INVESTIGACIÓN POR TIERRAS EN BOCAS DEL TORO

Estado se defiende de demanda millonaria

Autoridades panameñas evalúan investigar supuesta defraudación al fisco, que habría revelado el demandante, en la compra de cuatro fincas en Bocas del Toro.

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En riesgo se encuentra el tercer humedal de importancia internacional que tiene Panamá, tras la demanda millonaria que interpuso el político costarricense contra el Estado. Los indígenas reclaman posesión de las tierras. En riesgo se encuentra el tercer humedal de importancia internacional que tiene Panamá, tras la demanda millonaria que interpuso el político costarricense contra el Estado. Los indígenas reclaman posesión de las tierras.
En riesgo se encuentra el tercer humedal de importancia internacional que tiene Panamá, tras la demanda millonaria que interpuso el político costarricense contra el Estado. Los indígenas reclaman posesión de las tierras. Archivo

Panamá se defendió de una demanda de $100 millones interpuesta por el diputado de Costa Rica Antonio Álvarez Desanti, quien acaparó tierras, tras cuestionados procesos judiciales, y que exige la inclusión de fincas, ubicadas en Bocas del Toro, en el humedal Damani-Guariviara, en la comarca Ngäbe Buglé.

En la audiencia, efectuada entre el 2 y el 7 de este mes en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial, en Washington, Estados Unidos, se evidenció que dos de cuatro fincas que posee el político están en Chiriquí Grande, en Bocas del Toro, y no en el humedal.

Durante el interrogatorio, el político admitió que se reportó al fisco panameño “un precio distinto en las escrituras públicas”, revelaron medios de Costa Rica.

Se conoció que el político confesó que ello es “una mala práctica” en América Latina. Reportar un costo inferior al valor real supondría pagar menos impuestos al Estado panameño.

En el Registro Público se observa que los vendedores recibieron $197 mil por 685 hectáreas que traspasaron a Desarrollo Ecoturístico Cañaveral, representada por el tico. Una fuente informó que no se descarta investigar la posible evasión de impuestos, tema que evalúa el Ministerio de Economía.

UN ‘DUDOSO NEGOCIO’ DE TIERRAS

Antonio Álvarez Desanti Expandir Imagen
Antonio Álvarez Desanti LA PRENSA/Archivo

El Gobierno panameño viene a saber ahora que hace más de seis años, el diputado de Costa Rica Antonio Álvarez Desanti tendría conocimiento de que en el proceso de compraventa de cuatro fincas que adquirió en Bocas del Toro –a través de la sociedad Desarrollo Ecoturístico Cañaveral (Decsa)– se habría reflejado un monto inferior al declarado en las escrituras públicas.

A pesar de ello, el político aspirante a la presidencia de ese país, ha ido más allá al demandar al Estado panameño por $100 millones en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial.

Álvarez Desanti habría admitido ante el tribunal, con sede en Washington, Estado Unidos, que se reflejó“un precio distinto en las escrituras públicas”, informaron medios costarricenses.

REVELACIONES

Unos 64 kilómetros de distancia separan la finca 433 –que exige Decsa, representada por Álvarez Desanti– del humedal internacional Damani–Guariviara, en la comarca Ngäbe Buglé.

Pero no es el único terreno comprado por el político tico que está lejos del humedal y que se ubica en Chiriquí Grande, en Bocas del Toro. Otra propiedad –la 949– está ubicada a 45 kilómetros de distancia, reveló una fuente vinculada a la investigación.

Álvarez Desanti intenta probar que estas dos fincas están en el humedal, a fin de sustentar su demanda millonaria contra el Estado panameño.

En la audiencia, celebrada entre el 2 y el 7 de octubre pasado en Washington –en la sede del Ciadi– la confirmación del lugar de la ubicación de las fincas no fue lo único que quedó evidenciado.

CONFESIONES

Álvarez Desanti habría reconocido que es una “mala práctica” en América Latina que no se reporten “los valores reales” de las ventas. Con ello se evita pagar el monto real del impuesto al Estado por la compra-venta de las fincas.

El diputado tico habría respondido a una interrogante sobre la desproporción existente entre el “pago de $200 mil que recibieron indígenas” y los $3.6 millones que manejó Evisilda Martínez, abogada que negoció las tierras con Álvarez Desanti antes de obtener fallos favorables en procesos de prescripción adquisitiva entre 2010 y 2011 que permitieron su traspaso a la sociedad Decsa.

