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El caso de la extorsión a Impregilo no está prescrito

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Luis Ramón Fábrega. Archivo Luis Ramón Fábrega. Archivo
Luis Ramón Fábrega. Archivo

El caso Impregilo, que había sido admitido por la Corte Suprema como una de las causas contra el expresidente Ricardo Martinelli el 23 de febrero de 2017, y que fue archivado provisionalmente por el magistrado Luis Ramón Fábrega el 15 de febrero de 2018, no está prescrito.

El proceso surgió de la sentencia del 11 de diciembre de 2014, en la que el tribunal de Nápoles condenó a Valter Lavítola a 3 años de prisión por su rol en la extorsión a Impregilo, que participaba entonces en las obras de ampliación del Canal de Panamá.

El rapto del caso Impregilo

El 11 de diciembre de 2014, el Tribunal de Nápoles de la VI sección Penal condenó a tres años de cárcel al ciudadano italiano Valter Lavítola, por el delito de extorsión que tuvo como víctima a la empresa Impregilo. Una parte importante de los hechos y actuaciones que fundamentaron la condena ocurrieron en Panamá.

Los eventos detallados por la sentencia registraban que Impregilo fue extorsionada por Lavítola para que construyera un hospital pediátrico en la provincia de Veraguas a un costo de $20 millones, a cambio de lo cual la empresa sería premiada con el contrato de la Línea 1 del Metro de Panamá.

Dado que las pesquisas italianas involucraban al expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), una copia de la sentencia fue remitida por el entonces embajador de Panamá en Italia, Fernando Berguido, al Ministerio de Relaciones Exteriores, para que fuera entregada al pleno de la Corte Suprema de Justicia y así se abriera una causa contra el expresidente de la República, que en ese momento era diputado titular del Parlamento Centroamericano, razón por la cual la Corte tenía competencia sobre todos sus casos.

Berguido envió inicialmente el 5 de junio de 2015 el fallo a Panamá. Sin embargo, la Corte rechazó el documento porque la traducción no había sido realizada por un traductor público autorizado, de acuerdo con las normas panameñas.

La sentencia napolitana llegó, según lo requerido, a manos de la Corte el 20 de junio de 2016. De acuerdo con documentos judiciales a los que La Prensa ha tenido acceso, los siguientes 20 meses el expediente de Impregilo se convirtió en un rehén de la lucha intestina entre los magistrados.

José Ayú Prado (Izq.) y Luis Ramón Fábrega, ambos designados como magistrados por Ricardo Martinelli y su Gabinete. Archivo Expandir Imagen
José Ayú Prado (Izq.) y Luis Ramón Fábrega, ambos designados como magistrados por Ricardo Martinelli y su Gabinete. Archivo

Cambio de opinión

Cuando el caso ingresó, le fue asignado al magistrado Luis Ramón Fábrega, quien de acuerdo con la documentación, no estaba a favor de admitir la causa como una nueva denuncia contra Martinelli. Su propuesta fue objetada por la mayoría del pleno, lo que normalmente implicaría que debía perder la ponencia. Sin embargo, la mantuvo y redactó el auto de admisión de este caso como una causa de Martinelli. El pleno designó Fábrega como fiscal y al magistrado Harry Díaz como juez de garantías.

Díaz era el fiscal del proceso seguido a Martinelli por presunto espionaje político y peculado (caso comunmente conocido como “pinchazos) y, siguiendo la normativa de los procedimientos especiales, cumplido el término de investigación presentó su escrito de acusación el 9 de octubre de 2015, como lo requiere el artículo 492 del Código Procesal Penal. En su momento, el magistrado Jerónimo Mejía -en funciones de juez de garantías- validó lo actuado por Díaz como fiscal, y al término de esa etapa procesal, Mejía citó a Martinelli a la respectiva audiencia de acusación, que no se pudo realizar por la ausencia del procesado, que entonces residía en Miami, Estados Unidos. Mejía lo declaró “en rebeldía” y el pleno de la Corte ordenó su extradición.

