CONDICIÓN. PROTECCIÓN temporal Humanitaria.

Sin derechos en la selva

Han pasado 17 meses desde que se promulgó la Ley No. 81, y 14 meses desde su implementación, pero ningún refugiado ha cambiado su estatus.
PROBLEMA. Las personas protegidas temporalmente no tienen oportunidad de movilizarse fuera del pueblo que las acogió en la provincia de Darién. CORTESÍA Vicariato Apostólico de Darién PROBLEMA. Las personas protegidas temporalmente no tienen oportunidad de movilizarse fuera del pueblo que las acogió en la provincia de Darién. CORTESÍA Vicariato Apostólico de Darién
PROBLEMA. Las personas protegidas temporalmente no tienen oportunidad de movilizarse fuera del pueblo que las acogió en la provincia de Darién. CORTESÍA Vicariato Apostólico de Darién

En la provincia de Darién hay más de 400 colombianos que esperan ser regularizados en el país.

Estos extranjeros comenzaron a llegar desde 1996 a tierras darienitas, debido a los enfrentamientos armados en su país. A partir de 2004 fueron amparados bajo el estatuto de Protegido Temporal Humanitario (PTH).

Se trata de una condición que les impide trabajar, movilizarse dentro de suelo istmeño y los obliga a permanecer en la comunidad que los acogió a su llegada.

No fue hasta el 13 de diciembre de 2011 que se promulgó la Ley No. 81, que permite a los PTH aplicar el estatus de residente permanente en Panamá, y en marzo de 2012 empezó la implementación de la norma.

Han pasado 17 meses desde que fue promulgada la ley y 14 meses de la implementación, pero a la fecha no hay ningún PTH que haya cambiado su estatus.

Esto porque el proceso de regularización va lento, causando que los refugiados se desesperen.

Este medio conversó con una persona protegida temporalmente. Se trata de una colombiana que desde hace 15 años llegó con su familia desde el Chocó colombiano al pueblo darienita de Yape. Ella prefirió no revelar su nombre, por temor.

Reconoce que la espera para lograr movilizarse libremente en el país ha sido demasiada. Su frustración aumenta al saber que en diciembre próximo vencen los dos años de vigencia de la Ley No. 81 y los avances en el tema son nulos.

Al menos ha tenido acceso a la educación y servicios de salud, no así a trabajo y poder viajar con frecuencia a la ciudad, pues para ello necesita un permiso de la Oficina Nacional para Atención a Refugiados (Onpar) y no siempre lo consigue, dice.

Ella lleva tres meses con un carné de PTH vencido y manifiesta que las veces que llama a Onpar, en la capital, le informan que la máquina con que elaboran las identificaciones está dañada.

Larga Espera y dudas

Jorge Ayala, coordinador de la Pastoral de Movilidad Humana del Vicariato Apostólico de Darién, cuenta que durante las visitas al área los ciudadanos manifiestan sentirse engañados.

Según Ayala, los PTH piensan que en diciembre próximo finaliza este proceso, pero las autoridades han dicho que culmina en marzo de 2014, que es la fecha tope para alcanzar este objetivo.

“La gente no lo entiende así, y se desespera”, agrega Ayala, quien destaca que lo que más añoran los PTH es trabajar y movilizarse, pues sienten que las comunidades son cárceles.

El Censo Binacional (Colombia-Panamá) hecho entre 2004 y 2005 registró 899 personas en esta condición, pero Onpar solo tiene registradas 402; de este total, 155 tienen los documentos completos.

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidades da seguimiento al proceso de regularización, que tiene una vigencia de dos años.

 409 faltan aún por censar

La directora de la Oficina Nacional para la Atención de los Refugiados (Onpar), Mayra Silvera, señaló que el Censo Binacional Panamá-Colombia 2004-2005 registró 899 colombianos bajo el estatuto de Protección Temporal Humanitaria (PTH). No obstante, hasta la fecha solo se han documentado 490, por lo que hace falta ubicar a 409 ciudadanos en esta condición. La cifra de fallecidos se desconoce. Adelantó que a mediados de junio próximo se hará una gira con instituciones gubernamentales y organizaciones que trabajan con esta población para actualizar sus documentos. La directora de Onpar dijo que todavía están a tiempo para cumplir con este compromiso, ya que la Ley No. 81 fue sancionada en 2011, pero entró en vigencia en marzo de 2012 y, por lo tanto, su implementación vence en marzo del próximo año.

DIDIER HERNÁN GIL GIL

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