caso ayotzinapa

‘Los 43’: desaparición forzada por agentes del Estado

El fiscal mexicano, Omar Gómez, dijo que citará a exfuncionarios federales, como el exprocurador Jesús Murillo Karam y, de ser necesario, al expresidente Enrique Peña Nieto.

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Cinco años después del crimen, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no habrá impunidad en este caso. Cinco años después del crimen, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no habrá impunidad en este caso.
Cinco años después del crimen, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no habrá impunidad en este caso.

México calificó ayer el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en el estado mexicano de Guerrero (sur) en 2014 como una “desaparición forzada” cometida por agentes del Estado, a la vez que activó una millonaria recompensa para dar con los responsables.

Cinco años después del crimen, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no habrá impunidad en las investigaciones sobre el caso Ayotzinapa, y reiteró que es una prioridad para su gobierno esclarecer los hechos ocurridos el 26 de septiembre de 2014, encontrar a los jóvenes y hacer justicia.

“Tenemos una gran ventaja, no hay impunidad, eso es importante, porque cuando se trata de crímenes de Estado es muy difícil llegar a la verdad”, dijo López Obrador en su habitual conferencia matutina.

El subsecretario de Derechos Humanos del Ministerio de Interior, Alejandro Encinas, instó a la población mexicana a contribuir con información que sea útil para resolver este caso que desató indignación mundial y condenas contra el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Encinas anunció que el gobierno mexicano ofrecerá una recompensa de 1.5 millones de pesos (unos 75 mil dólares) para quien proporcione información “fidedigna y verificable” del paradero de los estudiantes.

Una segunda recompensa de 10 millones de pesos (unos 500 mil dólares) será otorgada a quien informe sobre el paradero de Alejandro Tenescalco, uno de los principales señalados en el caso.

López Obrador dijo que las personas que proporcionen información tendrán garantizada su seguridad.

Encinas destacó que una de las primeras conclusiones, tras el análisis de un archivo de 80 millones de datos telefónicos, es que en “ningún momento” hubo contacto por parte de los estudiantes con grupos delictivos.

La noche del crimen, decenas de estudiantes de la escuela rural de Ayotzinapa fueron a Iguala, Guerrero, para apoderarse de autobuses que utilizarían para sus manifestaciones. Pero fueron capturados por policías coludidos con el cartel de drogas Guerreros Unidos, y desde entonces se desconoce su paradero.

El fiscal especial del caso, Omar Gómez, adelantó que la próxima semana citará a exfuncionarios federales relacionados con la cuestionada investigación original, entre ellos, al exprocurador Jesús Murillo Karam.

Aseguró que, de ser necesario, el expresidente Peña Nieto también sería llamado a declarar.

“La única verdad es que no hay, hasta ahora, verdad alguna”, enfatizó Encinas.

Durante la rueda de prensa, el presidente López Obrador, el subsecretario Encinas y el fiscal Gómez portaron una camiseta con la leyenda “Ayotzinapa, 5 años; yo por la verdad”.

El caso de los estudiantes desató indignación a nivel mundial, y la ONU ha exigido una investigación transparente.

López Obrador creó una Comisión de la Verdad para este caso mientras la fiscalía general, que tras una reforma ahora es independiente del Ejecutivo, se comprometió a reiniciar la investigación “casi desde cero”.

A la espera de conocerse el destino de los jóvenes, la justicia mexicana ha liberado a 77 detenidos de la investigación original, entre ellos, uno de los cabecillas de Guerreros Unidos, cuyos testimonios fueron obtenidos bajo torturas.

Alejandro Hope, exoficial de la inteligencia mexicana y experto en seguridad, comentó que más que empezar “desde cero”, la fiscalía debe retomar “líneas de investigación que no se siguieron en su momento”.

El pasado jueves, en la víspera del aniversario del hecho, los padres de los jóvenes volvieron a reclamar justicia a la fiscalía. “Hay que esperar la nueva investigación, que no nos digan que nuestros hijos fueron quemados. Este gobierno dijo que nos va a ayudar, esperamos que sea cierto, ya son cinco años y no sabemos dónde están”, dijo Francisco Lauro Villegas, un campesino de 52 años, que mostraba ante la fiscalía la imagen de su hijo Magdaleno, uno de los desaparecidos, que en 2014 tenía 19 años.

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