fallo de la corte suprema de justicia

Dos cargos: dinero y poder

Sectores del país cuestionan que se permita que candidatos puedan ejercer todos los cargos para los que hayan sido elegidos.

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LA PRENSA/Archivo. LA PRENSA/Archivo.
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Constitucionalistas, exmagistrados y dirigentes de gremios de abogados reclamaron una revisión del fallo de la Corte Suprema de Justicia, de 2010, que declaró inconstitucional un artículo de un decreto del Tribunal Electoral (TE) que señalaba que si un candidato resultaba ganador en más de un cargo de elección popular, debería optar solo por uno de ellos.

De la mano del abogado Alejandro Pérez, en representación de Luis Eduardo Camacho, actual secretario de Comunicación del Estado, se demandó el artículo 7 del Decreto No. 16 del 4 de septiembre de 2008 expedido por el TE que señalaba: “Si el candidato resulta ganador en más de un cargo de elección, deberá optar por uno de ellos, dentro de los 10 días ordinarios siguientes a la última proclamación. De no hacerlo, se entenderá que opta por el de mayor representación y el Tribunal Electoral entregará la credencial correspondiente. En los casos que prevé este artículo, el cargo rechazado será adjudicado por el Tribunal Electoral, al suplente correspondiente”.

Bajo la ponencia del magistrado Alejandro Moncada Luna, un exmilitante de Cambio Democrático (CD), se declara inconstitucional el referido artículo 7 del decreto expedido por el TE.

“El pleno estima que la norma cuya inconstitucionalidad ha sido demandada, vulnera la voluntad política del electorado, quien tiene el deber y derecho de elegir a una persona para determinados cargos políticos”, señaló el fallo de la Corte Suprema.

El procurador de la Administración, Oscar Ceville, en una vista fiscal emitida antes del fallo, indicó que el artículo del decreto del TE no era inconstitucional porque hacía valer el artículo 303 de la Constitución que prohíbe el ejercicio de manera simultánea de dos cargos y percibir remuneración proveniente del erario público.

Los beneficiados

Con la vigencia del fallo de la Corte Suprema, en los pasados comicios salieron seis candidatos que tendrán dos puestos públicos y serán remunerados con fondos del erario público.

Sergio Gálvez, postulado por CD, obtuvo una curul en el circuito 8-7 y además ganó como representante de El Chorrillo, y José Muñoz, de CD, logró una curul en el 8-9 y será el concejal de Tocumen.

Mientras que Omar Castillo, de CD, salió electo diputado en el 2-1 Penonomé (está impugnado) y además será diputado al Parlamento Centroamericano (Parlacen); y Carlos Pérez Herrera, postulado por el Partido Revolucionario Democrático (PRD), obtuvo la representación por el corregimiento de San Francisco y también una curul en el Parlacen.

Bredio Cedeño, del PRD, ganó la Alcaldía de Guararé (Los Santos) y también será concejal por el corregimiento de La Pasera en ese distrito; y Lilia Batista de Guerra, postulada por CD, ganó la Alcaldía de La Chorrera y la junta comunal de Playa Leona, en ese distrito. Por ambos puestos ha sido impugnada por supuesto uso de recursos estatales en su campaña.

Disparate político

El exmagistrado del TE Guillermo Márquez Amado calificó de “desastre y disparate político” este fallo de la Corte Suprema.

“Es un disparate porque con esta disposición un ciudadano podría ser Presidente de la República, diputado, alcalde y representante... sería un supermán que puede ejercer desde Presidente hasta representante”, expresó Márquez Amado.

Denunció que este fallo no fue dado en función del interés de la sociedad, sino para beneficiar a personas de dudosa reputación. “Eso en ciencias políticas es una barbaridad”, sostuvo.

Indicó que hay que revisar esa decisión de la Corte Suprema. “Debe aprobarse una ley o una norma constitucional que claramente diga que ningún diputado podrá ejercer dos cargos, y de llegar a hacerlo perdería su condición de diputado”, señaló.

Márquez Amado aboga porque en las reformas constitucionales se establezca que el TE sea el garante de las normas constitucionales en materia electoral.

Destacó que el fondo de ese fallo fue muy sospechoso, porque los diputados que lograron dos cargos fueron los más beneficiados con el manejo de partidas y de entrega de fondos por juntas comunales.

La jugada millonaria

Este último punto que expone Márquez Amado lo destacó también el constitucionalista Ítalo Antinori, quien durante una entrevista en Telemetro aseguró que los diputados electos también como representantes obtuvieron, a través de las juntas comunales, la potestad de tener cuenta bancaria y recibir fondos del Programa de Ayuda Nacional (PAN) y de otras entidades.

