LANZAMIENTOS Y EXPROPIACIONES EN EL CASCO ANTIGUO

Un desalojo con nombre y apellido

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial pagó una indemnización para que varios inquilinos abandonaran un inmueble de empleados de Ricamar.

Todo empezó a principios de septiembre, cuando funcionarios del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) se acercaron al inmueble 3-36 en el Casco Antiguo, corregimiento de San Felipe.

“Buenos días, señora, somos del Miviot y queremos sostener una reunión con ustedes, ya que esta propiedad está en mal estado”, cuenta la señora María sobre el primer encuentro con los servidores de la entidad.

Tanto a esta mujer como a los demás moradores les sorprendió la visita, debido a que si bien el caserón es antiguo, solo el año pasado la junta comunal de San Felipe había reparado las paredes y acondicionado otras estructuras de la propiedad ubicada en calle 12, popularmente conocida como la bajada del Ñopo, por un español que residió allí.

Pasaron los días y llegó el 23 de septiembre, fecha de la reunión. En el encuentro les plantearon que debían salir del lugar y que el Miviot los indemnizaría.

Algunos estuvieron de acuerdo y otros rechazaron la propuesta. No obstante, a los que sí aceptaron les hicieron firmar un “compromiso de corresponsabilidad” que explica tres obligaciones con los beneficiarios.

En el primero, el Miviot señalaba que por “el deterioro que presenta el inmueble, lo que representa un riesgo de futuro desplome e incendio, se compromete a ofrecer un subsidio a cada familia por un período de seis meses prorrogables a razón de $150 por mes, hasta que se le otorgue una solución en el proyecto habitacional que realizará la entidad en el corregimiento de Santa Ana”.

Quienes aceptaran se comprometían a desocupar el inmueble en 15 días calendario, a partir del retiro del subsidio. Ese plazo venció el 8 de octubre.

Y por último, el beneficiario se comprometía a no incurrir en acciones que alteren el orden público como manifestaciones, protestas y cierre de calles, entre otras.

El documento tiene la firma de Uarren Beitía, director nacional de Desarrollo Social del Miviot. Incluso los comprobantes de pago de los cheques entregados señalan que esos recursos son del Fondo de Asistencia Habitacional y se les brinda a esas personas por ser “damnificadas”.

De un total de 19 familias, 4 aceptaron la propuesta, y el resto aún está en el inmueble que forma parte del Conjunto Monumental Casco Antiguo-Panamá Viejo, declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

ALLEGADOS A MARTINELLI

Este desalojo hubiese sido uno más de los que se están dando dentro del Casco Antiguo, si no fuese porque colaboradores de Ricamar están vinculados a la propiedad. Resulta que este caserón hasta principios de 2010 fue de Ricamar, S.A., un grupo comercial que pertenece al presidente de la República, Ricardo Martinelli.

Sin embargo, el 19 de enero de 2010 pasó a manos de la sociedad Constructora Mar del Norte en la que aparecen como presidente Ulises Dioger González, y como tesorero y secretario Roberto Luzcando Ruiz (ver documentos adjuntos).

Dioger González es padre de la exdirectora del Sistema Nacional de Migración María Cristina González, y también es dignatario de un sinnúmero de sociedades anónimas del Presidente y miembros de su familia. Igualmente es el jefe de seguridad del Súper 99, propiedad de Martinelli.

Por su parte, Roberto Luzcando Ruiz es vicepresidente de Compras del Súper 99.

Hay otro personaje que resalta en esa sociedad. Se trata de Mario Enrique Martinelli Berrocal, quien es hermano del Presidente. Mario Enrique Martinelli es el agente residente de Constructora Mar del Norte y también de Ricamar, S.A.

Contactar tanto a González como a Luzcando fue infructuoso, porque cuando se hizo el intento en Ricamar, S.A. se informó que ninguno de los dos estaba en la empresa. Incluso una de las secretarias dijo que Luzcando sí estaba, y después que había salido del país.

En el caso de González la excusa fue que no se encontraba y que llegaría en la tarde, pero cuando se intentó nuevamente la comunicación se informó que seguía fuera de la oficina.

