PROCURADOR HABLA DE LOS TIEMPOS PROCESALES

Los 19 casos de Ayú Prado

Cincuenta personas han sido señaladas y algunas hasta imputadas, pero de ellas solo hay nueve tras las rejas.

Cuando José Ayú Prado asumió el cargo de procurador de la Nación, en enero de este año, lo primero que encontró en el escritorio de su nueva oficina fue el expediente del denominado narcoescándalo en Azuero, cuyas repercusiones le costaron el puesto a su antecesor, Guiseppe Bonissi.

Sin embargo, aquel es apenas uno de los 19 casos de alto perfil que se investigan en el Ministerio Público (MP) desde la llegada del nuevo Procurador, por los que se ha señalado –y en algunos casos inculpado– a 50 personas. Solo nueve de ellas están detenidas.

El expediente del narcoescándalo se refiere a una serie de actuaciones alrededor de la liberación de cuatro acusados de narcotráfico, hecho por el que han sido acusadas tres funcionarias del propio MP, entre ellas, la exjefa de Recursos Humanos Eva Lorentz y la exfiscal de Drogas de Azuero Milagros Valdés, destituidas de sus cargos.

Una tercera funcionaria, la fiscal superior de Chiriquí, entonces secretaria general del MP, Nedelka Díaz, también fue involucrada en la parte preliminar de la investigación, aunque luego ha quedado fuera.

El fiscal auxiliar, Dimas Guevara, que instruyó las sumarias durante ocho meses, remitió sus conclusiones a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en septiembre pasado, con una petición para que se llame a juicio a Lorentz, a Valdés y a otras cinco personas más por corrupción.

Quemados vivos

Otro de los casos que recibió Ayú Prado como procurador fue el del incendio ocurrido en el Centro de Cumplimiento de Tocumen el pasado 9 de enero (a causa de una bomba lacrimógena arrojada dentro de una celda por funcionarios de la Policía Nacional), en el que se quemaron siete menores, cinco de los cuales murieron posteriormente.

Nueve policías, entre ellos tres oficiales, dos custodios civiles y la entonces directora del penal, Iris Cedeño, fueron acusados, pero solo los dos custodios están detenidos. Los nueve policías están “acuartelados”, según dicta la Ley 74 de 2010 (que los exonera de la detención preventiva), mientras que Cedeño tiene medida cautelar de “país por cárcel”.

Luego de casi 11 meses de investigación, la Fiscalía Primera Superior no ha enviado sus conclusiones al Órgano Judicial.

Tráfico de chinos

Este ilícito también ha sido considerado entre los casos de alto perfil de la actual administración del MP.

De hecho, desde febrero pasado, cuando María Cristina González todavía era directora del Servicio Nacional de Migración, se abrieron cinco expedientes por tráfico de personas, cobro de coimas, tramitación ilegal de documentos y otras irregularidades.

Por estos casos, cinco personas (entre ellas, tres exfuncionarios) han sido acusadas, pero no hay detenidos y ninguna sumaria ha sido remitida a los tribunales.

Pinchazo cibernético

A comienzos de julio, los ministros de la Presidencia y de Seguridad, Demetrio Papadimitriu y José Raúl Mulino, respectivamente, denunciaron violaciones a sus correos electrónicos.

En el caso del primero, a su cuenta personal; y en el del segundo, a parte de la red del Ministerio de Seguridad.

Por el caso de Papadimitriu fueron acusadas y detenidas cuatro personas, pero todas recibieron posteriormente medidas cautelares distintas al arresto.

En septiembre pasado, la Sala Penal de la Corte autorizó al MP destruir las evidencias recabadas en la investigación, que sirvieron de base para las acusaciones de los implicados.

El Juzgado Octavo Penal recomendó que el expediente pasara a la esfera municipal. Y allí se encuentra.

En el caso de Mulino, el MP no ha remitido las conclusiones al Órgano Judicial y no se ha acusado a nadie.

