EMPRESARIO NARRA GOLPIZA DENTRO DE CUARTEL

´Hay que cuidarse de la policía´

La Defensoría del Pueblo registra formalmente 14 casos de abusos policiales en lo que va de este año, el doble de las denuncias del año 2010.

Apenas tres semanas después dehaber sido golpeado brutalmente con un tolete, el empresario Héctor Castro quedó pasmado al enterarse de que al médico nefrólogo Rafael Pérez Carillo le habían dado la misma “dosis” de maltrato en un retén, y por las mismas razones: criticar la labor de la Policía Nacional (PN).

“No me siento seguro. Apenas me detiene un policía siento miedo, porque ellos, en vez de protegerte, tú tienes que protegerte de ellos”, comentó Castro en una entrevista con este diario, luego de permanecer 20 días incapacitado como consecuencia de la golpiza que le propinaron agentes dentro del cuartel de la PN en La Chorrera, en un sitio al que los uniformados llaman “el salón de la justicia”, usado, según afirmó, para torturar a los detenidos.

El hecho ocurrió a las 5:30 p.m. del 4 de septiembre pasado, poco después de que fuera detenido en el balneario La Arenosa en La Chorrera.

Aquel día, según recuerda, estaba bañándose cuando llegó el teniente Severiano de la Espada y en tono grosero les gritó a los presentes que se largaran del lugar, porque había carros con música estridente.

Su pecado, dice, fue quejarse de las groserías del oficial, que se valió de su autoridad para arrestarlo. Además, le roció gas pimienta en los ojos por querer cambiarse la ropa mojada antes de montarse en la patrulla.

Junto con Castro fue detenido Orlando González, que se dedica a transportar a turistas y también se quejó de la acción del teniente.

Además de la paliza que les dieron cinco policías “por órdenes de de la Espada”, Castro y González fueron multados con 60 dólares cada uno por la corregiduría de Iturralde, La Chorrera, y liberados el lunes siguiente en la mañana.

Antes de esto, en el cuartel les tomaron fotos desde todos los ángulos con un letrero que tenía escrita una numeración.

Al llegar a su casa, su esposa se desmayó tras verle los glúteos, y temió que lo hubieran dejado discapacitado, porque ella y sus tres hijos dependen de él.

“Las mismas leyes que han hecho el ministro de Seguridad, [José Raúl] Mulino, y el director de la PN, Gustavo Pérez, les han dado una patente de corso a los policías para que destrocen a los ciudadanos que trabajamos por este país”, denunció el empresario.

Castro tiene una empresa que hace trabajos de electromecánica y montaje de grúas, la cual da trabajo a más de 30 personas.

REGISTRO PÚBLICO

Su caso y el del nefrólogo Rafael Pérez Carillo –este último agredido el pasado jueves 22 de septiembre al reclamar por el retraso en un retén instalado en El Carmen– llegaron a los medios de comunicación después de que ambos decidieran denunciar a los policías.

Sin embargo, a criterio de Castro, casi todos los días ocurren agresiones similares, pero quedan impunes porque las víctimas no se atreven a denunciar.

“Las personas tienen mucho temor o ignoran cómo hacer una denuncia”, explicó Castro, al tiempo que advirtió que si los casos no se conocen públicamente, los resultados de una eventual investigación terminan siendo un “secreto de Estado”.

Este diario pidió a la PN las estadísticas de denuncias de abusos policiales presentadas entre 2010 y 2011 ante la Dirección de Responsabilidad Profesional (DRP), así como los detalles de las sanciones o absoluciones otorgadas por esos casos; sin embargo, la respuesta no contesta las interrogantes.

“Durante los dos años de la gestión del director Gustavo Pérez se ha enmarcado una meta de cero tolerancia a la corrupción, por lo que se ha destituido a más de 2 mil 400 policías por faltas administrativas y corrupción”, contestó el departamento de Relaciones Públicas de la PN mediante un correo electrónico.

Dicha respuesta fue parte de las declaraciones públicas dadas por Pérez el pasado lunes 26 de septiembre, al ser consultado acerca de la golpiza al médico Pérez Carillo.

Mientras tanto, en la Procuraduría de la Nación se informó que no llevan estadísticas de denuncias de abusos policiales, porque estos casos no son tratados como una especialidad y, cuando llegan, se reparten entre las 16 fiscalías de circuito.

