La Prensa es acusada de desprestigiar figura de ciudadano honorable

´Se ha creado ambiente de turbiedad´

La juez decimoquinta civil de Panamá, Lina Castro de León, admitió la demanda por daños y perjuicios presentada por el expresidente Ernesto Pérez Balladares contra Corporación La Prensa, el 19 de este mes, cuya cuantía asciende a $5.5 millones.

Así consta en el auto 416 del juzgado, fechado el 22 de marzo de 2012, según el cual la acción legal “cumple en debida forma con los requisitos exigidos por el artículo 665 del Código Judicial”.

La demanda, presentada por el abogado José María Castillo en representación del exmandatario, se refiere a dos noticias publicadas por La Prensa el 21 y 22 de marzo de 2011, basadas en información de la vista fiscal elaborada por la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada del Ministerio Público (MP) sobre el proceso por blanqueo de capitales contra Pérez Balladares y otras 11 personas.

Las publicaciones

“El expresidente de la República Ernesto Pérez Balladares podría ser objeto de una segunda investigación penal, también relacionada con el delito de blanqueo de capitales, aunque esta vez vinculada con supuestas irregularidades detectadas en una cuenta bancaria en Bahamas, que se utilizó para mover más de $176 millones entre mayo de 2009 y junio de 2010”, dijo la nota del 21 de marzo.

Según la nota, en sus conclusiones del caso, el fiscal Marcelino Aguilar pidió juicio para el expresidente y otros 11 imputados, y además solicitó al Juzgado Noveno Penal enviar copias del expediente al MP y que se le autorizara para adelantar esta nueva investigación, motivada tras el hallazgo de dos cheques de la sociedad Shelf Holding Inc., en la que Pérez Balladares tenía firma.

“Dichos cheques, por montos de $175 mil y $45 mil, fueron depositados en una cuenta bancaria de Banistmo Internacional con sede en Bahamas, el 2 de agosto de 2005 y el 26 de diciembre de 2006, respectivamente, y tenían como cuentahabiente la sociedad Seaside Foundation”, precisó la noticia.

Puntualizó que en una ampliación de la investigación ordenada por el juzgado en noviembre de 2010, se pidió a la fiscalía ampliar las declaraciones y en ese trámite se solicitó información a Banistmo Internacional (Bahamas) LTD, para precisar los vínculos de los referidos cheques.

La información llegó de Bahamas en enero de 2011 y por ello no fue incluida en la vista fiscal, de allí la petición de una nueva investigación.

Según la información, de esa cuenta se giraron a Shelf Holding Inc. dos cheques por las sumas de $175 mil y $45 mil en 2005 y 2006, respectivamente, que fueron firmados por la esposa del expresidente, Dora Boyd de Pérez Balladares.

Versión del afectado

La portada de la primera publicación a la que alude el exmandatario incluye declaraciones de su abogado, Luis Carlos Cabezas. Según el letrado, “no hay nada ilegal en manejar una cuenta off shore y lo que su cliente tenga que probar, lo hará en la audiencia programada para el 11 de abril [de 2010]”.

Al día siguiente su abogado advirtió –y así se publicó en este diario el 22 de marzo– que el MP cometió un “grave error” al interpretar la información del banco en Bahamas, ya que los más de $176 millones que se manejaron entre mayo de 2009 y junio de 2010 no eran del exgobernante, sino que se correspondían con todos los depósitos y cheques girados por todos los cuentahabientes del banco en ese período.

Cabezas declaró que la esposa de su cliente, Dora Boyd de Pérez Balladares, y sus hijas dieron las explicaciones necesarias a la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada sobre los dos cheques a favor de Shelf Holding Inc. girados desde una cuenta en Bahamas. Cabezas agregó –según consta en dicha edición de La Prensa– que la exprimera dama es parte de Seaside Fundation, pero aclaró que esa fundación de interés privado no maneja fondos millonarios, como se publicó.

Cabezas agregó que el movimiento bancario de los dos cheques pagados a Shelf Holding Inc y que provienen de la cuenta en Bahamas sería aclarado plenamente durante la audiencia preliminar, agregando que no quería decir nada más porque sería parte de sus alegatos en la audiencia.

