El botín legislativo

Fue tras un fallo de la Corte Suprema de Justicia, en julio de 2001, que parecía avalarlas, que la presidenta Mireya Moscoso decidió, a finales de ese año, eliminar las partidas circuitales, asignaciones de la entonces Asamblea Legislativa incluidas en el presupuesto general del Estado, que se le daban a cada uno de los legisladores para obras en sus respectivos circuitos electorales.

Si bien la Corte admitía que las partidas eran “constitucionales”, también decía que era el Órgano Ejecutivo el que tenía la potestad de incluirlas o no en el presupuesto.

Moscoso adujo como justificación de la medida, que este dinero se solía usar con fines políticos, más para garantizar la reelección de los legisladores que para ayudar a la comunidad.

El gobierno central asumió la ejecución de obras en las comunidades. Por supuesto que la medida fue criticada por los legisladores de entonces.

Eran unos $550 mil que le correspondían por partida circuital a cada uno de los 71 legisladores de esa época. Unos $38 millones en total.

De inmediato, la opositora bancada del Partido Revolucionario Democrático (PRD) se embarcó en una cruzada por la recuperación de esas partidas.

Empero, en octubre de 2002, el presidente de la Comisión de Presupuesto, el arnulfista Francisco Pancho Alemán, anunció que se elevaría una consulta a la Procuraduría sobre la viabilidad de “resucitarlas”, porque muchos legisladores insistían en que estas eran “necesarias”. Entre tanto, el perredista Carlos Titi Alvarado señalaba que sustentaría ante Moscoso la necesidad de reactivar las partidas.

El año siguiente, en plena campaña electoral, el candidato arnulfista José Miguel Alemán señaló que las partidas no resucitarían, porque el único que resucitó “fue Jesucristo”.

Sin embargo, fue el candidato del PRD Martín Torrijos el ganador de esos comicios en 2004.

En junio de ese año, en Farallón, durante un congreso de autoridades locales, Felipe Cano, del PRD, dijo que las partidas circuitales “se acabaron”, pues con el nuevo gobierno esa ayuda se enfocaría ahora en los gobiernos locales

Tres años más tarde, en 2007, los ahora diputados insistirían nuevamente en revivir las polémicas partidas, a través de una reforma del Reglamento Interno del Órgano Legislativo.

A finales de ese año, los concejales de la capital se quejaron de ese intento legislativo, a su juicio una intromisión en temas de los gobiernos locales.

La opinión pública tampoco favorecía las aspiraciones de los diputados. Según la encuesta de Dichter & Neira de octubre de 2007, el 70.6% de los encuestados no apoyaría tal reinstauración, frente a un 19.2% que dijo que sí lo haría. Solo un 10.2% no respondió.

En abril de 2008, con las elecciones del año siguiente a la vista, el Consejo de Gabinete aprobó $12.9 millones para las obras del Fondo de Inversión Social (FIS) y otros $4.5 millones para que la Asamblea contratara personal.

Ricardo Martinelli, presidente de Cambio Democrático (CD) y aspirante presidencial, dijo que esos fondos estaban destinados a apoyar a candidatos del PRD. “Son partidas circuitales encubiertas para que los diputados hagan proselitismo”, dijo.

En junio de ese año, el perredista Elías Castillo se unió al esfuerzo por revivir las partidas circuitales que impulsaba el presidente de la Asamblea Nacional, su copartidario Pedro Miguel González. Pero Castillo prefería que se restablecieran “después de las elecciones, para evitar suspicacias”.

Poco más de un año después, tras el triunfo de la alianza liderada por Cambio Democrático y arnulfistas, el intento de restablecer las partidas circuitales volvió a morir en el Legislativo. Esto, a través de una reforma del reglamento interno de ese órgano del Estado que, entre otras cosas, redujo el número de comisiones (de 22 a 15) y eliminó una subsecretaría.

En octubre de 2011, el diputado del Molirena Jorge Alberto Rosas denunció la existencia de una partida secreta de $40 millones dentro del Programa de Ayuda Nacional (PAN), para financiar las obras de los diputados oficialistas.

En los primeros seis meses de 2012, se reportó que el PAN había empezado a desarrollar proyectos por montos millonarios que no estaban contemplados en su presupuesto para 2012.

Y se trataba, en su mayoría, de obras para comunidades de los circuitos de algunos diputados que habían tomado la decisión de cambiarse para el oficialismo y que elevaron el presupuesto de la entidad a $140 millones.

En enero de 2013, tras la polémica desatada por el reparto de jamones navideños que hiciera el diputado del CD Sergio Chello Gálvez, la discusión por el uso de fondos, por parte de los miembros de la Asamblea, se encendió.

Salió a relucir que tan solo en el primer año de la administración Martinelli, los 41 diputados oficialistas habían recibido $82 millones en partidas “especiales”.

Diputados del opositor PRD admitieron que recibían “ayudas”, aunque a los opositores se les marginaba o se les “castigaba” según su postura en el Legislativo.

A mediados de este mes, el ministro de Economía y Finanzas, Frank De Lima, aceptó que los diputados seguían recibiendo dinero, porque “era una tradición política”.

Una herencia controvertida

Las partidas circuitales fueron creadas durante el llamado retorno a la democracia, cuando en la década de 1980 los militares permitieron que se celebraran, por primera vez en 16 años, elecciones generales. Fue justamente para las controvertidas elecciones de 1984, que dieron el triunfo al candidato del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Nicolás Ardito Barletta, cuando se aplicaron por primera vez.

Eran un mecanismo políticamente útil, pues le daba una presencia e influencia concreta al legislador en su circuito electoral, pero a la vez, tal como lo señalan alcaldes y representantes de corregimiento, usurpaban funciones más propias de los gobiernos locales. Aunque fue por algunas de estas razones que la presidenta Mireya Moscoso las eliminó en 2001, muchos diputados de las diversas formaciones políticas han defendido su utilización. Tanto en el gobierno como en la oposición hay voces –como la del perredista Pedro Miguel González y la del diputado de Cambio Democrático José Muñoz– que coinciden en la necesidad de hacer cambios constitucionales para que los diputados puedan desarrollar proyectos comunitarios.

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