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Una brújula para el caso de los pinchazos

Presentamos los posibles escenarios que se pudieran dar en este proceso. Desde la posibilidad de que se caiga el caso hasta una eventual condena.

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Ricardo Martinelli es procesado en la Corte Suprema de Justicia porque tenía la condición de diputado del Parlacen. Archivo Ricardo Martinelli es procesado en la Corte Suprema de Justicia porque tenía la condición de diputado del Parlacen. Archivo
Ricardo Martinelli es procesado en la Corte Suprema de Justicia porque tenía la condición de diputado del Parlacen. Archivo

Mientras el magistrado Jerónimo Mejía toma su tiempo para evaluar los argumentos y documentos presentados por la fiscalía, la querella autónoma y la defensa del expresidente Ricardo Martinelli en el caso de lo pinchazos, es importante tener claro la hoja de ruta de este proceso judicial.

Con fines didácticos, presentamos las posibles etapas de este proceso. Nuestro análisis, por supuesto, no llega a conclusiones sobre la culpabilidad o inocencia del imputado.

Primera estación: el despacho de Mejía

El magistrado Mejía, quien actúa como juez de garantías en este caso, tiene en sus manos la decisión sobre el futuro inmediato de este proceso. Puede decidir que no existen fundamentos suficientes para elevar este caso a juicio ante el pleno de la Corte, dado que los argumentos y cuestionamientos presentados por la defensa del expresidente habrían debilitado la acusación del magistrado fiscal Harry Díaz. Así, se dictaría un sobreseimiento liberando a Martinelli de toda responsabilidad penal.

Mejía también puede encontrar que sí existen fundamentos para llamar a juicio por los delitos que Díaz y la querella autónoma han señalado en sus presentaciones. En tal caso, Mejía le remitiría al pleno de la Corte todo el expediente para que sea este cuerpo colegiado el que decida los incidentes, recursos y solicitudes presentadas, y desarrolle la fase del juicio. De esta forma, Mejía concluiría su trabajo en el caso de los pinchazos.

Segunda estación: los recursos ante el pleno

Desde 2015 hasta la fecha, la defensa de Martinelli ha interpuesto más de una ventena de recursos que incluyen amparos de garantías constitucionales, acciones de inconstitucionalidad, habeas corpus y apelaciones a decisiones del magistrado Mejía que, por su naturaleza, deben ser conocidas por el pleno de la Corte.

La gran mayoría de estos recursos ya fueron decididos en contra del procesado. Sin embargo, todavía hay varios recursos activos y probablemente serán interpuestos otros nuevos por parte de la defensa, enfocados a tres objetivos distintos.

El primer objetivo es producir la nulidad de todo el caso. Basta un fallo favorable y se cerraría el caso de los pinchazos irremediablemente.

El segundo grupo de recursos busca que la Corte pierda la competencia sobre este caso, alegando que como Martinelli ya no es diputado del Parlamento Centroamericano, la Corte Suprema no mantiene la competencia. Si se decidiera favorablemente, el caso debería ser remitido al Ministerio Público para que se lleve adelante en la jurisdicción ordinaria.

El tercer grupo de recursos busca excluir pruebas o descalificar otros actos procesales efectuados por el magistrado fiscal o por la investigación previa a que el caso fuera admitido por la Corte. El efecto de decisiones favorables para estos recursos sería el de eliminar elementos de pruebas, lo que haría sumamente difícil comprobar que se cometió un ilícito.

Estos son la gran mayoría de los recursos que se han presentado en esta fase intermedia del caso de los pinchazos. Supóngase que el pleno de la Corte rechaza los recursos o que los que decida aceptar permiten llevar adelante el juicio, entonces la Corte le daría una nueva fase a este proceso: el juicio.

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Una brújula para el caso de los pinchazos

Tercera estación: el pleno de la Corte se transforma en Tribunal de Juicio

Superadas las etapas anteriores, el pleno de la Corte celebraría el juicio al expresidente de la República. Las audiencias estarían presididas por el magistrado Hernán de León, como presidente interino de la Corte.

En estas audiencias participarían 10 magistrados de la Corte. Por un lado, el magistrado fiscal Harry Díaz seguiría como fiscal de la causa, y se necesitaría que nueve magistrados conformaran el Tribunal.

De estos nueve magistrados, habría que excluir a Jerónimo Mejía, que no puede ser parte de esta fase del proceso, y al magistrado José Ayú Prado, quien está impedido de formar parte de este caso por haber sido identificado como posible “víctima” de las escuchas.

Durante las audiencias se verificará la presentación de pruebas que haya aceptado el magistrado Mejía o que admita la mayoría de los magistrados del pleno de la Corte que hayan conocido los recursos referentes a estas pruebas.

Los testimonios, peritajes y documentos serán debatidos por las partes, y los magistrados cuestionarán con total libertad a las partes, a los testigos y peritos.

Posterior a la presentación de las pruebas, se darán los alegatos de las partes y el acusado, al igual que las víctimas, y tendrán el derecho a ser escuchados. Una vez concluidas las audiencias, los magistrados que conforman el Tribunal de Juicio tendrán tres opciones: si no hay una mayoría calificada de seis, no podrá darse una condena en los delitos objetos de juicio.

También puede darse una mayoría calificada de seis o más magistrados, solo para algunos delitos. Si estos delitos no tuvieran una sanción superior a los 4 años de cárcel, el acusado podría solicitar la conversión de la pena en una sanción alternativa como los días-multa u otra similar.

Si la sanción supera los 5 años de cárcel, habría que restar el término de detención en Estados Unidos y en El Renacer, que actualmente es de 15 meses, y si el término restante es inferior a los 4 años, la pena podría ser reconvertida a una medida alternativa.

El último supuesto es que la mayoría calificada de los magistrados encuentre responsabilidad por todos los delitos y condene a los 21 años solicitados por la fiscalía.

Aunque este complejo asunto tiene una hoja de ruta extensa, esta pudiera enredarse más si, por ejemplo, la fiscalía o la querella interpusieran una advertencia de inconstitucionalidad contra el artículo 495 del Código Procesal Penal, que establece la exigencia de una mayoría calificada de seis magistrados para emitir una sentencia condenatoria en este tipo de casos.

Además, es probable que un resultado negativo para la defensa sea apelado ante el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos, en el cual posiblemente serían utilizadas como prueba las publicaciones sobre el abogado Rogelio Saltarín para “demostrar” que el debido proceso estaba viciado por la supuesta injerencia del Órgano Ejecutivo y del Consejo de Seguridad Nacional.

Por cierto, una vez decidido el caso de los pinchazos por la Corte, entran en vigor todas las consideraciones sobre el principio de especialidad referente a los otros procesos pendientes. En otras palabras, como diría el célebre cácher de los Yankees Yogi Berra, “el juego no se acaba hasta que se acaba”.

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