ANÁLISIS

El complicado camino de las reformas

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En enero de 2020, la Asamblea tendrá que retomar la discusión del paquete de reformas. Archivo En enero de 2020, la Asamblea tendrá que retomar la discusión del paquete de reformas. Archivo
En enero de 2020, la Asamblea tendrá que retomar la discusión del paquete de reformas. Archivo

Cayó el telón sobre el escenario de la Asamblea Nacional. Terminó el primer acto del proceso de reformas constitucionales.

Esta obra de tres actos (dos legislaturas en la Asamblea y un referéndum popular), parece que tendrá un entretenido entremés: el presidente Laurentino Cortizo le ha pedido a la Concertación que le informe cuáles reformas son problemáticas.

En enero de 2020, la Asamblea Nacional tendrá una pesada carga, además del trabajo legislativo normal, con muchos pendientes y, simultáneamente, deberá considerar nuevamente las reformas constitucionales en tres debates.

Lo aprobado hasta el momento es sumamente controvertido e incluye funciones inéditas para un poder Legislativo en el mundo occidental: cambiar el presupuesto sin intervención del Ejecutivo, voto de censura a ministros con obligatoriedad de destitución por parte del Presidente, potestad de enviar de vacaciones a altos funcionarios, por solo mencionar algunos ejemplos.

El diseño institucional contenido en el artículo 313 de la Constitución es muy escueto. La Asamblea Nacional puede aprobar las reformas en dos legislaturas, de tres debates cada una, y puede cambiar en la segunda legislatura lo aprobado en la primera. El documento resultante sería sometido a referéndum popular.

Técnicamente hablando, el rol del presidente Cortizo y el del Consejo de la Concertación Nacional para el Desarrollo es el de meros espectadores. Constitucionalmente, Cortizo lo único que puede hacer es usar su capital político para presionar a su bancada a enderezar el camino.

En cambio, la Asamblea Nacional tiene varias opciones. En primer lugar, las reformas aprobadas el pasado lunes son las que quiso la Asamblea. Los diputados son quienes pueden decidir en la próxima legislatura volver a las reformas originales, continuar con las suyas o escuchar a los ciudadanos que participaron en el proceso de consultas. Los aportes de esos dos meses de giras nacionales fueron ignorados. ¿Qué valor tienen entonces las reformas?

Las reformas se han convertido en un problema político para el gobierno actual, le han quitado legitimidad a la Asamblea Nacional y han aumentado el disgusto ciudadano con los políticos panameños. Esto no significa que se le hayan acabado los naipes al Ejecutivo en este drama.

El gobierno de Cortizo puede optar por llamar una Asamblea Constituyente Paralela. Esta opción requiere del apoyo de la propia Asamblea Nacional. Sin embargo, la Constitución permite que si se recolectan firmas ciudadanas, equivalentes al 20% del padrón electoral del año previo, se pueda convocar a una Asamblea Constituyente Paralela. La meta sería obtener aproximadamente 564 mil firmas.

La gran desventaja de una Asamblea Constituyente Paralela es que se debe convocar a una elección de 60 constituyentes que serán los encargados de elaborar la nueva Constitución. Con el clima político existente, es posible que los grandes partidos sean derrotados en esas elecciones. Este posible resultado se convierte en otro obstáculo para esta convocatoria, ya que los partidos políticos no cederán sus cuotas de poder tan fácilmente.

El 7 de noviembre conoceremos el próximo movimiento del presidente Cortizo. Ese día, tendremos una idea clara de la intención real del mandatario frente a las reformas constitucionales.

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