ENFOQUE

Un caso sin precedentes

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El caso de las juntas comunales y el desfile de los cientos de millones de dólares que pasaron a través de estas, supuestamente hacia las manos de los diputados de todos los partidos políticos, de gobierno y de oposición, representa un reto incomparable para el Ministerio Público y el Órgano Judicial.

Las 186 auditorías van a requerir de un equipo dedicado exclusivamente a evaluarlas e iniciar las investigaciones complementarias, para crear las causas penales que el Ministerio Público puede gestionar por sí mismo, y aquellas que por tratarse de diputados, tendrá que remitir a la Corte Suprema de Justicia. Lo más razonable para el MP consistiría en establecer una fiscalía especial dedicada exclusivamente a este asunto. En situaciones de delitos de alta complejidad como los envenenamientos masivos con dietilenglicol y el caso Odebrecht, se han creado este tipo de despachos. De otra forma, el MP colapsaría con la abrumadora cantidad de expedientes que deben ser abiertos en seguimiento a las auditorías. El presupuesto que puede requerir una fiscalía como esta puede superar a la que sigue el caso Odebrecht, que es de unos 2 millones de dólares anuales. Si el Ministerio de Economía y Finanzas, y la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional no colaboran activamente en este sentido, quedará claro que el caso será otro más para historial de impunidad del país.

Si en el Ministerio Público no escampa, en la Corte Suprema de Justicia habrá un diluvio. Hipotéticamente, solo para efectos especulativos, supóngase que haya que investigar a 60 diputados.

Esto significa que cada magistrado de la Corte Suprema tendría que conocer nueve casos distintos. Si descontamos los tres magistrados de la Sala Penal que tienen que ser jueces de garantías, el asunto termina en un atasco gigantesco e imposible de manejar.

La Corte Suprema de Justicia no tiene el tiempo, los recursos humanos o la capacidad de realizar semejante tarea en tiempos normales. El asunto es mucho más complicado si se considera que la Corte tiene dos magistrados pendientes de nombramiento y de ratificación por la misma gente que está siendo investigada.

Una importante cortapisa para toda esta investigación es el tema de los términos. Él Ministerio Público debe solicitar que se califique este caso como una investigación compleja. El Órgano Judicial tendrá que estudiar la mejor forma de judicializar la causa, designando un solo juzgado para el conocimiento y gestión del caso.

Esto a nivel de la justicia ordinaria, ya que para la Corte Suprema de Justicia una posible fórmula sería desarrollar las investigaciones en conjunto con el MP, y designando un solo magistrado fiscal y un solo juez de garantías.

Recordemos que toda esta investigación se hará durante el proceso electoral, y por lo tanto estará sumamente politizada, y expuesta a un alto riesgo de impunidad.

Quizás llegó la hora de pedir ayuda internacional como Guatemala, de forma tal que de verdad se haga justicia, evitando un colapso de nuestra endeble institucionalidad, que quedará atrapada por años lidiando con este caso.

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