Denunció que con el fallo de la Corte Suprema que tumbó una disposición del TE, se abrió el conducto para que estos diputados manejaran dinero líquido y bienes estatales en la pasada campaña electoral.

Al declararse inconstitucional el decreto del TE se conoce que el fallo era para beneficiar a diputados oficialistas con el manejo de fondos públicos, dijo.

Hay que recordar que en 2012, el diputado Sergio Gálvez pagó con dinero de la junta comunal de El Chorrillo $675 mil para la compra de 30 mil jamones que regaló a sus electores en el 8-7. En tanto, el diputado José Muñoz, también electo como concejal, manejó cifras millonarias a través de las juntas comunales de Mañanitas y Tocumen.

Además, diputados oficialistas y de oposición utilizaron en época electoral, al menos, 100 millones de dólares que el gobierno de Ricardo Martinelli les transfirió por diversas vías, como juntas comunales y municipios.

La junta comunal de Playa Leona, dirigida por Lilia Batista de Guerra, elegida también como alcaldesa de La Chorrera, administró $6 millones entre 2013 y 2014 de partidas asignadas a cinco diputados de diferentes circuitos electorales.

Reforma a constitución

El presidente del Colegio Nacional de Abogados, José Alberto Álvarez, aboga porque en las próximas reformas constitucionales se disponga un artículo en el que se prohíba “la sinvergüenzura” de los diputados de tener dos cargos o más.

licencias con sueldo

Carlos Vásquez, presidente de la Academia Panameña de Derecho Administrativo, destacó que otra disposición que debe ser analizada es la de candidatos que ocupan puestos en el Gobierno y que son beneficiados mediante ley con una licencia con sueldo durante el período que ejercen el cargo para el que fueron elegidos.

El diputado Gálvez solicitó en 2011 que se investigara al entonces representante del corregimiento de Río Abajo, Javier Ortega, porque mantenía desde 1999 una licencia con sueldo en la Dirección Municipal de Aseo Urbano y Domiciliario. Ortega salió elegido, en los pasados comicios, diputado del circuito 8-8. (Con información de Carlos Vargas).

 ´Mini bancada´ de los Vallarino

El exembajador de Panamá ante la Organización de Estados Américanos y exvicepresidente, Arturo Vallarino, aseguró –días antes de las elecciones de mayo pasado– que su familia contaría con una “bancadita” en la Asamblea Nacional luego de los comicios.

Y acertó en su pronóstico. Su nuera, Ana Giselle Rosas de Vallarino, obtuvo una curul en el circuito 4-6 (Tolé, San Lorenzo, Remedios y San Félix). Pero Rosas de Vallarino fue impugnada por supuesto uso de recursos estatales en su campaña.

Héctor Aparicio, cuñado del exembajador, ganó una curul en el 9-2 (La Mesa, Soná y Las Palmas de Veraguas). Este es el cuarto período de Aparicio como diputado.

En el 8-1 (Arraiján) Marylín Vallarino, hermana del exvicepresidente, ganó una curul. La diputada tiene como suplente a su esposo, Agustín Sellhorn.

Partidas circuitales continuarían

Las conversaciones para un acuerdo legislativo “por la gobernabilidad del país”, entre el Partido Panameñista y el Partido Revolucionario Democrático (PRD), no han incluido discutir la eliminación de las partidas a los diputados de la Asamblea Nacional, afirmó el diputado del PRD Leandro Ávila.

Las comisiones de ambos partidos ya se han reunido en cuatro ocasiones y, según Ávila, el tema de la asignación de partidas a los diputados no se ha tratado en estos encuentros. “La asignación de partidas será una decisión que deberán tomar las nuevas autoridades, pero yo soy de los que planteo que se pueden eliminar, pero necesitamos de instituciones que vayan a trabajar a las comunidades y a resolver sus problemas, y que los recursos no se pierdan en sobrecostos en el gobierno central”, expresó.

PROPUESTA

En tal sentido, el diputado del Partido Panameñista Luis Barría, quien forma parte del equipo negociador de un acuerdo con el PRD, sostuvo que propondría que la Asamblea maneje su propio presupuesto, y que a través de este puedan entonces hacerse las obras comunitarias para que no se dé la distorsión que se ha dado de que el Ejecutivo utiliza fondos para ponerlos a disposición de los diputados del país. 

Barría, en entrevista en el programa “Radar” de TVN, precisó que en el análisis del presupuesto general del Estado la Asamblea Nacional debe tener los mecanismos para que los diputados puedan introducir partidas para obras comunitarias. Para mañana se espera que diputados de ambos partidos se reúnan nuevamente con el fin de concretar el acuerdo legislativo, el cual se ha retrasado porque no se ha definido qué partido presidirá la Asamblea a partir del 1 de julio.

Gustavo A. Aparicio O.

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