carlos Vallarino, la empresa constructora no había contemplado el drenaje pluvial del río que pasaba cerca.

Robert Stallard, un geólogo vinculado al Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales, señaló en 2005 que el sitio en el que se había levantado Prados del Este “corresponde a una planicie de inundación del río Cabra”.

Los representantes de las empresas constructoras, por su parte, acusaron al Gobierno de edificar obras públicas deficientes en el área, como un puente más chico de lo planeado, lo que habría contribuido a causar la inundación.

Prados del Este había sido financiada casi en su totalidad por el Banco Nacional de Panamá (BNP). Al parecer, la barriada tenía problemas de origen que la inundación sacó a flote.

En 2004, el gerente del BNP, Juan De Dianous, había interpuesto una denuncia sobre supuestas irregularidades en el préstamo otorgado por esa entidad a la empresa promotora Pronavi para la construcción del proyecto. El señalamiento recaía principalmente sobre el anterior gerente del BNP, Bolívar Pariente, prominente figura durante el gobierno de Mireya Moscoso.

En octubre de 2005, la entonces fiscal primera Anticorrupción, Cecilia López, envió al Juzgado Quinto Penal una vista fiscal en la que solicitaba el llamamiento a juicio de Pariente por un supuesto peculado de 12 millones de dólares, y a otras ocho personas.

Pariente estuvo detenido desde julio hasta octubre de 2005, cuando la Corte Suprema de Justicia le sustituyó la medida cautelar por la restricción de salida del país, la obligada residencia en la provincia de Panamá y la comparecencia cada 15 días al juzgado de la causa.

En total, cuatro procesos se iniciaron a raíz de las inundaciones: el de Pariente y los otros ocho imputados por peculado; otro promovido por los afectados contra la promotora Pronavi, por daños; otro más impulsado por la Autoridad Nacional del Ambiente, que señalaba que el estudio de impacto ambiental había advertido de los riesgos de construir en esa zona. Y otro promovido por los directivos de Pronavi contra las acusaciones que se les hacían.

En julio de 2011, el Segundo Tribunal Superior de Justicia decidió acumular las cuatro denuncias en un solo expediente.

Según fuentes del Órgano Judicial consultadas la semana pasada, el caso se encuentra sin mayor evolución en el Juzgado Décimo Penal. Aún no se ha decidido ni siquiera el llamamiento para una audiencia preliminar.

CONSECUENCIAS

La barriada hoy no existe. Se ordenó su demolición durante el gobierno de Martín Torrijos por considerársele inhabitable. Muchos antiguos vecinos todavía esperan una indemnización.

Pero la tragedia del 17 de septiembre de 2004 dejó algo positivo: el desarrollo de un sistema de alerta temprana contra inundaciones en el río Cabra, a cargo de la Gerencia de Hidrometeorología de la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. y del Sistema Nacional de Protección Civil.

No obstante, muchos antiguos residentes dicen hoy, como Viviana Almengor, vecina del lugar, decía entonces: “el mal recuerdo que dejaron las lluvias siempre estará conmigo”.

Errores, demoras y muchos recursos

Las demoras en el proceso judicial del caso de Prados del Este se deben, entre otras causas, a errores en la foliación del propio expediente y a la cantidad de recursos interpuestos por la representación legal de los acusados. Datos proporcionados por fuentes del Órgano Judicial así parecen comprobarlo:

En abril de 2008, para enmendar un error, el Juzgado Décimo Penal ordena la refoliación del expediente principal (acusación por peculado, contra Bolívar Pariente y otros), desde el Tomo 80, de 116 existentes hasta entonces. “Se prevé que una vez concluya la refoliación se remita en ampliación” a la fiscalía, señala el informe. Esto último no ocurrió. El 25 de junio de ese año el expediente queda a la espera de que el juzgado designe personal encargado de refoliar del Tomo 86 al 116. El proceso de refoliación culmina en febrero de 2009 y queda pendiente de remitir al Ministerio Público para que la fiscalía correspondiente continúe con la investigación y emita una vista.

El abril de ese año, una de las partes presenta un recurso de hecho que sube al Segundo Tribunal Superior de Justicia. Otro equipo legal presenta un incidente de nulidad en mayo.

A fin de año entran otros dos incidentes de nulidad y de modificaciones de medida cautelar.

En junio de 2010 el expediente sube al Segundo Tribunal. Han sido más de 20 recursos y muchos aún no han sido resueltos.

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