Para el exviceministro del Miviot José Batista no es correcto que la entidad indemnice cuando se trata de una propiedad privada.

En el caso del Casco Antiguo, la Ley No. 9 de 1997 dice que el propietario de una edificación en el lugar histórico, para solicitar un desalojo debe presentar un proyecto de “restauración”, siempre que “los planos del anteproyecto hayan sido elaborados de conformidad con las especificaciones y normas sobre la materia, y hayan sido aprobados”.

No obstante, este medio pudo conocer que para ese inmueble, en estos momentos, no hay un proyecto de restauración.

De igual modo, la norma sostiene que adicionalmente al plazo para desocupar el inmueble, el arrendador “pagará una suma en concepto de indemnización”.

Aunque los propios documentos del Miviot señalan que quien los está subsidiando por desalojar la estructura es el Estado.

El último informe de la Dirección de Patrimonio Histórico señala que el 87% de los bienes es propiedad privada, el 11% pertenece al Estado y el 2% pertenece a la Iglesia católica.

Las autoridades de Patrimonio Histórico solicitaron a mediados de este año a los dueños de terrenos que pongan en valor las propiedades del Conjunto Monumental, ya que esto afecta las relaciones que tiene el Estado con el Centro de Patrimonio Mundial de la Unesco.

Actualmente, en la Ley No. 9 se establecen multas de $1,000 hasta $10 mil para dueños de inmuebles que incumplan con la restauración y mejoras de sus propiedades. Aunque el proyecto de ley 433 que espera segundo debate en la Asamblea Nacional y que “actualiza el régimen fiscal para la rehabilitación y puesta en valor del Conjunto Monumental Histórico del Casco Antiguo de la ciudad de Panamá” establece sanciones de $5 mil hasta $150 mil.

MIVIOT Y DESALOJOS

El tema del desalojo en el inmueble 3-36 fue llevado por los residentes al Consejo Municipal de Panamá.

En ese sentido, Gilberto Gutiérrez, vocero de los moradores, manifestó que se encuentran en una encrucijada por la situación de una orden de desalojo que se ha girado en contra de las 19 familias que allí habitan.

Gutiérrez agregó que los “dueños inescrupulosos que han comprado residencias abusan de los pobres, ya que cuando desean construir ofrecen una cantidad de dinero y abruman a los moradores con presiones para que salgan del lugar”.

Por su parte, el edil de San Felipe, Mario Kennedy, acusó a los poderosos de apropiarse de terrenos que eran del Banco Hipotecario y mencionó que “muchos de ellos tienen nexos con personas allegadas al Presidente”.

A raíz de lo que sucede con el inmueble 3-36 en que colaboradores de Ricamar están vinculados, Kennedy solicitó a la alcaldesa Roxana Méndez que busque una solución para detener estos abusos y pida a los corregidores se detengan esos desalojos.

Además, que se investigue por qué un caserón que no está en mal estado debe ser desalojado y por qué el Miviot tiene tanto interés en sacar a esas personas.

La exdirectora del Inac Ana Elena Porras indicó que en el Casco Antiguo se está dando una práctica muy común y es que las propiedades del Estado están pasando a manos privadas y las que son de particulares están incumpliendo varias normas.

En el caso del caserón 3-36 dijo que es inexplicable por qué el Estado está asumiendo el costo de desalojo, cuando es el dueño quien debe incurrir en ese gasto.

“Esto es mal uso de los fondos públicos y aún peor si los que se benefician son colaboradores de las empresas del Presidente de la República”, agregó la exfuncionaria.

De la misma forma piensa el dirigente de la Alianza pro Ciudad, Fernando Díaz Jaramillo, quien menciona que esto es una irregularidad, pues con fondos de todos los panameños se paga un proceso que es responsabilidad de los propietarios del caserón. “Esto es una muestra más de que se violan normas y se abusa del poder”, acotó.

Tanto Porras como Díaz coinciden en que se debe investigar al respecto, para saber por qué se utilizan recursos estatales para solventar un gasto de personas allegadas al Presidente.

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