administración de justicia

La carrera judicial, fuera del presupuesto 2019 de la CSJ

Datos del Órgano Judicial revelan que un 15% de los servidores está en la carrera judicial, la cual está vigente, por ley, desde 2015, pero que a la fecha no se ha implementado.

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Hernán De León sustentó el presupuesto 2019 ante la Asamblea el pasado 26 de septiembre. Archivo- Hernán De León sustentó el presupuesto 2019 ante la Asamblea el pasado 26 de septiembre. Archivo-
Hernán De León sustentó el presupuesto 2019 ante la Asamblea el pasado 26 de septiembre. Archivo-

El presupuesto (recortado) del Órgano Judicial para 2019 no incluye fondos para implementar la carrera judicial, a pesar de que esta es una ley de la República vigente desde agosto de 2015.

El magistrado presidente (interino) de la Corte Suprema, Hernán De León, pidió durante la sustentación del presupuesto del Órgano Judicial para 2019 ante el Legislativo que se incluyan $12.1 millones para la carrera judicial que le fueron recortados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El magistrado Abel Zamorano, quien acompañó a De León a la Asamblea Nacional, destacó que el presupuesto asignado para 2019 no alcanza para cubrir las necesidades reales de la institución, como es la implementación de la carrera judicial, así como de otras jurisdicciones como la de Familia.

El Órgano Judicial pidió al MEF un presupuesto total de $325 millones, pero el MEF recomendó $176 millones. La Asamblea devolvió el presupuesto al MEF.

Sectores de la sociedad civil advierten que la ausencia de la carrera judicial incide en la crisis en la administración de justicia.

‘10 años perdidos en materia de mejoramiento de la justicia’

El nombramiento de jueces sin concurso previo -por la falta de la implementación de la carrera judicial- es un elemento clave en la situación actual que enfrenta la administración de justicia y que se traduce en fallos que propician la impunidad.

Así lo plantean sectores de la sociedad civil organizada, frente a las críticas por fallos que han dictado jueces de circuito y de garantías del sistema penal acusatorio (SPA).

“Vamos a tener 10 años perdidos en materia de reformas y mejoramiento de administración de justicia”, advierte Magaly Castillo, secretaria ejecutiva de Alianza Ciudadana Pro Justicia.

Magaly Castillo. Expandir Imagen
Magaly Castillo.

“En el SPA hay entre 600 a 900 personas nombradas que no entraron por concurso, de acuerdo con la ley de carrera judicial”.

Magaly Castillo Alianza Ciudadana Pro Justicia

 

“Es inaceptable que desde el año 2005 que se creó el Pacto de Estado por la Justicia, se suspendieron los concursos de carrera. Estamos hablando de casi 13 años o más que en este país no se ha dado concurso de carrera de acuerdo con la ley”.

Señala que el Órgano Judicial “ha hecho sus concursos a su manera. Por ejemplo, en el sistema penal acusatorio hay entre 600 a 900 personas nombradas que no entraron por concurso, de acuerdo con la ley de carrera judicial”.

Si no hay concurso de carrera, los jueces del sistema son interinos y no tienen estabilidad en sus cargos. “Muchos de ellos fueron nombrados por amiguismo. No digo que todos, porque hay gente preparada”, advirtió.

Cifras del Órgano Judicial revelan que de los 5 mil 304 funcionarios que hay en el sistema, tan solo 770 son de carrera. El resto -es decir, 4 mil 535- son interinos.

La carrera judicial fue regulada mediante la Ley 53 del 27 de agosto de 2015.

“¿Cómo puede haber garantía de independencia en un país donde no hay carrera judicial, donde los jueces de la administración de justicia son interinos en sus cargos?”, sostuvo Castillo.

“Y si no hay garantía de independencia, estamos en una situación de inseguridad jurídica”, agregó.

En algunos casos, estos jueces interinos deciden casos en los que hay lesiones millonarias contra el Estado, y dictan fallos que -según Castillo- propician la corrupción y la impunidad.

Recientemente, los fiscales anticorrupción se quejaron ante el presidente (interino) de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Hernán De León, de un fallo que dictó la juez decimoquinta encargada, Dalys Sánchez, que de un plumazo anuló el proceso seguido al exministro de Economía y Finanzas Frank De Lima, por la compra irregular de granos con fondos del Programa de Ayuda Nacional (PAN). La Contraloría determinó que hubo una lesión patrimonial por $12.2 millones.

También hubo repudio ciudadano por el fallo de una jueza de garantías que dejó en libertad a un sujeto que fue aprehendido por la propia dueña de un apartamento en Bella Vista al que ingresó a robar.

Tribunal de ética

Olga De Obaldía, directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana (capítulo panameño de Transparencia Internacional), apunta a la falta de transparencia y de vigilancia de la ética entre los operadores de justicia.

‘10 años perdidos en materia de mejoramiento de la justicia’ Expandir Imagen
‘10 años perdidos en materia de mejoramiento de la justicia’

“En este momento no existen procesos disciplinarios y éticos en el Órgano Judicial y eso es otra cosa que es muy escandalosa”.

Olga De Obaldía Transparencia Internacional

“Sin la carrera judicial no se va a poder crear el Tribunal de Integridad y Transparencia, y sin eso no hay manera de que la misma institución pueda gestionar los problemas que están teniendo”, señaló.

De Obaldía apela a la instalación del Tribunal de Integridad y Transparencia, también contemplado en la Ley 53 de 2015. “En este momento no existen procesos disciplinarios y éticos en el Órgano Judicial y eso es otra cosa que es escandalosa”, sostuvo.

El Órgano Judicial calcula que requiere $2.3 millones para implementar el referido tribunal, con jurisdicción y competencia en todo el territorio, e integrado por tres magistrados seleccionados por concurso.

“Tenemos una ley que se está violando, y el otro problema que tenemos es que los propios magistrados de la Corte Suprema están violando la Constitución y la ley”, recalcó De Obaldía.

“Si no tienen cómo implementar eso que es parte de lo que estamos esperando dentro del compromiso del Pacto de Estado por la Justicia, no va a haber una mejora sustancial”, advirtió.

De Obaldía también atribuye alguna responsabilidad al Órgano Ejecutivo. El gobierno de Juan Carlos Varela -que sancionó la Ley 53 de 2015- se jacta de tener una lucha frontal contra la corrupción, pero no han promovido las leyes que crearían un entorno jurídico que permita mejorar la transparencia y el fortalecimiento del sistema judicial.

Tanto De Obaldía como Castillo reconocen que la falta de presupuesto es un problema a la hora de implementar la carrera judicial, pero advierten que también hay falta de voluntad por parte de los magistrados de la CSJ.

Fondos y poco avances

En marzo pasado, el magistrado presidente, Hernán De León, expuso ante la Comisión de Estado por la Justicia que un obstáculo para ejecutar la carrera judicial es el déficit presupuestario de $14 millones con que comenzó el Órgano Judicial este 2018 con respecto al año pasado.

Tras la intervención de De León, la Comisión envió nota al Ejecutivo para solicitar los recursos necesarios. Se desconocen los resultados de esta gestión.

La semana pasada, en la sustentación del presupuesto del Órgano Judicial para 2019, De León precisó que requería $12.1 millones para implementar la carrera judicial.

En el primer trimestre de este año, la CSJ dio los primeros pasos para implementar la carrera: renovó los consejos administrativos y consultivos, y aprobó reglamentos, procedimientos y formularios.

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