PROYECTO DE LEY 514

José Ugaz: ‘no se debe ahorcar al cantante’

El expresidente de Transparencia Internacional dice que las empresas que pactan acuerdos con el Ministerio Público están sujetas a ciertas reglas de conducta que se deben cumplir.

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José Ugaz fue procurador ‘ad hoc’ en el caso Fujimori-Montesinos, en Perú . Archivo- José Ugaz fue procurador ‘ad hoc’ en el caso Fujimori-Montesinos, en Perú . Archivo-
José Ugaz fue procurador ‘ad hoc’ en el caso Fujimori-Montesinos, en Perú . Archivo-

Desde Perú, José Ugaz le sigue el rastro a la manera como se administra y ejerce la justicia en Panamá. Su ojo de fiscal experto ve errores en el recién aprobado proyecto de ley 514, que hace imprescriptible los delitos de corrupción. Sustenta su punto con una frase del brasileño Sergio Moro, el juez del caso Lava Jato: “No se debe ahorcar al cantante”. Se refiere a los acuerdos de colaboración eficaz.

Panamá aprobó un proyecto de ley que hace imprescriptibles los delitos de corrupción, pero impide al Estado contratar con las empresas que han pactado acuerdos de colaboración. ¿Cuál es su análisis?

La colaboración eficaz para investigaciones complejas, y en particular para casos de corrupción, ya se ha demostrado que es una herramienta muy útil para la obtención de información, aceleramiento de procesos, obtención de pruebas, cooperación de activos, conocimiento de delitos que no se conoce, etc. Tiene un valor que nadie lo puede dudar y es un sistema que funciona basado en incentivos.

Es un grave error que se pretenda impedir contratar con el Estado a las empresas que entran en un proceso de colaboración. Como dice el juez Moro, uno de los abanderados de los procesos de colaboración: ‘No se debe ahorcar al cantante’.

¿Dónde queda el clamor ciudadano, que ha pedido que no se contrate a estas empresas?

Esa contratación tiene que estar sujeta a ciertas reglas de conducta que esas empresas deben cumplir. Tampoco se trata de decir: ‘usted cometió un delito grave y yo me hago de la vista gorda’. La empresa tiene que aplicar un programa de cumplimiento, tiene que establecer ciertos estándares de conducta en el futuro, que estarán a prueba; tiene que establecer cláusulas anticorrupción en los contratos. Incluso, puede ponerse un fidecomiso como lo establece la ley peruana. Pero borrar de un plumazo la posibilidad de que una empresa contrate con el Estado es quitarle el incentivo, y la consecuencia de eso es que nadie va a colaborar.

¿Cómo se manejó esta parte en Perú?

En el Perú esto se manejó muy mal al inicio, con la puesta en vigencia del decreto 003. Se pararon todas las obras grandes de infraestructura, se ha roto la cadena de pagos. Más de 145 empresas han quebrado: empresas que son proveedoras de esas grandes que son sujetas a los procesos anticorrupción; y decenas de miles de personas han quedado sin trabajo. Eso ocurrió también en Brasil como consecuencia de la situación difícil de Petrobras y otras compañías.

“La corrupción no va a desaparecer por la imprescriptibilidad, y tampoco va a desaparecer porque se aumenten las penas”.

José Ugaz Expresidente de Transparencia Internacional

¿Cuál era la esencia de esa ley?

Era un decreto que así, como el de ustedes, impedía que a futuro esas empresas contraten. Sancionaba con mayor rigor a las que colaboraban que a las que no. Y establecía que no podían mover ninguno de sus activos sin pedir antes autorización del Ministerio de Justicia, con lo cual se paralizaron todas las obras y se vino una situación de cesación de pagos que ha tenido un impacto muy negativo. Hoy día eso se ha corregido, el decreto fue derogado. Hay una nueva ley, la 30737, que establece la posibilidad de que esas empresas sí contraten con el Estado, pero sujetas a una serie de condiciones.

La semana pasada, el poder judicial destrabó el proceso y le dio un año más al Ministerio Público para que siga investigando, ¿un año es suficiente?

Definitivamente son casos muy complejos. Fíjese que Brasil ya tiene cuatro años en esas investigaciones y están a mitad de camino. En el Perú tenemos año y medio con avances importantes, pero estos procesos muy complejos pueden tomar mucho tiempo en llegar a su final. Un año de oxígeno es mejor a que lo tengan paralizado o que lo archiven. La Procuraduría tendrá que demostrar que tiene la capacidad técnica para mover esos procesos a la velocidad que sea posible, y el Órgano Judicial con flexibilidad mirar hacia delante, pues aquí no se trata de poner plazos fijos y rígidos. Deben ser plazos razonables, como lo establece el debido proceso legal y la Convención Americana de Derechos Humanos.

¿Cómo le ha ido a Perú con la ley de imprescriptibilidad ?

Ha habido todo un debate y forma parte del discurso fácil: ‘bueno, hay que poder hacerlos imprescriptibles y aumentar las penas’. Eso está más cerca de la demagogia que de la realidad. La corrupción no va a desaparecer por la imprescriptibilidad, y tampoco va a desaparecer porque se aumenten las penas. Se requiere un tratamiento integral en el ámbito de la prevención y mucha inteligencia y manejo de datos y de seguimiento de dinero en las investigaciones. La prescripción o no prescripción, por supuesto, es mejor que exista, pero no será la varita mágica que resolverá el problema.

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