Otros pinchazos

En tanto, en la Fiscalía Quinta de Circuito permanece la denuncia presentada en marzo pasado por el exmagistrado de la Corte Suprema José Abel Almengor contra la exjueza suplente Zulay Rodríguez, a la que acusa de violación de su privacidad.

Este caso surgió del escándalo que le costó el puesto a Almengor ese mismo mes, al implicársele en un supuesto complot para sacar de la Procuraduría de la Nación a Ana Matilde Gómez.

Almengor fue denunciado por Rodríguez en la Asamblea Nacional, la que sin embargo, lo declaró improcedente.

Infección bacteriana

Uno de los casos de más alto perfil que se investiga actualmente en el MP está en manos del fiscal tercero superior, Sofanor Espinoza, y tiene que ver con las 101 muertes que, según el propio Espinoza, se relacionan con la bacteria Klepsiella Pneumoniae Carbapenemasa (KPC) resistente.

Por este caso, familiares de los fallecidos han presentado 16 denuncias contra el director de la Caja de Seguro Social (CSS), Guillermo Sáez-Llorens, que fueron enviadas por Ayú Prado a la Sala Penal con una petición para su acumulación.

No hay imputados aún y, según Espinoza, todavía no se ha podido establecer si los fallecimientos fueron consecuencia de hechos dolosos o culposos. Los deudos, en cambio, afirman que se pudieron evitar si la CSS hubiese informado a tiempo del brote de la bacteria en el complejo hospitalario.

Multi-crímenes

Y en lo que se refiere a homicidios, a la actual administración del MP le tocó quizás uno de los casos más sonados de los últimos años, el de los cinco jóvenes de ascendencia china secuestrados y asesinados entre octubre de 2010 y septiembre de 2011, cuyos cadáveres fueron hallados sepultados en una vivienda en La Chorrera.

Por esta investigación hay seis personas detenidas, entre estas, el asesino confeso Alcibiades Méndez, de origen dominicano, y su compatriota Fermín Taveras, este último capturado en República Dominicana y extraditado a Panamá el pasado lunes 21 de noviembre.

También se ha mencionado la posible complicidad de policías. La Fiscalía Auxiliar de la República instruye el expediente.

Peculado

Por otra parte, las fiscalías Anticorrupción han abierto este año cuatro nuevas pesquisas sobre supuestos desfalcos por más de $300 mil en el desaparecido Fondo de Inversión Social (FIS).

Por estos casos hay una decena de personas investigadas, y a tres se les formularon cargos por peculado.

Mientras, otros tres casos relacionados con una posible malversación de dinero en el FIS están en proceso de ser abiertos.

De tierras

Sin embargo, durante gran parte del segundo semestre de este año la atención mediática y de la sociedad civil ha estado centrada en los casos de los terrenos de Paitilla y Chilibre, en la capital, y de Juan Hombrón, en Coclé.

Por el primero de estos expedientes, abierto el 12 de agosto pasado, Ayú Prado formuló cargos y ordenó la indagatoria de la exdirectora de Titulación de la Autoridad Nacional de Tierras (Anati) Anabelle Villamonte y del vendedor de flores César Segura.

La primera declaró el 15 de este mes y se le impuso una medida cautelar de país por cárcel. El segundo rindió indagatoria el miércoles 23 de noviembre y ese día se decretó su detención preventiva. Para salir debe pagar una fianza de $100 mil.

En el caso del terreno de Chilibre, supuestamente negociado con sobreprecio para la construcción de un nuevo hospital, el expediente fue abierto el 14 de septiembre y pasó a la Corte Suprema una semana después, porque se menciona al diputado Tito Rodríguez. El magistrado Alejandro Moncada Luna es el ponente.

Finalmente, debido a la titulación de tierras en Juan Hombrón han sido presentadas cinco denuncias, dos de las cuales ya dieron origen a la apertura de expedientes.