A su turno, la Secretaría de Comunicación del Órgano Judicial explicó que las demandas por daños y perjuicios contra la PN llegan a la Sala Tercera de la Corte Suprema, pero allí tampoco se llevan estadísticas formales de esto.

Solo la Defensoría del Pueblo tiene un registro público de los casos de abusos policiales: siete denuncias en 2010 y 14 en lo que va de este año. Las cifras de 2011 incluyen los casos de Pérez Carillo (abierto de oficio) y de Castro.

PROCEDIMIENTO

El director de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, Eduardo López, explicó que en los casos de abusos policiales, la DRP de la Policía Nacional envía un informe de lo sucedido, pero los procesos demoran mucho tiempo y aún se desconoce si se han dado sanciones por los casos de 2010 y 2011.

“Dependemos de lo que pase allá”, dijo.

“Estamos en contra de cualquier abuso policial. El funcionario que sobrepasa los límites de la ley, puede tener responsabilidad penal”, expresó.

DENUNCIAS

Castro interpuso una denuncia en la DRP el pasado 6 de septiembre y hasta la fecha no sabe si se le ha dado trámite. Presume que el teniente de la Espada sigue trabajando, como si nada.

El 23 de septiembre pasado, al día siguiente de lo sucedido a Pérez Carillo, Castro presentó una querella penal en el Ministerio Público contra el teniente de la Espada por delitos contra la libertad individual y contra la vida e integridad personal.

Aportó como prueba el examen médico forense que le hizo el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

En el caso de Pérez Carillo, la PN se adelantó y presentó una denuncia en su contra. Lo acusan de golpear en la boca al sargento Ferdín González. Este proceso está en la Fiscalía Auxiliar. Pérez Carillo, a su vez, interpuso denuncias en la DRP y en el Ministerio Público.

Según la Ley 18 de 1997 (o Ley Orgánica de la PN), el “uso de la fuerza no letal” tiene cuatro niveles apropiados de aplicación: la persuasión, la reducción física, el uso de rociadores irritantes y finalmente el uso de la vara policial.

El proceso que realiza la DRP

La conformación de la Dirección de Responsabilidad Profesional (DRP) de la Policía Nacional (PN) parece ser, al igual que los demás procesos que desarrolla, una suerte de información clasificada.

Se preguntó a las autoridades de la PN sobre quiénes integran la entidad y qué es lo que hacen y solo respondieron que está conformada por “abogados civiles al servicio de la institución”. Una fuente interna de la PN reveló que la DRP es dirigida por la abogada Kauris Amador e integrada por abogados civiles con experiencia en el Ministerio Público y policías activos.

Según la fuente, la DRP -cuya sede está en Albrook- funciona como una fiscalía, que al terminar una investigación remite un expediente a la Junta Disciplinaria Superior, esta última integrada por tres comisionados y encargada de recomendar la sanción o absolución de los investigados. Al final, el que decide es el director, pero su criterio es apelable ante el Ministerio de Seguridad.

Rubén Polanco

Varios casos de abuso policial

En este gobierno los abusos policiales tomaron notoriedad con las protestas del 8 de julio de 2010, en Changuinola, Bocas del Toro, protagonizadas por indígenas en contra de la Ley 30, que reformaba el Código Minero.

El informe definitivo sobre esos sucesos, presentado por la Defensoría del Pueblo, dio cuenta de 716 heridos y dos muertos. Además, advirtió de otros cinco decesos, todos de niños, que podrían guardar relación con la inhalación de gases lacrimógenos.

También reportó 67 personas con impactos de perdigones en los ojos, dos de ellas con pérdida permanente de la visión.

Después de esto y a pesar de las críticas ciudadanas, la Asamblea aprobó la Ley 74 del 29 de octubre de 2010, según la cual “no habrá detención preventiva ni la suspensión provisional para los policías o miembros de la fuerza pública denunciados, querellados, imputados o procesados por el uso de la fuerza en cumplimiento del deber”.

El abogado Carlos Herrera Morán presentó una demanda de inconstitucionalidad contra esa ley, la cual no ha sido resuelta y permanece en el despacho del magistrado Jerónimo Mejía.

Otro episodio catalogado como un flagrante abuso policial fue el incendio ocurrido el 9 de enero de 2011 en el Centro de Cumplimiento de Menores de Tocumen, en el que siete adolescentesse quemaron, y cinco de ellos murieron.

Elio Núñez/Rubén Polanco

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