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LA CRISIS QUE AMENAZA LA ESTABILIDAD REGIONAL

Se calienta el Caribe

En el principio era la anarquía. En eso están todos de acuerdo. La anarquía, entendida como la ausencia de un gobierno mundial, es la característica definitoria del sistema internacional y el punto de partida del estudio de las relaciones entre Estados. “La política internacional –escribió Hans Morgenthau– es una lucha por el poder, universal en tiempo y espacio”.

Morgenthau –representante de la tradición realista, que se remonta hasta el mismísimo Tucídides (400 a. C.)– murió en 1980, pero seguro habría sonreído el 28 de noviembre pasado, cuando Colombia anunció su salida del Pacto de Bogotá. Mediante el pacto, Colombia se comprometía a resolver sus conflictos internacionales a través de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en disconformidad con un fallo de dicha Corte sobre una disputa territorial con Nicaragua. La decisión colombiana aviva el debate que atraviesa el corazón de las relaciones internacionales, pues la CIJ –y la ONU, a la que pertenece– encarna la idea opuesta: para el liberalismo, es posible lograr una paz permanente entre Estados a través de instituciones supranacionales que promuevan, como sugirió Immanuel Kant, el desarme, el libre comercio y una federación mundial. “Los límites no deben quedar en manos de una Corte”, afirmó el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, para regocijo del realismo internacional.

Nicaragua y la CIJ

Pocos conflictos pueden hacer a los Estados renegar de sus vocaciones ideológicas como aquellos relacionados con tierra y fronteras. Y en ese sentido, a Colombia le ha tocado un hueso duro de roer. Solo en los últimos años, Nicaragua ha acudido a la CIJ en tres ocasiones –contra Honduras (1999), Colombia (2001) y Costa Rica (2011)– para resolver disputas fronterizas. De los tres casos, solo el hondureño fue resuelto sin mayores problemas, en 2007. Los otros dos se complican cada vez más, a medida que, como escribió Tim Rogers en Americas Quarterly, “pasan de las civilizadas salas de justicia al ámbito desordenado de la política y la opinión pública”.

Los pleitos nicaragüenses con nuestros dos vecinos se refuerzan mutuamente. Los problemas entre San José y Managua comienzan en el río San Juan, siguen en las aguas territoriales en ambas costas y terminan en la provincia costarricense de Guanacaste. Los ticos se quejan de que Nicaragua ocupa militarmente un territorio adyacente al río que ellos llaman “isla Portillos” –ignorando las órdenes de la CIJ–, adjudican concesiones petroleras en aguas disputadas y reclaman abiertamente a Guanacaste como suya. “Todo eso –declaró al diario El Espectador el canciller costarricense Enrique Castillo– es parte de una política del mal vecino que lleva a cabo Nicaragua desde hace tiempo contra Costa Rica, y parte de su política expansionista”.

La actitud nica para con su vecino del sur es quizá el principal motivo de preocupación para Colombia. Tras décadas de disputas y alegatos, en 2001, Managua llevó a la CIJ el caso de la soberanía sobre ciertas islas –el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina– y cayos pertenecientes a Colombia y los límites marítimos entre ambos países. Tras 11 años de consideración, la Corte dio un fallo definitivo el 12 de noviembre pasado. La decisión fue salomónica: la Corte decidió que Colombia retendría las islas –había fallado al respecto en 2007– pero Nicaragua obtendría sus 200 millas náuticas –el estándar internacional– de mar territorial. Hasta ese momento, el meridiano 82 –fijado arbitrariamente por Bogotá– había impedido la proyección hacia el Caribe del 75% de la costa nicaragüense. En términos prácticos, el fallo significó una transferencia de entre 75 mil –según Colombia– y 90 mil –según Nicaragua– kilómetros cuadrados de mar de un país al otro.

Reacción colombiana

Colombia, ya se sabe, rechazó el fallo y se retiró de la Corte. La decisión, sin embargo, no es retroactiva, por lo que el acatamiento del fallo es obligatorio. Ante esto, las reacciones han sido mixtas. A lo interno, la pérdida de territorio –aunque sea marítimo– ha revivido los fantasmas de Panamá, aún presentes en la psique del país vecino. Y a pesar de que cinco expresidentes –de Belisario Betancur a Álvaro Uribe– tendrán que rendir cuentas sobre “la estrategia de defensa de la Nación”, hay un temor palpable de que el tema sea utilizado políticamente de cara a las elecciones de mayo próximo.

A lo externo, la reacción colombiana ha sido más sofisticada. A pesar de su nueva inclinación realista, Bogotá sabe que el uso de la fuerza no es una opción en el Caribe, el lago estadounidense que es la base del poder de la única potencia global. Además, sabe que las afinidades ideológicas entre Managua, Cuba y Venezuela pueden afectar las negociaciones de paz con las FARC. Por ende, el rechazo inicial ha dado paso a una estrategia diplomática que involucra algo de contorsionismo retórico –la “inaplicabilidad” del fallo y la supuesta contradicción a la Constitución– y la existencia de varios temas sin resolver –como la biosfera Seaflower– para poder sentarse a negociar directamente con Managua. “El sapo [que se tienen que tragar] no se va a convertir en pollo, pero puede saber a pollo”, decía un editorial reciente del diario El Espectador.

