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Un caso ´congelado´

La noche del 16 de agosto de 2002, un día después de que en la ciudad se celebrara un aniversario más de la fundación de Panamá la Vieja, Nicolás Valdés sustrajo un fajo de 22 mil dólares de la casa de su patrona.

Gloria Hernández, otra trabajadora de confianza de aquella residencia también sabía la ubicación del dinero. Al parecer lo habría comentado con Valdés.

Luego del hurto, Valdés se había ido a tomar unos tragos con unos amigos. Más tarde, decidió ir por más dinero.

Los dos señalarían después ante las autoridades que desde hacía algún tiempo venían “pellizcando” cantidades de aquellos “paquetes” de efectivo que había en distintos lugares de la casa, sin que hasta entonces alguien se hubiese percatado del faltante.

Sin embargo, al día siguiente al dinero sí se le echó de menos. Fue el propio Valdés el que alertó a Lizt Karina Jaimes, hija de la dueña de la casa, sobre el “robo”. Había simulado la incursión de malhechores desconocidos a la casa y pretendía así desviar la atención.

El lugar se llenó pronto de policías, de investigadores y gente que hacía preguntas. Presionado y nervioso, Valdés confesó.

Habría que acotar que aquella copiosa presencia policial en el lugar no era casual. La dueña de casa no era cualquier persona. Su nombre era Dalvis Xiomara Sánchez, secretaria administrativa del Ministerio de la Presidencia durante el gobierno de Mireya Moscoso.

Valdéz, Hernández y al menos otras dos personas más fueron procesadas por los hechos.

Pero los alegatos de los acusados y el peculiar hecho de encontrarse bolsas de efectivo por todas partes en aquella casa, levantaron una ola de suspicacias y dudas.

“Usted abría la nevera y encontraba plata”, habrían dicho los acusados a las autoridades, para ilustrar la “sospechosa” presencia de tanto dinero en efectivo distribuido por toda la vivienda.

De allí, el caso adquirió entre la opinión pública el folclórico nombre de “durodólares”, en alusión al popular helado casero.

No obstante, el dinero hurtado, que en total sumaba cerca de 35 mil dólares, había sido sustraído de la recámara principal.

Sánchez, funcionaria de confianza de Moscoso, justificó la presencia de esas altas sumas de dinero en efectivo en su casa por su “desconfianza” en el sistema bancario. Alegó que guardaba el dinero para una casa de playa que estaba construyendo y que todo era producto de su trabajo.

Una parte del dinero había sido recuperada tras hacer allanamientos en las casas de los implicados. Otra parte fue simplemente devuelta.

El 21 de mayo de 2003 ,el Juzgado Undécimo de Circuito, ramo penal, condenó a cuatro de los implicados, entre estos Valdés y Hernández, a quienes el juez les impuso una pena de 14 meses de cárcel por el delito de hurto con abuso de confianza.

Sin embargo, la defensa de estos había alegado reiteradamente que era necesario investigar más sobre la procedencia del dinero, puesto que los condenados habían insistido en que este era de origen “sospechoso”.

Entre los indicios extraños que arrojaban sospechas y de los que se valió la defensa de los implicados, estaba el hecho de que gran cantidad de los billetes tenían series numeradas consecutivas, todas del año 1996.

Pese a las sospechas que aún parecían pesar sobre el origen de los fondos, la fiscalía había ordenado su devolución.

La fiscalía había decidido también dar por buena la versión de Sánchez.

Todo parecía haber quedado allí, hasta que al año siguiente, con el cambio de gobierno, también llegó un nuevo procurador (procuradora, en este caso: Ana Matilde Gómez) y las investigaciones tomaron otro giro.

Una de las primeras tareas que asumió la nueva jefa del Ministerio Público fue la de investigar aquellas lagunas que habían quedado en el caso de los durodólares.

En 2005, cuando finalmente asumió, Gómez informó que “lo que hemos podido hallar es que nadie investigó el hecho de que para acreditar la propiedad y preexistencia, que es un elemento fundamental en los delitos contra la propiedad, se utilizaron talonarios de cheques de gobierno. Obviamente que una suma de $50 mil en efectivo, o $35 mil, amerita que se investigue y se determine la procedencia de esos fondos”.

Por tal razón, el Ministerio Público envió copia de las sumarias a la Contraloría General de la República.

En efecto, el 3 de marzo de 2006, la Dirección de Responsabilidad Patrimonial (DRP) de la Contraloría determinó la existencia del enriquecimiento injustificado por parte de Sánchez, por la suma de 220 mil 390 dólares con 57 centésimos.

Y a partir de ello se inició un nuevo proceso contra Sánchez, por lo cual fue llamada a indagatoria ante el Ministerio Público.

La defensa de Sánchez demandó la nulidad de lo actuado por la DRP al cuestionar la idoneidad de las funcionarias que tuvieron a cargo la investigación. Ese recurso se encuentra aún en la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.

Sin embargo, el caso siguió su curso y llegó hasta la audiencia, que se realizó el 21 de enero de 2011 en el Juzgado Tercero de Circuito Penal.

El juez Adolfo Mejía se acogió al término reglamentario de un año para dictar sentencia, si antes no se resolvían los recursos que la defensa ha interpuesto ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.

Allí, el ponente era el magistrado Alejandro Moncada Luna, quien ahora es presidente de la más alta corporación de justicia.

El año de gracia está a punto de cumplirse.

Las dilaciones y la sombra política

El caso de los durodólares cobró notoriedad entre la opinión pública debido al perfil de su principal protagonista, Dalvis Xiomara Sánchez, la secretaria administrativa de la Presidencia durante el mandato de la panameñista Mireya Moscoso, y mano derecha de la exmandataria.

La forma rápida como entonces se desestimó la posible presencia de enriquecimiento injustificado contrasta con la manera en que el caso tomó un derrotero totalmente distinto una vez hubo cambio de gobierno, al asumir la presidencia Martín Torrijos, del Partido Revolucionario Democrático, y una nueva funcionaria a cargo del ministerio público, Ana Matilde Gómez.

Sánchez y su defensa han señalado en alguna ocasión el tema político como la motivación real del proceso que se le abrió y de cuya decisión está a la espera por parte tanto de la Sala Tercera de la Corte Suprema como del Juzgado Tercero de lo Penal.

Para el abogado Rogelio Cruz, quien ha defendido a Sánchez, no hay justificación en la demora de la Corte en resolver los recursos que ha interpuesto. “Ha pasado demasiado tiempo”, dice. Pero, de hecho, el proceso iniciado en 2006 contra Sánchez también se ha demorado debido a aplazamientos originados a su vez en estrategias de la defensa.

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