JUNTA DIRECTIVA DE LA AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMÁ

Sin decisión sobre Nicolás Corcione y Henri Mizrachi

El mandatario prometió que solicitaría un informe sobre las acciones que se pueden adoptar en relación con la remoción de un directivo de la vía acuática.

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Nicolás Corcione y Henri Mizrachi, integrantes de la junta directiva de la ACP. Nicolás Corcione y Henri Mizrachi, integrantes de la junta directiva de la ACP.
Nicolás Corcione y Henri Mizrachi, integrantes de la junta directiva de la ACP. LA PRENSA/Archivo

Dos meses después de que el presidente Juan Carlos Varela anunciara que evaluaría la permanencia de Nicolás CorcioneHenri Mizrachi en la junta directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), este paso no se ha concretado.

Corcione y Mizrachi, además de incumplir sus funciones como miembros de esa junta directiva, dado que no han asistido a las reuniones del organismo en los últimos ocho meses, son investigados por la Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada por la posible comisión del delito de blanqueo de capitales, como parte del denominado caso New Business.

Varela se comprometió a solicitar un informe al equipo legal de la Presidencia de la República, para conocer cuáles son las acciones que se pueden adoptar, pero aún no se conoce el estatus del documento.

El artículo 20 de la Ley 19 de 1997, orgánica de la ACP, dice que es competencia del presidente de la República, con el acuerdo del Consejo de Gabinete y de la Asamblea Nacional, suspender o remover del cargo a esos directivos ante la comisión de delito doloso o contra la administración pública, o cuando se demuestre la incapacidad física, mental o administrativa de la persona.

CORCIONE Y MIZRACHI SIGUEN AUSENTES Y EL EJECUTIVO CALLA

El Órgano Ejecutivo continúa sin tomar una decisión con respecto a Nicolás Corcione y a Henri Mizrachi, miembros de la junta directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), quienes no asisten a las reuniones de ese organismo desde hace, al menos, ocho meses.

Corcione y Mizrachi, nombrados como directivos de la ACP en 2010 y 2013 –respectivamente– por el entonces presidente, Ricardo Martinelli, son investigados por la Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada, que incluso pidió a Interpol su detención, como parte de la investigación por la posible comisión del delito de blanqueo de capitales en el denominado caso New Business, relacionado con el supuesto uso de fondos públicos para comprar Editora Panamá América, S.A.

La medida, solicitada por el fiscal David Mendoza, está sustentada en que los dos directivos de la ACP no han comparecido al proceso y además tienen informes de que están fuera del país.

Según reportes de la ACP, la última vez que Mizrachi asistió a las reuniones de la directiva fue el 19 de junio de 2017, mientras que Corcione lo hizo el 10 de agosto de ese mismo año.

SIN RESPUESTA

El pasado 5 de diciembre, el presidente de la República, Juan Carlos Varela, informó que la permanencia de Corcione y Mizrachi sería evaluada. En aras de “proteger la imagen y las estructuras legales de la ACP”, el mandatario aseveró que solicitaría un informe al equipo legal de la Presidencia de la República, a fin de conocer cuáles son las acciones que se pueden adoptar.

Este diario le consultó el pasado 12 de diciembre al viceministro de la Presidencia, Salvador Sánchez, sobre el estatus de esta solicitud, y el funcionario respondió que haría las consultas pertinentes; sin embargo, indicó que creía que no se había presentado aún.

Ayer, La Prensa volvió a hacer las consultas sobre este tema a la Secretaría de Comunicación del Estado y al ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, pero al cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.

El tema tomó relevancia los últimos días, luego de que la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) pidió un informe de la asistencia de Corcione y Mizrachi a las reuniones de la directiva.

La petición consta en una nota que la directora de la Antai, Angélica Maytín, remitió al presidente de la ACP, Roberto Roy, en la que solicitó conocer la asistencia de ambos entre 2015 y la actualidad.

Roy dijo ayer a este diario que la misiva fue recibida el pasado martes. “La información está siendo recopilada y se le enviará a la Antai con todo el detalle”, afirmó.

Al preguntársele si la directiva ha tratado la situación de Corcione y Mizrachi, Roy contestó: “La directiva es un cuerpo colegiado y allí se tratan todos estos temas de acuerdo a los reglamentos”. No dio más detalles.

Para Guillermo Quijano, exdirectivo de la ACP y expresidente del Comité de Modernización del Canal, los miembros de la directiva tienen la responsabilidad de participar y formar parte de los comités, como en cualquier otra junta directiva privada o pública. “Lamentablemente, el reglamento de la ACP no tiene escritos los requisitos de asistencia. En otras juntas directivas sí existe ese reglamento [...] Si los miembros de una junta directiva no quieren o no pueden asistir a las reuniones de la propia junta o no asisten a los comités de la Autoridad del Canal, lo más indicado es que renuncien a su puesto”, señaló.

A juicio de Quijano, es cierto que el Ejecutivo no tiene potestad para destituir a un miembro de la junta directiva de la ACP por ausencias, porque eso no está en el reglamento, pero opinó que debe actuar. “Estaría muy de acuerdo con que el Ejecutivo tome alguna acción sobre la asistencia de algunos miembros de esta directiva, que es la más importante de la nación panameña”, expresó.

Otro exmiembro de la junta directiva de la ACP, Eduardo Quirós, dijo que es una situación inédita, por lo que entiende que el Ejecutivo actúe con precisión.

“Por otro lado, también es inusual un periodo tan prolongado de ausencias. Ser director del Canal de Panamá es un honor que conlleva una enorme responsabilidad, por lo que en mi opinión implica estándares éticos que van más allá de lo que señala la ley y los reglamentos. Lo que no debe suceder es mantener el statu quo, porque eso perjudica al Canal”, indicó.

VIEJA DATA

El presidente Juan Carlos Varela ha estado en mora con este asunto desde agosto de 2015, cuando la directora de la Antai le pidió a la directiva de la ACP que Corcione fuera separado del cargo, tras ser vinculado a un supuesto blanqueo de capitales relacionado con cuentas del exmagistrado Alejandro Moncada Luna, condenado en marzo de 2015 por la Asamblea Nacional a cinco años de prisión por enriquecimiento injustificado y falsedad.

Ante esa petición, la junta directiva de la ACP respondió a Maytín que no tenía facultad legal para suspender o remover a alguno de sus miembros –en este caso Corcione–, y dejó en manos de Varela la decisión de suspenderlo o no.

Se apoyó en el artículo 20 de la Ley 19 de 1997, que organiza la entidad, el cual establece que es competencia del presidente de la República, con el acuerdo del Consejo de Gabinete y de la Asamblea Nacional, suspender o remover del cargo a los directivos ante la comisión de delito doloso o contra la administración pública determinado por la autoridad competente, o que se demuestre la incapacidad física, mental o administrativa de la persona.

En septiembre de 2015, un mes después de que la ACP emitiera la misiva en mención, el propio Varela insistió en su deseo de hacer un debate sobre esta decisión, luego de que con ley en mano se le cuestionara sobre el particular. Sin embargo, eso nunca ocurrió y finalmente el caso relacionado con cuentas de Moncada Luna y en el que se vinculaba a Corcione fue anulado y archivado por un fallo del Segundo Tribunal Superior de Justicia en octubre de 2016.

Algunos de los que en ese momento formaban parte de la directiva de la ACP, como Adolfo Ahumada, manifestaron que el tema de Corcione era “delicado y complicado”.

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