CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Más denuncias por donativos de la Asamblea Nacional

Ayer fue presentada en la CSJ la tercera acción por las supuestas anomalías en las donaciones gestionadas por la Asamblea Nacional.

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El abogado Carlos Herrera Morán (a la derecha), seguido de Freddy Pittí, de la sociedad civil, interpusieron ayer una denuncia en la Corte para que se investigue a 13 diputados por las donaciones y subsidios entregados por la Asamblea Nacional. El abogado Carlos Herrera Morán (a la derecha), seguido de Freddy Pittí, de la sociedad civil, interpusieron ayer una denuncia en la Corte para que se investigue a 13 diputados por las donaciones y subsidios entregados por la Asamblea Nacional.
El abogado Carlos Herrera Morán (a la derecha), seguido de Freddy Pittí, de la sociedad civil, interpusieron ayer una denuncia en la Corte para que se investigue a 13 diputados por las donaciones y subsidios entregados por la Asamblea Nacional. Luis García

Al menos tres denuncias penales han sido presentadas ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por supuestas anomalías en las donaciones, subsidios y contratos por servicios profesionales gestionados por la Asamblea Nacional.

Estas acciones se dan luego de que La Prensa  documentara que entre julio de 2014 y el 3 de marzo de 2017 el Legislativo gestionó $14 millones en donaciones y subsidios, así como otros $68 millones en contrataciones de servicios profesionales –entre julio de 2014 y el 31 de diciembre de 2016–, dinero que en algunas ocasiones no fue a parar a sus beneficiarios originales.

En las tres denuncias se señala al presidente de la Asamblea, el perredista Rubén De León, como supuesto autor de varios delitos.

La primera denuncia llegó a la CSJ el 15 de este mes de mano del abogado Ernesto Cedeño, quien solicitó que se investigue a De León por la presunta comisión de delitos contra la administración pública (peculado), delitos electorales y asociación ilícita para delinquir.

El pleno de la CSJ se reuniría hoy para decidir si admite o no esta acción interpuesta por Cedeño, y que tiene como magistrado ponente a Cecilio Cedalise.

Como prueba idónea de su denuncia, el abogado presentó una nota con la información del Ministerio de Economía y Finanzas que contempla los recursos asignados y pagados en donativos y subsidios a personas por la Asamblea Nacional durante los periodos mencionados.

Un día después de que Cedeño interpuso su denuncia, es decir, el 16 de marzo pasado, el pleno de la CSJ declaró inconstitucional el Decreto 441 de octubre de 2016 de la Contraloría General de la República, que establecía los requisitos y controles para otorgar apoyos de la Asamblea.

La segunda denuncia penal por los donativos fue interpuesta el 22 de marzo por el abogado Alexis Sinclair, quien señaló al diputado De León y al contralor general de la República, Federico Humbert, como presuntos autores de delitos contra la administración pública, específicamente peculado, corrupción de servidores públicos, enriquecimiento injustificado, tráfico de influencias, concusión y exacción y abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos.

Asimismo, les endilgó la presunta comisión de delitos contra la administración de justicia, específicamente encubrimiento.

Según la denuncia, desde octubre de 2016 –fecha en la que fue publicado en Gaceta Oficial el Decreto 441–“se han estado repartiendo decenas de millones de fondos públicos contraviniendo claras disposiciones de rango constitucional y legal sin que los funcionarios obligados por ley a preservar y fiscalizar el erario nacional cumplieran con las atribuciones, funciones y deberes propios de su cargo”.

Hasta el momento, se desconoce el magistrado ponente de esta denuncia. No obstante, en la sesión extraordinaria del pleno de la Corte, celebrada el pasado martes, también se discutió la acumulación de la denuncia de Sinclair, pero no hubo una definición.

Finalmente, la tercera acción fue presentada ayer por el abogado Carlos Herrera Morán y Freddy Pittí, miembro del movimiento ciudadano Juntos Decidimos.

Ellos señalan a 13 diputados, incluyendo al presidente del Legislativo, por la posible comisión de delitos contra la administración pública en la modalidad de peculado.

Estos son: Dalia Bernal, Katleen Levy, Elías Castillo, Miguel Salas, Alfredo Pérez, Carlos Afú, Benicio Robinson, Crescencia Prado, Juan Poveda, Mario Miller, Adolfo Valderrama, Juan Carlos Arango y Rubén De León.

“A nuestro juicio, [los diputados] han incurrido en grandes delitos contra la administración pública, lo que ha traído como consecuencia un perjuicio patrimonial al erario público de decenas de millones de dólares, por lo que este grupo de denunciados deberá responderante los tribunales de justicia”, expresó Carlos Herrera Morán.

De acuerdo con el abogado, si este hecho no se investiga “quedará al descubierto” que entre la Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Nacional existe un pacto de no agresión, “ni tú me investigas, ni yo te investigo”.

Las pruebas aportadas fueron las copias certificadas de las publicaciones de La Prensa del 6 de marzo de 2017 al 11 de marzo pasado, así como de las notas de los días 13 y 14 de marzo de este año.

Los diputados Levy y Castillo evitaron dar comentarios, alegando que “desconocían la denuncia”, mientras que Valderrama dijo que los denunciantes ejercen su derecho ciudadano.

En tanto, Rubén De León y el resto de los diputados señalados no contestaron las llamadas que les hizo este medio.

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