Un caso impune en Panamá

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A pesar de que el 21 de octubre de 2005 el Segundo Tribunal Superior ordenó anular y archivar la investigación por presunta lesión patrimonial al Estado en el caso PECC, el presidente de esa empresa, Charles Jumet, días antes se declaró culpable ante la justicia de Estados Unidos de haber pagado sobornos a funcionarios panameños por el contrato que recibió de la extinta Autoridad Portuaria Nacional (APN).

La decisión del Segundo Tribunal libró de responsabilidad a Hugo Torrijos y Rubén Reyna, administrador y subadministrador de la APN, a quienes la Contraloría había ordenado cautelar bienes por $6.7 millones.

Al expresidente Ernesto Pérez Balladares también se le cautelaron bienes, pero logró su liberación a través de un amparo de garantías acogido por el entonces magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, César Pereira Burgos (q.e.p.d).

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