Análisis

La demanda misteriosa

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El magistrado de la Corte Suprema de Justicia Luis Ramón Fábrega es el ponente de un peculiar recurso de inconstitucionalidad, propuesto por el jurista Carlos Carrillo en representación del expresidente de la República Ricardo Martinelli.

La demanda de inconstitucionalidad pretende que la Corte Suprema invalide la orden verbal emitida por el magistrado Jerónimo Mejía, el pasado 27 de junio de 2018, con la que se negó un incidente de objeción que buscaba anular el caso de los pinchazos por falta de una imputación.

Usualmente, los actos, órdenes de hacer o de no hacer provenientes de los servidores públicos son impugnables por vía del amparo de garantías constitucionales. Inicialmente, la decisión del magistrado Mejía fue atacada con un amparo que fue rechazado el pasado 9 de febrero por el pleno de la Corte Suprema.

La Constitución y la legislación procesal panameña permiten que un acto realizado por una autoridad también sea impugnado por vía de una demanda de inconstitucionalidad. De acuerdo con declaraciones del abogado Carrillo, “la defensa decidió presentar y someter la revisión vía inconstitucionalidad para que el pleno de la Corte se pronuncie si es posible que existe un procedimiento [judicial] en la República de Panamá que acepte que haya una acusación sin [previa] imputación”.

El quid del debate jurídico es muy simple: ¿se violó el debido proceso en el caso de los pinchazos? Para entender esta paradoja es clave comprender que en la primera parte del proceso al expresidente Ricardo Martinelli se le aplicaron las reglas especiales que establece el Código Procesal Penal en los procesos “contra los miembros de la Asamblea Nacional”. En ese conjunto de reglas, el artículo 492 establece que el magistrado fiscal puede presentar un escrito para elevar la causa a juicio, y que se realizará como paso siguiente una “audiencia de formulación de acusación”. El texto del artículo 492 no exige que exista una imputación previa.

Cabe destacar que estas reglas especiales fueron modificadas en la administración de Ricardo Martinelli, quien firmó la Ley 55 de 2012, que es la norma que estableció el lenguaje actual del artículo 492.

Entonces, queda claro que el abogado Carrillo debió demandar la inconstitucionalidad del artículo 492 y no la orden verbal de Jerónimo Mejía. Sin embargo, la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 492 regiría para el futuro, mientras que la inconstitucionalidad de la orden verbal de Mejía podría producir una nulidad constitucional del acto impugnado y por lo tanto de gran parte del caso de los pinchazos.

El autor es abogado.

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