CUESTIONAN TRANSPARENCIA DE LA ANAM

Una ´burda e inaudita´ contratación para Coiba

La eliminación de reses y búfalos de Coiba fue un contrato que hizo la Anam sin cumplir la ley vigente de contrataciones públicas.

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La isla de Coiba tiene una extensión de 270 mil 125 hectáreas, en la provincia de Veraguas. Luego del cierre del penal en 2004, las reses, caballos y búfalos escaparon de sus rediles y perjudican este patrimonio de la humanidad. LA PRENSA/Archivo. La isla de Coiba tiene una extensión de 270 mil 125 hectáreas, en la provincia de Veraguas. Luego del cierre del penal en 2004, las reses, caballos y búfalos escaparon de sus rediles y perjudican este patrimonio de la humanidad. LA PRENSA/Archivo.
La isla de Coiba tiene una extensión de 270 mil 125 hectáreas, en la provincia de Veraguas. Luego del cierre del penal en 2004, las reses, caballos y búfalos escaparon de sus rediles y perjudican este patrimonio de la humanidad. LA PRENSA/Archivo.

Como una “burla” a las normas de contratación pública, un proceso “indignante”, e “inaudito” fue calificado por juristas la contratación de la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) para remover in situ semovientes de Coiba.

Se trata de un contrato para eliminar el ganado que alimentó a los reos de la colonia penal, creada en 1912. Desde 2004, cuando se clausuró, los animales quedaron asilvestrados y han puesto en riesgo la categoría de Patrimonio de la Humanidad de la isla, otorgada por la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura (Unesco).

El contrato –a un costo de 997 mil dólares, a cargo de la Asociación de Ganaderos Veragüenses o de Anagan, capítulo de Veraguas– no fue licitado en el portal PanamáCompra, tal como exige la Ley 22 de 2006 de Contrataciones Públicas.

El acto no tenía número de convocatoria, resolución de adjudicación ni constancia del proceso evaluador. Y todo parece indicar que la Anam conocía el ganador tres meses antes del concurso: la Asociación Nacional de Ganaderos (Anagan).

atípico proceso

Aunque la Anam lo describe como una “licitación”, el acto incumplió sus requisitos. La convocatoria fue de solo tres días, mediante anuncios pagados el 2, 3 y 4 de enero de 2014 en el Panamá América, lo que contraviene la ley, que señala que si el bien o servicio a contratar excede los $175 mil, su convocatoria debe publicarse “40 días calendario” en panamacompra.gob.pa.

La publicación podría haber sido de un plazo inferior, pero “en ningún caso será menor a cinco días hábiles”, y solo se puede convocar por una “urgencia debidamente acreditada” mediante resolución divulgada en el portal, lo que tampoco hizo la Anam.

Mucho menos lo aprobó el Consejo Económico Nacional, como exige la ley en casos de contrataciones por procedimiento excepcional para montos de entre 300 mil y 3 millones de dólares.

Ante estos cuestionamientos, la Anam respondió a este diario que la contratación se desarrolló “a través del Corredor Biológico Mesoamericano del Atlántico panameño, financiado por el Banco Mundial (BM)”, y que la citada ley señala que cuando se trate de fondos de organismos internacionales “se aplicará esta ley en forma supletoria”. Y cuando son recursos internacionales, agregó la Anam, se “impide” su publicación en PanamáCompra.

La explicación contradice el propio actuar de la Anam, que licitó en PanamáCompra consultorías para el Corredor Biológico Mesoamericano, financiadas con fondos del BM.

Este es un proyecto de la Anam para salvaguardar 14 zonas protegidas del Corredor Biológico Mesoamericano del Atlántico panameño, en cuya lista no está incluida la isla de Coiba, ubicada en las costas del Pacífico.

Por esta misma razón, el BM advirtió –tras consulta que le hizo este medio– que “no se han usado ni se usarán fondos del BM para esta actividad [eliminar los semovientes] en la isla de Coiba”.

Minutos después de recibir la respuesta del BM, este diario recibió una llamada de la Anam para ofrecer algo inusual: una entrevista. En ella, su versión sobre el origen de los fondos para pagar el desalojo de los semovientes en Coiba, cambió. Abraham Herrera, director de Planificación de la institución, informó que el contrato se financiaría con el Fondo de Vida Silvestre de la Anam.

Fue una “confusión” dijo Cintia Murgas, jefa de Información Presupuestaria de la Anam, porque los fondos son de la institución, aunque la contratación se efectuó –inexplicablemente– a través del proyecto Corredor Biológico, indicó la funcionaria.

Pero las contradicciones en las versiones ofrecidas por la Anam a este diario, lejos de aclararse, se acenturaron, ya que el proceso para convocar licitaciones con el proyecto del Corredor se incumplió.

Herrera dijo que la Anam hizo la convocatoria de esta “licitación” en la página web de la institución y “era suficiente”. Según el informe de evaluación de las propuestas, el concurso se anunció en la página web de la entidad el 11 de enero de este año, es decir, solo se publicó un día.