La primera se inició de oficio el 17 de octubre y en ella también se señala a Villamonte por otorgar 14 titulaciones a 12 sociedades anónimas y dos particulares en seis meses.

Ya se le ha tomado declaración jurada a una decena de personas, la mayoría funcionarios de la Alcaldía de Antón y de la corregiduría y junta comunal de El Chirú, en Coclé.

La segunda empezó el 20 de octubre, tras una denuncia presentada por el abogado Jorge Sánchez, en representación de un grupo de afectados, y se acusa a Villamonte, a Carlos Morales Murgas, a René Monte Murgas, y otros, por supuestos actos de corrupción.

Una tercera denuncia fue interpuesta contra Villamonte el 25 de octubre por Félix Moulanier, en representación de la Juventud del PRD, que además pidió a la Corte la separación del ministro de la Presidencia, Demetrio Papadimitriu.

El pasado 15 de noviembre, mientras Villamonte rendía indagatoria por el caso de Paitilla, el abogado Luis Collado, representante de Wigberto Jaramillo (residente de la zona), interpuso una cuarta denuncia por este caso. Además, el pasado miércoles el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) presentó una quinta denuncia contra Villamonte por delitos ambientales. Las tres últimas no han sido admitidas aún.

RECHAZADAS

Entre las denuncias rechazadas por el MP figuran la supuesta vinculación del director de la Autoridad de Aseo, Enrique Ho, con personas ligadas al colombiano David Murcia, investigado en Panamá y condenado en Colombia y Estados Unidos por estafa.

Además, las acusaciones del exministro de Gobierno Luis Ernesto Carles contra el ministro de la Presidencia, Demetrio Papadimitriu, por supuestamente haber ordenado que no se investigaran actos sobre el terreno de Paitilla. Tampoco ha procedido la apertura de expediente penal por la destitución de Jorge González, de la Dirección Administrativa de Finanzas de la Policía Nacional, debido a supuestos actos de corrupción, e igual suerte corrió la supuesta conspiración de un grupo de abogados para sacar a Ana Matilde Gómez de la Procuraduría; y un importante número de señalamientos contra distintos funcionarios, luego de la publicación de cables estadounidenses filtrados por Wikileaks.

Resultados

Consultado sobre el resultado de estas investigaciones, Ayú Prado se limitó a explicar que su despacho hace solo lo que la ley permite.

“Los tiempos procesales son distintos a los tiempos de los medios”, dijo, y además advirtió que no presionará a los magistrados de la Corte Suprema por ningún caso enviado a esa jurisdicción.

“El trabajo se está haciendo, y los resultados se verán”, sostuvo.

Legado de otras gestiones

Además de los casos que le ha tocado abrir, el procurador, José Ayú Prado, da seguimiento a otras investigaciones heredadas de las administraciones de Ana Matilde Gómez y Giuseppe Bonissi, algunas de las cuales están estancadas por diversas razones legales.

Los dos homicidios tras las protestas en Changuinola en el año 2010 (recientemente archivados) y el caso del envenenamiento con dietilene glycol figuran en ese “activo” asumido por el Procurador. Y hay dos casos por lo demás emblemáticos: el del supuesto pago de sobornos para la aprobación del proyecto del Cemis en 2001, y el de los supuestos pinchazos en la Procuraduría de la Administración, que data de 2010.

La parte del caso Cemis que le tocó al Ministerio Público (exlegisladores y particulares) está paralizada desde hace más de 14 meses, debido a tres recursos interpuestos por los abogados de los investigados, entre ellos, el exlegislador Mateo Castillero y el empresario Martín Rodin, ambos pendientes en el Juzgado Cuarto Penal.

El caso de los pinchazos, iniciado en agosto de 2010, está inmovilizado desde octubre de ese año porque la defensa del procurador de la administración, Óscar Ceville, señalado en la investigación, interpuso un incidente de nulidad del proceso que el pleno de la Corte no ha resuelto.

José Otero

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