POLÉMICA EN CONTRATACIONES PÚBLICAS

Las compras fraccionadas, artimañas del Gobierno

Antes de las elecciones, varias entidades públicas gestionaron hasta 5 órdenes de compras en un día para adquirir el mismo producto a un solo proveedor. Incluso, se adjudicaron jugosos contratos, pese a objeciones de un jefe de Contraloría.
Estas son tres de cinco órdenes de compra que gestionó en un mismo día la Dirección de Contrataciones Públicas para adquirir 16 ‘software’ idénticos para la entidad. Estas son tres de cinco órdenes de compra que gestionó en un mismo día la Dirección de Contrataciones Públicas para adquirir 16 ‘software’ idénticos para la entidad.
Estas son tres de cinco órdenes de compra que gestionó en un mismo día la Dirección de Contrataciones Públicas para adquirir 16 ‘software’ idénticos para la entidad.

Las compras fraccionadas de bienes y servicios específicos a un mismo proveedor en un solo día por montos económicos iguales son el denominador común de contrataciones millonarias que adjudicaron algunas dependencias del Estado entre 2013 y 2014.

Esto se conoce como “división de materia”, según la Ley 22 de Contrataciones Públicas, que sanciona a los funcionarios que incurran en esta práctica, considerada por especialistas como un mecanismo para burlar la transparencia de los procedimientos públicos de selección de contratistas.

Sin embargo, las instituciones, al momento de elaborar las órdenes de compra, subrayaron que serían gestionadas a través de una figura conocida como “convenio marco”, que la Ley 22 define como “contrato público con uno o más proponentes, para la adquisición de productos y servicios de consumo masivo y cotidiano...”.

Este mecanismo legal –contrario al espíritu de la ley de Contrataciones Públicas- permite, justamente, dividir cuantas veces el funcionario lo determine la compra de un servicio o producto, de acuerdo con el artículo 15 del Decreto 366 que reglamentó la Ley 22.

En otras palabras, una institución puede realizar múltiples compras en un solo día y al mismo proveedor de un mismo producto o servicio sin ser objeto de sanción.

Esta prerrogativa fue invocada por los ministerios de Seguridad Pública y Comercio e Industrias, así como por la Autoridad Nacional de Innovación Gubernamental y la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), solo por mencionar algunas, al momento de comprar programas y licencias de cómputo, por ejemplo.

Es el caso de la DGCP -a cargo de Eldis Sánchez- que tramitó cinco órdenes de compra el 10 de febrero de 2014. Cada una era de 291 mil dólares para comprar 20 programas (softwares) a la compañía TR & Consultores, S.A., a fin de “solucionar problemas que se registraron con el portal de PanamáCompra a mediados del año 2013”. ( Ver facsímil).

¿Por qué no se hizo una sola compra por 1.4 millón de dólares? El director de Contrataciones Públicas argumentó que esa compra se fraccionó por un “asunto de tiempo”, recalcando que hay “burocracia administrativa” en los refrendos de la Contraloría General.

“Un sectorial [delegado de Contraloría] refrenda contratos hasta 300 mil dólares y prefiero hacerlo así, para que el refrendo sea más rápido que esperar que la contralora [que firma contratos por más de $300 mil] lo refrende en un mes”, sostuvo Sánchez, quien gestionó varios traslados de partidas ante la Dirección de Presupuesto de la Nación para hacer frente a esta adquisición.

Documentos de la Contraloría revelan que estas cinco órdenes de compra permanecieron, al menos, 13 días en esta entidad antes de ser refrendadas.

CONTROVERSIA

La compra que autorizó Sánchez a la empresa TR & Consultores, S.A. llamó la atención de Marisol Núñez -hasta hace poco jefa de fiscalización de la DGCP- no solo por la segmentación de la compra, sino por los documentos que aportó la compañía en el proceso de contratación.