En los meses transcurridos desde la designación de Fábrega como fiscal del caso Impregilo, no sucedió mayor cosa, salvo que el 11 de junio de 2017, alguaciles federales detuvieron al expresidente por el caso de los pinchazos. Este proceso de extradición quedó en manos del juez federal Edwin Torres, de la Corte del Distrito Sur de la Florida.

Al aproximarse las audiencias de Martinelli ante el juez Torres, Fábrega solicitó, en seis ocasiones, durante el mes de agosto de 2017, a Díaz -como juez de garantías del caso Impregilo- que se realizara una audiencia de imputación del expresidente por este proceso. Como Díaz no la concedía, porque esto sería discordante con su propia actuación como fiscal en el caso de los pinchazos, Fábrega le interpuso un amparo de garantías constitucionales a su colega el 28 de agosto de 2017.

Paralelamente, en Miami, los abogados del expresidente buscaba impedir la extradición, demostrando que en Panamá no se le había dado debido proceso. Uno de los argumentos que avalarían dicho señalamiento, es que Martinelli -según la defensa- es la única persona acusada en Panamá sin una imputación previa.

Entra Ayú Prado

El 25 de agosto de 2017, sin tener la autorización de Díaz como juez de garantías, el magistrado José Ayú Prado -a la sazón presidente de la Corte Suprema de Justicia- solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores el apoyo de la cónsul general de Panamá en Miami, para que tres abogados de la Corte fueran a notificar personalmente a Martinelli, en el Centro de Detención Federal.

La supuesta notificación era para ponerlo al tanto de la celebración de una audiencia de imputación, que nadie había convocado aún. Díaz le pidió una certificación a la oficina judicial de la Corte Suprema de Justicia sobre este trámite, quedando determinado que la iniciativa había sido de Ayú Prado fuera de los canales y del curso del proceso.

El 31 de agosto, el juez Edwin Torres ordenó la extradición de Martinelli por los pinchazos. Mientras tanto, en Panamá, el magistrado fiscal Fábrega suspendió la investigación del caso Impregilo el 13 de octubre de 2017, hasta que se resolviera una controversia sobre el fuero penal electoral del indiciado. La investigación fue archivada por Fábrega el 15 de febrero de 2018.

Unos días antes, en una resolución del 30 de enero relacionada con la denuncia por los indultos que Martinelli otorgó en la recta final de su mandato, el pleno de la Corte decidió que la admisión de una causa en un procedimiento especial funcionaba como una imputación, ya que los requisitos establecidos por el Código Procesal Penal en su artículo 488 son más exigentes que la admisión de una causa en los procesos ordinarios.

Martinelli fue extraditado el 11 de junio de 2018 y después de un gran periplo judicial, que incluyó la declinatoria de competencia de la Corte, fue declarado “no culpable” por un tribunal de juicio oral el 9 de agosto de 2019.

Reapertura

Las diversas fuentes consultadas por este diario coinciden en que el caso no ha prescrito, y que a pesar de la forma irregular en que Fábrega, en su condición de fiscal, ordenó su archivo provisional, todavía se puede investigar.

Para el abogado penalista Juan Lombardi, “el delito de extorsión lo sanciona el artículo 151 del Código Penal con prisión de 5 a 10 años. Siendo así, de conformidad con el artículo 116 numeral 1 del Código Procesal Penal, la acción prescribe en un plazo igual al máximo de la pena: en 10 años contados a partir de la fecha de comisión del delito”. Esto significaría que la acción penal se puede ejercer hasta el 2021.

Mientras algunos juristas consideran que reabrir el caso produciría un doble juzgamiento, otros explican que no hay tal cosa, porque Fábrega archivó provisionalmente el caso, fundamentándose en el artículo 275 del Código Procesal Penal, ya que no se podía individualizar al autor o partícipe o era imposible reunir suficientes elementos de convicción.

En estas circunstancias, correspondería al Ministerio Público la potestad de reabrir el caso Impregilo mientras la acción penal no haya prescrito. Esto es usual en los llamados “cold cases” que maneja el Ministerio Público frecuentemente.

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