DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Se dilata proceso a exdirectivos de la Caja de Ahorros

La fecha alterna de la audiencia preliminar era ayer, pero se suspendió por varios recursos que reposan en el Segundo Tribunal Superior.

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La fiscalía practicó varias inspecciones a la Caja de Ahorros en busca de los contratos otorgados para la construcción del centro de convenciones de Amador. La fiscalía practicó varias inspecciones a la Caja de Ahorros en busca de los contratos otorgados para la construcción del centro de convenciones de Amador.
La fiscalía practicó varias inspecciones a la Caja de Ahorros en busca de los contratos otorgados para la construcción del centro de convenciones de Amador. Archivo

Varios recursos legales provocaron que quede en suspenso la audiencia preliminar a los 16 investigados por la supuesta comisión del delito de peculado por el préstamo que otorgó la Caja de Ahorros (CA) al consorcio HPC-Contratas-P&V para la construcción del fallido centro de convenciones de Amador.

Un recurso de habeas corpus, dos amparos de garantías y un incidente de recusación contra la jueza decimotercera penal, Alina Hubiedo –que perdió la ponencia del proceso–, tienen el caso estancado.

Ayer, lunes 10 de abril, era la fecha alterna que el Juzgado Decimotercero Penal había fijado para realizar la audiencia preliminar a los implicados en este caso.

Sin embargo, debido a la recusación presentada contra la jueza Hubiedo, el expediente quedó en manos del Juzgado Decimocuarto Penal, que ahora debe fijar una nueva fecha para la diligencia.

La audiencia original estaba fijada para el pasado 27 de marzo, pero no se celebró debido a que Luis Eduardo Camacho González presentó el recurso de recusación contra Hubiedo.

Hubiedo envió a la jueza decimocuarta penal, Vilma Urieta, los 33 tomos del expediente, así como las apelaciones, incidentes y demás recursos que se encontraban en trámite. Ahora, Urieta está a cargo del proceso y del análisis de todos los recursos presentados.

Fuentes judiciales explicaron que la audiencia no se desarrolló ayer, porque la defensa de Riccardo Francolini, expresidente de la junta directiva de la CA cuando se efectuó el préstamo y quien está detenido por este caso desde el pasado 12 de octubre, presentó un recurso de habeas corpus contra la orden de detención aplicada a su cliente.

Esta acción legal se encuentra en el despacho del magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Hernán De León.

OTROS RECURSOS

Francolini también presentó dos amparos de garantías constitucionales. Uno ataca el allanamiento a su residencia, ordenado por la Fiscalía Primera Anticorrupción, en el que fue incautado equipo electrónico; y el otro adversa una nota del procurador de la Administración, Rigoberto González, en la que sugiere al gerente general de la CA que ese banco se constituya en parte de la investigación.

En este proceso también se encuentra pendiente de resolver una solicitud de fianza a favor de Manuel Morales, directivo de HPC-Contratas-P&V, consorcio al que se le concedió el contrato para la construcción del centro de convenciones de Amador.

Morales no ha comparecido al proceso, al igual que el exdirectivo de la CA Ricardo Chanis y el comerciante Ricardo Ricky Calvo, otro de los ligados al caso y cuyo paradero actualmente es desconocido.

La fiscalía pidió que se llamara a juicio a Riccardo Francolini, Ricardo Arango, Ricardo Chanis, Anastasio Ruiz, Fernando Correa y Jayson Pastor, ex gerente general de la CA y quien se encuentra detenido en la cárcel El Renacer.

La lista se completa con Rodrigo Arosemena, Felipe Alejandro Pipo Virzi, Jairzon Lemer Hurtado, Manuel Antonio Morales, West Valdés, Tobías Gustavo Garrido, Ricardo Ricky Calvo, Claudio Poma Murialdo e Iván Clare.

Asimismo, la fiscal Tania Sterling pidió sobreseimiento provisional para Elyonor Samudio, Voldy Wedemeyer, Eric Quintero, Luis Díaz, Luisa Sánchez y Rolando López.

LA GÉNESIS

Todo se inició a raíz de una investigación publicada por este medio que dejó al descubierto supuestas irregularidades en la asignación de los contratos para la construcción del centro de convenciones de Amador y los préstamos otorgados por la Caja de Ahorros.

Según la vista fiscal del caso, los exdirectivos, el exgerente y el exsubgerente de la CA “no actuaron como guardianes sociales encargados del correcto y oportuno cumplimiento de los deberes y administración de los bienes dados en custodia”.

Además, la fiscalía señaló que el préstamo concedido por la Caja de Ahorros no cumplió con el manual de procedimiento de la institución y que Francolini actuó más como un promotor del crédito que como un directivo que debía velar por los intereses de la institución.

También dijo que el primer desembolso del préstamo, de $9 millones, se realizó“sin haberse entregado los permisos de construcción”.

De acuerdo con Sterling, “se aprobó una línea de crédito referente a un contrato cuya orden de proceder no se había ejecutado (...)”.

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