En nota fechada el 27 de febrero de 2014, la funcionaria alertó que la actividad comercial de esta compañía es brindar “asesoría y consultoría en servicios computacionales e informáticos”. Es decir, la empresa no se dedica a la venta ni instalación de software ( ver nota).

Por este hecho, Núñez advirtió a su superior que la empresa no debía ser contratada. Días después, TR & Consultores, S.A. modificó su aviso de operación e incluyó que a partir de ese momento se dedicaría a “comprar y vender software”.

La jefa de Fiscalización de la DGCP también reportó que la compañía, al momento de ser contratada, ni siquiera contaba con dos años de operación, tal como exigió la DGCP en el pliego de condiciones.

Sánchez, por su parte, cuestionó a la fiscalizadora de Contraloría y puso en duda que se haya leído el pliego de condiciones y los documentos que aportó TR & Consultores, S.A., que fueron publicados en PanamáCompra.

El director de Contrataciones Públicas recordó que esta compañía se asoció con BDG Panamá, S.A. a fin de participar en un consorcio que denominaron APM Panamá, S.A. No obstante, todas las órdenes de compra que revisó la jefa de Fiscalización de la DGCP señalan que el proveedor es TR & Consultores, S.A.

De hecho, se confeccionaron cinco cheques, cada uno por 291 mil dólares, a favor de esta compañía, representada por Ernesto Rosas Sandoya, quien no devolvió los mensajes que le dejó este diario en su celular.

“Habría que determinar qué establece el acuerdo consorcial [entre TR & Consultores, S.A., y BDG Panamá, S.A.] que debe definir cuál fue la empresa líder”, explicó Ian Bayless, director de Asuntos Jurídicos de Contrataciones Públicas.

Los documentos que aportó el consorcio revelan que cada empresa tiene un 50% de acciones y que TR & Consultores, S.A., se dedicará a proveer el licenciamiento, mientras BDG Panamá, S.A. se encargará de la supervisión del proyecto.

Según información del Ministerio de Comercio e Industrias, el Consorcio APM Panamá, S.A., inició operaciones el 21 de mayo de 2013, es decir, tampoco habría cumplido con los dos años de experiencia que exige el pliego de condiciones.

“Ella [la jefa de Fiscalización] no leyó la documentación... Hay que ser franco, estas empresas están relacionadas con informática, no se dedican a la construcción, jardinería ni fumigación”, sostuvo el director de Contrataciones Públicas.

El aviso de operación de BDG Panamá, S.A. señala que su actividad comercial es: “ importación y exportación de equipos de cómputo, sus accesorios y repuestos, prestación de servicios profesionales de asesoría, consultoría, elaboración de estudios y proyectos en sistemas de cómputo... proporcionar servicios de mantenimiento a toda clase de equipos electrónicos o manuales, incluyendo vehículos, maquinaria industrial y agrícola...”.

El director de Contrataciones Públicas también mostró documentos que certifican que antes de ser contratada por su institución, a TR & Consultores, S.A., le adjudicaron contratos por más de $3 millones -en iguales condiciones- en el Ministerio de Comercio e Industrias y en la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental.

Tras las observaciones que hizo la jefa de Fiscalización de la DGCP, esta recibió notificación de traslado a la sede de la Contraloría, en la avenida Balboa. Mientras tanto, el contrato fraccionado fue pagado en su totalidad.

MÁS COMPRAS

Una semana después, la DGCP volvió a gestionar tres órdenes de compra, cada una por 321 mil dólares, a favor de la empresa Ginteven Servicios, S.A., para adquirir dos sistemas de procesos de negocios y una aplicación de gestión para control de personal.

Sobre este particular, el director de Contrataciones Públicas explicó que se hicieron dos compras por separado en un mismo día porque “estaban adquiriendo dos renglones distintosde licencias de software”.

Además, aclaró que la tercera orden de compra por igual monto al mismo proveedor se hizo en ese momento por temas de “capacidad presupuestaria”.

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