La demanda

Entre los fundamentos de la acción civil, sin embargo, la defensa del expresidente afirmó que Corporación La Prensa empezó desde agosto de 2009 una campaña de desprestigio contra su cliente y publicó notas –en el diario y en la página web prensa.com– relacionadas con el caso, “en las que más allá de brindar solo información sobre este hecho noticioso, se dedicó a crear una atmósfera de turbiedad sobre la figura de nuestro representado, entablando un juicio mediático destinado a desprestigiar su figura de ciudadano honorable y respetable”, lo cual provocó –según Cabezas–“un grave dolor y angustia en sus familiares” y “dolor, angustia y aflicción psicológica y espiritual” al exgobernante.

En la demanda, Castillo hizo referencia a que notas de La Prensa del 3 y 4 de agosto de 2009 dieron origen a dos investigaciones del MP, una de las cuales fue decretada nula; el Juzgado Decimoquinto Penal ordenó su archivo y el Segundo Tribunal Superior confirmó la sentencia; y la otra, instruida por la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada, “dentro de la cual fue decretado un sobreseimiento definitivo en primera instancia, que luego fue confirmado en todas sus partes por el Segundo Tribunal”. Dicho proceso está en espera de que se sustente un recurso extraordinario de casación anunciado por el MP.

Con la aludida supuesta campaña de descrédito, la defensa del expresidente afirma que Corporación La Prensa violó el artículo 2079 del Código Judicial, relacionado con la presunción de inocencia, y el artículo 2040 de la misma norma, que tiene que ver con las personas que pueden tener acceso a la información contenida en un sumario.

La defensa del exmandatario sostiene que los titulares de las notas periodísticas buscaban claramente vincular a aquel en la comisión del delito de blanqueo de capitales, “pretendiendo a todas luces establecer de manera irresponsable y sin fundamento alguno que existe una conexión ilícita entre los 176 millones de dólares que estuvieron depositados en la enunciada cuenta bancaria de Bahamas y los dineros que estuvieron bajo investigación procedente de la concesión otorgada para la explotación de juegos de suerte y azar, investigación que involucró a sociedades como Luky Games y Shelf Holding”.

Según el abogado, las publicaciones de La Prensa pretendieron establecer la referida conexión a través de una fundación “vinculada” al expresidente.

Citó, además, los siguientes párrafos de la nota del 21 de marzo: “El MP pidió permiso al Juzgado Noveno Penal para abrir un proceso por blanqueo de capitales al exmandatario Ernesto Pérez Balladares” y “La fundación de interés privado Seaside Foundation, propietaria de una cuenta en Bahamas que según fuentes oficiales movilizó más de 176 millones de dólares”.

De acuerdo con la demanda, tales señalamientos son falsos y su único propósito fue desprestigiar al expresidente y “poner una presión mediática en el juez que le tocaba atender la audiencia preliminar del 11 de abril de 2011”.

Según Castillo, “el MP no pidió permiso al Juzgado Noveno Penal para abrir un proceso de blanqueo de capitales al doctor Ernesto Pérez Balladares”, la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada en su vista fiscal número 6, del 28 de febrero de 2011, solicitó “la compulsa (envío) de copias de la documentación que reposa a folios 31956-31958, Tomo LVI, remitida por el Banco HSBC, la cual se encuentra relacionada con los cheques visibles a folios 18589-18592 del Tomo XXXIV, a fin de que se investigue la posible comisión de un hecho delictivo”.

La demanda insiste en que el propósito de las notas periodísticas fue vincular al exgobernante con “hechos delictivos inexistentes, insertando información falsa o inexacta con la única finalidad de causar como en efecto fue causado un daño moral”.

Basado en dichas regulaciones, el abogado de Pérez Balladares sostuvo que, a pesar de que una de las noticias [la del 21 de marzo] fue firmada por el periodista José Otero, el título es responsabilidad del diario, no del periodista. Y aclara que si Corporación La Prensa invocara la responsabilidad del periodista, la responsabilidad de indemnizar por el daño moral sería también de la empresa, según el artículo 1645 del Código Civil.

Este diario contactó al abogado de Ernesto Pérez Balladares, José María Castillo, para preguntarle: ¿Qué persiguen con la demanda?, ¿por qué ahora?, ¿por qué no demandó en 2009?, pero antes de que el reportero pudiera hacer esas preguntas, Castillo se limitó a responder que “por ahora no hará comentarios”.

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