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La competencia debe mantenerse en la Corte Suprema de Justicia

La jurisprudencia de la Corte Suprema y la doctrina procesal fundamentan que se mantenga el caso de los pinchazos en manos del máximo tribunal de justicia.

‘Ya es muy tarde para que la Corte dude de su competencia’

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El argumento en que se basa la propuesta de la declinatoria de la competencia de la Corte Suprema de Justicia en el caso de los pinchazos se centra en la interpretación de un artículo del Código Procesal Penal. Esa interpretación contradice más de 20 años de jurisprudencia de la Corte, la doctrina procesal y el derecho comparado.

En el proyecto original del fallo de amparo de garantías constitucionales que declina la competencia, el magistrado Oydén Ortega Durán cita textualmente, en la página 16, el artículo 39 del Código Procesal Penal:

“Artículo 39. Competencia del pleno de la Corte Suprema. La Corte Suprema de Justicia será competente para conocer, en pleno, de los siguientes negocios penales:

1. De los procesos penales y medidas cautelares contra los Diputados, el Procurador General de la Nación, el Procurador de la Administración, los Ministros de Estado, los Magistrados del Tribunal Electoral o el Contralor General de la República, o de los cometidos en cualquier época por personas que, al tiempo de su juzgamiento, ejerzan alguno de estos cargos”.

La interpretación literal de este texto en el proyecto de fallo es equivocada. Así lo sostuvo el magistrado Jerónimo Mejía en la audiencia del 26 de noviembre. Según Mejía: “ La correcta interpretación de esa parte del artículo cuando alude ‘al tiempo de su juzgamiento’, no es la de hacer esa expresión como sinónimo de ‘al tiempo del juicio’. Si así fuera, esa parte del artículo no podría incluir todos los posibles supuestos que se podrían presentar…”.

El extenso análisis de Mejía no es antojadizo, ya que sus antecesores, en la propia Corte, habían establecido precedentes sobre el concepto de “juzgamiento”. Así, un fallo del 13 de septiembre de 1996, con la ponencia de la magistrada Mirtza Franceschi de Aguilera, afirmaba, en la página 6, que “el juzgamiento ‘conforme a los trámites legales’, supone entonces, la determinación, en cada caso, de los trámites o procedimientos que de acuerdo con la ley deben cumplirse para garantizar al imputado la efectiva defensa de sus derechos…”. Es decir, el “juzgamiento” no es exclusivamente el juicio, sino toda la actividad que implica el proceso y que puede concluir con una sentencia.

En un fallo del 20 de diciembre de 2002, con la ponencia del magistrado Rogelio Fábrega Zarak, en un asunto que dirimía un conflicto de derecho de familia, los magistrados de la Sala Civil (a la que actualmente pertenece Oydén Ortega) citaron como fundamento de su decisión la doctrina del procesalista panameño Jorge Fábrega Ponce, sobre la permanencia de la competencia: “…De este modo cualquier cambio en la persona del demandado (existencia, domicilio) no produce el desplazamiento del juez (transiatio iudici)”.

El jurista Jorge Fábrega Ponce es considerado el procesalista más importante de Panamá; fue también magistrado de la Corte Suprema de Justicia, y es el padre del actual magistrado Luis Ramón Fábrega, quien ha estado ausente de las deliberaciones del pleno de la Corte sobre la competencia en el caso de los pinchazos.

Para quienes argumenten que la doctrina de Fábrega Ponce y la jurisprudencia de la Corte no son aplicables en materia penal, un fallo del 12 de febrero de 2015, con la ponencia del magistrado Abel Augusto Zamorano, afirma lo siguiente: “…en materia penal, la competencia no puede dejarse a la voluntad de las partes, porque está basada en razones de interés público”.

Entre otros, el fallo está firmado por Oydén Ortega Durán, Hernán A. De León Batista y Luis Ramón Fábrega Sánchez.

En su artículo “Perpetuatio Juridictionis”, publicado en La Prensa el 26 de julio de este año, el jurista panameño Juan Lombardi trata exactamente este tema y cita al procesalista colombiano Hernando Devis de Echandía, así: “Si se inicia juicio penal contra un funcionario público que por razón del cargo tiene un fuero especial, la pérdida posterior del empleo no modificará la competencia” .

El ordenamiento procesal panameño se inspira en gran medida en la legislación colombiana, por lo que la opinión de Devis de Echandía es sumamente relevante.

No se entiende cuál es el daño que sufriría el procesado si se mantiene el caso en la Corte. La competencia que tiene la Corte no es una prerrogativa común y corriente, sino un asunto de orden público que fundamentado en la ley no puede ser declinado por la voluntad de las partes, incluyendo a los magistrados de la propia Corte.

(El autor es abogado)

‘Ya es muy tarde para que la Corte dude de su competencia’

“Por más de tres años –desde  el año 2015– la Corte Suprema de Justicia   no ha hecho otra cosa que ejercer la competencia [...]  es bueno que los magistrados se enteren de ello y que le asignen su verdadero valor al ejercicio de administrar justicia”.

Así opinó el constitucionalista Carlos Bolívar Pedreschi  al argumentar que la Corte debe mantener la competencia en el proceso de las escuchas seguido al expresidente Ricardo Martinelli.

A juicio del abogado, cuando en   2015  la Corte tomó el caso, el encausado ya era diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen).

Destacó que los propios magistrados, a través de decisiones emitidas durante estos tres años, han confirmado esa competencia.

En cuanto al proyecto de  fallo del magistrado Oydén  Ortega, que declina la competencia de la Corte en este proceso, Bolívar  Pedreschi dijo que, a pesar de que valora su criterio jurídico, que ha conocido a través de una amistad de muchos años, en esta ocasión no comparte su opinión.

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