Análisis

Fueron días clave para los pinchazos

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Las dos grandes decisiones del pleno de la Corte Suprema de Justicia de esta semana tendrán alcance más allá del caso de los pinchazos que involucra al expresidente de la República Ricardo Alberto Martinelli Berrocal.

Como se ha venido analizando con anterioridad, el Código Procesal Penal tiene importantes vacíos que debían ser llenados por interpretación judicial. Además, en el caso de los procesos especiales contra los diputados, el marco normativo es un queso suizo lleno de agujeros y susceptible a ambigüedades y abusos del derecho de defensa.

Las dos decisiones fundamentales que la Corte tomó no solo despejan cualquier riesgo de nulidad del proceso de Ricardo Martinelli, sino que han establecido aclaraciones jurisprudenciales vitales para el buen funcionamiento del sistema penal acusatorio.

La primera decisión fue en respuesta al amparo de garantías constitucionales interpuesto por la defensa técnica del expresidente que buscaba disputar la competencia del caso al magistrado juez de garantías Jerónimo Mejía y a la propia Corte Suprema. Como la competencia es la capacidad de conocer y decidir un caso, el estatus de diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen) que tenía Martinelli fundamentaba, por disposición de la Constitución Política de la República de Panamá, que la Corte fuera su juez natural. Así, la opinión pública estaba atosigada con el criterio de que Martinelli podía escoger a su juez de forma discrecional renunciando al cargo en el Parlacen.

El principio general de la competencia es que esta es improrrogable, no se puede cambiar (artículo 233 del Código Judicial). Una vez se llevan a cabo actos de jurisdicción y competencia sobre el indiciado, esta no se pierde. Se intentó confundir a la opinión pública con el caso del expresidente Martín Torrijos, quien -siendo procesado por la Corte- obtuvo una salida procesal, no por su renuncia al Parlacen, sino por tener fuero electoral.

En el caso del exmagistrado Víctor Benavides, quien estaba siendo investigado por la Asamblea Nacional, fue distinto, porque Benavides renunció antes de la imputación. Como la propia Corte ha dicho, en el caso de los diputados hay una regla especial: la admisión de la denuncia por el pleno de la Corte funciona como imputación, más si se trata de personas que han intentado ponerse fuera del alcance del tribunal.

Decidido el tema de la competencia, el segundo gran escollo a superar era el del recurso de apelación contra un supuesto doble juzgamiento. De forma unánime el pleno de la Corte encontró que nunca hubo un juzgamiento previo.

El autor es abogado

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