Una investigación de La Prensa reveló que Evisilda Martínez, sin ser la dueña ni tener los fallos favorables de los procesos legales de las tierras, firmó un contrato de compraventa con Álvarez Desanti de cinco fincas, entre el 30 de enero de 2010 en Panamá y el 1 de febrero de ese año en Costa Rica.

Al final de la transacción, el diputado compró 685 hectáreas aglutinadas en cuatro fincas. En la audiencia, el político costarricense confirmó la existencia del documento.

Martínez, acompañada de su esposo, Francisco Castillo, y otros abogados vinculados a ellos, inscribieron 11 procesos de prescripción adquisitiva, que fueron fallados favorablemente por el entonces juez de Bocas del Toro Manuel García y su suplente en el cargo, Vilma Bryan.

Medios de Costa Rica reportaron que en la audiencia, el diputado habría admitido situaciones irregulares en la compraventa de la tierra. Se indicó que fue cuestionado porque el precio que reflejan las escrituras públicas respecto al precio realmente pagado por las cuatro fincas no es el mismo.

En el extracto del interrogatorio se le preguntó al político costarricense: “Usted, si mal no recuerdo, fue esta la pregunta del señor presidente [de la audiencia en el Ciadi], describió que, desafortunadamente, en sus países, hasta [hace] pocos años, esto era una costumbre normal para evitar el pago de impuestos”, a lo que el político respondió“correcto”.

Este medio intentó obtener la versión de Álvarez Desanti, pero indicó que, por un acuerdo de “confidencialidad”, no haría comentarios.

CAMBIO DE UBICACIÓN

Varias son las correcciones que solicitaron los demandantes. Por ejemplo, el 23 de mayo de 2011, es decir, un año después de que Decsa fuera vendida a Álvarez Desanti y a sus socios, insistieron en modificar la ubicación de la finca 949, como se puede observar en documentos del Registro Público.

En la solicitud de modificación, se indica que el 29 de junio de 2010 se dio el fallo a favor del proceso de prescripción adquisitiva en beneficio de Feliciano Beker, hoy procesado por la venta de tierras en Bocas del Toro.

Curiosamente, la solicitud fue firmada por la que también fue jueza suplente en el Primer Circuito de Bocas del Toro, Vilma Bryan.

Las primeras 485 hectáreas que adquirió Decsa fueron pagadas a un promedio de entre 2 y 3 centavos el metro cuadrado. La negociación de las fincas con Evisilda Martínez se inició en julio de 2009, admitió el costarricense Alonso Arroyo (q.e.p.d.) en una entrevista con La Prensa en 2013.

MISTERIO POR RESOLVER

En este proceso había alguien que tenía mucho que aportar: Franklin Oduber, exdirector de Anati.

Oduber –citado por la Ciadi– relató en la audiencia no solo cómo se confirmó que las tierras que exige Decsa están fuera del humedal, sino que enumeró una serie de irregularidades en el proceso de su adquisición.

Cuando le mostraron los planos de las fincas que asegura haber comprado Álvarez Desanti a través de Decsa, Oduber dijo que detectó que estos fueron “alterados”.

Dijo que tenían dos errores importantes, por lo que estaban alterados. Por ejemplo, afirmó que el plano debe tener dos sellos y el que le mostraron solo tenía uno. Además, que estaba firmado con tinta azul, cuando es un hecho conocido que en Anati todo se firma con tinta negra, para que perdure en el tiempo.

No fue todo. Añadió que en los procesos de prescripción adquisitiva se contrataron peritos privados y no se solicitaron colaboradores de Anati.

Sustentó que tampoco el entonces juez García le pidió ayuda para utilizar sus topógrafos. Y para probarlo, Oduber dijo que había encontrado correos en los que él cuestionaba esa situación. Agregó que todo fue “un proceso irregular” y que “ahí hubo irregularidades”. Y aunque aclaró que no es abogado para saber sobre el manejo de los expedientes de prescripción, insistió en que los planos usados “estaban alterados”.

La decisión de los árbitros de la Ciadi sobre las pretensiones de Álvarez Desanti de una indemnización millonaria por parte del Estado panameño a su favor se conocerá dentro de seis meses.

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