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‘No hay causal legítima para no perseguir el delito’: Guillermo Márquez Amado

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Márquez Amado presentó un memorial de tercería incidental para apoyar la apelación al fallo de la juez Batista que presentó la fiscal especial Anticorrupción, Zuleyka Moore, Márquez Amado presentó un memorial de tercería incidental para apoyar la apelación al fallo de la juez Batista que presentó la fiscal especial Anticorrupción, Zuleyka Moore,
Márquez Amado presentó un memorial de tercería incidental para apoyar la apelación al fallo de la juez Batista que presentó la fiscal especial Anticorrupción, Zuleyka Moore, LA PRENSA/Luis García

Las detenciones preventivas dictadas por la Fiscalía Especial Anticorrupción no constituyen “causal legítima” para no perseguir delitos graves y complejos, concluyó el abogado Guillermo Márquez Amado en el escrito que presentó ayer para coadyuvar la apelación de la fiscalía al fallo del Juzgado Duodécimo Penal que, en octubre, interrumpió la investigación de los sobornos de Odebrecht.

PRESENTAN ESCRITO DE APOYO A FISCAL MOORE

El abogado Guillermo Márquez Amado solicitó al Segundo Tribunal Superior de Justicia que revoque el fallo dictado por la jueza suplente duodécima penal, Lania Batista, que el 25 de octubre pasado interrumpió la investigación de los sobornos de Odebrecht y ordenó remitir la vista fiscal para su respectiva calificación.

Ayer, Márquez Amado presentó un memorial de tercería incidental para apoyar la apelación al fallo de Batista que presentó la fiscal especial Anticorrupción, Zuleyka Moore, y que no ha sido resuelto aún. El escrito fue recibido “por insistencia” en la Secretaría General del Segundo Tribunal Superior.

La jueza suplente Batista negó una adecuación de los plazos de la investigación solicitada previamente por Moore y recordó que en un fallo de junio pasado —emitido por el juez titular Óscar Carrasquilla, que calificó el proceso como de tramitación compleja— se determinó que, de haber detenidos, la fiscalía debía remitir el expediente en un plazo máximo de dos meses.

Según Márquez Amado, la limitación impuesta por Carrasquilla “excedía” sus facultades como juez, ya que no está en concordancia con la Ley 121 de 2013 y el Código Procesal Penal, que señalan que en los delitos de delincuencia organizada “el plazo de la detención preventiva prevista se extenderá a cuatro años”.

“Es decir, que no pone ninguna condición como la traída sin apoyo jurídico alguno por el señor juez de garantías a que la vista fiscal debe estar lista en dos meses”, indicó Márquez Amado en su memorial.

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