Ello supone una irregularidad, ya que la Ley de Contratación Pública señala que “los avisos se publicarán obligatoriamente” en el portal PanamáCompra –no en la página web de la institución– y solo en caso de una situación “debidamente comprobada” que lo impida, se hará “en un diario de circulación nacional en días distintos” y permanecerán expuestos durante el mismo plazo en lugares para tal fin en la entidad licitante.

Lo inexplicable

Al preguntarle por esa situación “debidamente comprobada” que impidió usar el portal PanamáCompra, Álvaro Chevalier, analista de programas de la Anam, alegó que era “para que Unesco vea que se hicieron gestiones”, por la “premura del trabajo” y para que Coiba no perdiera su categoría de Patrimonio de la Humanidad.

Al solicitar el sustento formal para tomar esta decisión, la Anam dijo que “no aplica”. “La Anam... trasladó la partida hacia el programa del Corredor Biológico... lo cual fue autorizado y refrendado por las instancias debidas... una vez los recursos fueron transferidos... le permite emplear de manera supletoria esta ley y utilizar las normas y procedimientos del Banco Mundial establecidos en el convenio de préstamo...”.

Pero, ¿por qué usan fondos de Anam en el Corredor Biológico cuando Coiba no integra ese proyecto?

La pregunta desconcertó a Herrera, a tal punto que enmudeció. Sus acompañantes intervinieron: “La ejecución presupuestaria es flexible”, dijo Murgas. Seguidamente Herrera retomó la palabra y dijo que el tiempo de Panamá ante Unesco “no da para hacer un proceso así [bajo la ley], recurrimos a un proceso ágil, rápido y transparente”.

Un silencio más largo se produjo cuando se les preguntó por qué no se siguió el proceso de licitación del Corredor Biológico, si la hicieron a través de este programa.

Para Harley James Mitchell, exdirector de asesoría legal de la Anam, la entidad “debe explicar la selectividad” con la que realizó “este extraño acto público, mientras que otros sí pasan por PanamáCompra”, diseñada para unificar procesos y evitar corrupción. En este caso –dijo– se hizo “lo imposible para desvirtuar estos principios”.

El Corredor Biológico tiene autonomía para licitar proyectos y se creó para evitar confusiones entre las inversiones de este proyecto y los gastos de Anam. “No es para sortear el proceso de PanamáCompra”, salvo que sea una compra directa, aclaró.

MÁS INCONGRUENCIAS

En los términos de referencia que preparó la Anam, se estableció como “monto del proyecto” la suma de 997 mil 442 dólares, cantidad similar a la propuesta ganadora. Pero luego los términos de referencia finales cambiaron y no se indicó el precio aproximado del servicio.

El pasado 27 de enero se seleccionó al ganador, pero desde octubre de 2013, la Anam sabía a quién le adjudicaría el contrato y el monto estimado (ver facsímil).

“Fue un perfil de propuesta presentado por iniciativa de esta asociación [Anagan]... brindando asesoría a esta institución como garante de la política ganadera del país...”, se defendió la Anam.

Manuel Castillo, de la Asociación de Ganaderos Veragüenses, enfatizó que ofrecieron sus servicios tras ver un anuncio en el periódico. La oferta de Castillo está fechada en diciembre de 2013, pero la convocatoria fue el mes siguiente. Según él, venían dándole seguimiento al tema desde 2010 y antes se había dado un precio de referencia.

“No lo estamos haciendo como un negocio”, sino para evitar que trasladen los animales a tierra firme y contaminen sus hatos.

Los términos de referencia tampoco fueron claros en los documentos facilitados por la Anam. Estos dicen que el contrato debe ejecutarse en cuatro meses, pero en el aviso de periódico se establece un plazo de siete meses.

Se estableció un precio sin tener la certeza de cuántos animales hay que eliminar. Los términos de referencia indican que son 2 mil 500 reses, basado en el plan de manejo de Coiba de 2009. Pero informes técnicos de giras de la Anam de 2011 y 2012 detallan que hay menos: entre mil y mil 500 semovientes, porque agentes del Servicio Aeronaval les disparaban desde el aire.

“El precio no se hace por la cantidad de animales sacrificados, no es una ecuación matemática”, aseguró Herrera. Y a pesar de que la adjudicación era por casi un millón de dólares, no había un cronograma de trabajo. Según Herrera, el primer pago del 20% del contrato estaba condicionado a la presentación del cronograma y el plan de trabajo.

Para Mitchell, la contratación fue “una cosa burda, indignante e inaudita, una burla”, en tanto que el abogado en temas ambientalistas Félix Wing lo resumió en una palabra: “horrible”.

“No hay urgencia evidente”, la Anam lleva conversando de estas reses desde inicios de esta administración, resaltó Wing. La urgencia debió declararse mediante resolución en PanamáCompra y aún así se debe cumplir una serie de trámites que “no parecen haberse cumplido” .

Pero después de adjudicado el servicio, la Anam lo rescindió: “Nos han solicitado la cancelación del contrato en virtud de que el tiempo de ejecución sobrepasa la vida jurídica del ente administrador del fondo” del Corredor Biológico. Pero esta versión no es la única que dio la Anam para terminar el contrato.

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