Además, Bogotá ha llamado la atención sobre el hecho de que las aguas en cuestión, por las que pasan algunas de las rutas más importantes del narcotráfico en dirección a Estados Unidos (ver mapa), van a dejar de ser patrulladas por una de las Armadas más grandes de Latinoamérica para ser controladas por una pobremente equipada y sin presupuesto. En términos concretos, el gasto militar nicaragüense no llega al 1% del ídem colombiano, que es a su vez superior a todo el PIB del país centroamericano. Aun así, Nicaragua ha adquirido recientemente unas seis naves de fabricación rusa, armadas con misiles, para uso en el Caribe.

El ´expansionismo´ nica

Irónicamente, Managua parece dispuesta a ayudar a Bogotá. En sus disputas con Colombia, Nicaragua vuelve a exhibir la actitud de la que tanto se quejan los ticos. Si bien al principio el presidente Daniel Ortega tendió la mano a Bogotá, en las últimas semanas ha ido pisando el acelerador de lo que ya se ha bautizado como su propio “expansionismo”.

Hace tres meses, Nicaragua envió información de su plataforma continental a la ONU para sustentar su reclamo de 350 millas náuticas de mar territorial. Recientemente, comenzó a adjudicar bloques petroleros –concretamente los bloques Tyra e Isabel, a la compañía Noble Energy– en aguas disputadas. Y solo hace dos días, el país centroamericano volvió a demandar a Colombia ante la CIJ, pidiendo a la Corte que declare “el rumbo exacto” de las fronteras marítimas entre ambos países, más allá de lo establecido en el fallo de noviembre.

Las nuevas ambiciones nicaragüenses han inflamado los ánimos en Colombia, que además de subir la retórica ya considera contrademandar a Managua –sobre la costa de Mosquitos– en la CIJ.

A pesar de que en su demanda de plataforma continental asegura que “no hay controversias sin resolver” con otros Estados, Nicaragua ha logrado crear una coalición de países –Costa Rica, Jamaica y Panamá– que ve con preocupación la actitud impredecible del gobierno de Daniel Ortega.

Entra Panamá

El caso de nuestro país es especialmente significativo. Por un lado, la proyección de la línea de 350 millas náuticas que reclama Managua entraría en aguas panameñas. Por el otro, el país centroamericano no ha expresado ningún reclamo sobre aguas que afecten directamente a Panamá (ver mapa). En este sentido, los mensajes del Gobierno han sido contradictorios: mientras que el presidente, Ricardo Martinelli, ha hablado de “pelear” ante la intención nicaragüense de “coger” aguas panameñas, la Cancillería ha aclarado que las pretensiones de Managua “podrían” incidir sobre los intereses panameños. En ese sentido, el canciller Fernando Núñez Fábrega declaró el lunes que el tema era “sumamente técnico” y que se requerían mediciones geodésicas.

El próximo domingo, Núñez Fábrega y Martinelli viajarán a la ONU, donde sostendrán una reunión “especial” con su secretario general, Ban Ki-moon, en la que “es posible” que se trate ese tema.

La posición panameña obedece a motivos muy claros. Para empezar, el fallo de noviembre acarrea una futura negociación con Nicaragua por límites marítimos. (En este sentido, varios analistas señalan que la reacción del Gobierno ha sido muy lenta). Panamá, ya sea al estilo del Presidente o del canciller, intenta dejar claro desde ya que no está dispuesto a ceder “ni un pedacito”. Luego está el tema de las rutas marítimas: las aguas en cuestión se encuentran en una línea recta entre el golfo de México –donde se ubica New Orleans, el puerto más estratégico de EU– y el Canal de Panamá. La actitud nicaragüense, y sus conocidas ambiciones de construir un canal, causan una inquietud comprensible en nuestro país.

Y finalmente, Panamá busca reforzar a sus aliados, Costa Rica y Colombia. Con este último, especialmente, estamos a punto de firmar un TLC. En una entrevista reciente, el Presidente panameño dio a entender que su homólogo colombiano habría condicionado la firma del tratado al apoyo de la posición colombiana. Dicho apoyo debía concretarse en la firma por parte de Martinelli de una carta que entregará el propio Santos –y que incluirá las firmas de sus homólogos de Costa Rica y Jamaica– al secretario Ban en la próxima Asamblea General de la ONU.

Es difícil saber dónde terminará todo esto. Lo que comenzó como una disputa histórica, amenaza ahora con convertirse en una crisis que podría amenazar la estabilidad del Caribe. Porque por lo pronto sabemos que Colombia –que sí tiene la fuerza para imponer sus intereses– no permitirá más pérdidas territoriales ni tolerará más agresividad nicaragüense. Podemos esperar, también, que un aumento de la actividad ilícita en las aguas ahora nicaragüenses –que, por lo pronto, aún patrulla la Armada colombiana– pueda traducirse en una (aún) mayor presencia estadounidense en el Caribe, abriendo todo tipo de posibilidades y riesgos. Y para las relaciones internacionales, Nicaragua y Colombia se suman a la larga lista de países dispuestos a deshacerse de sus ideales internacionalistas por sus intereses nacionales. Esperemos que, al contrario de otros casos –Cachemira, o los territorios palestinos–, los entusiasmos realistas de uno y otro no acarreen el sufrimiento de sus poblaciones. La anarquía fue el principio. No tiene por qué ser también el final.

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