OBSTÁCULO

Sin dinero para los jueces de paz

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Ericka González, secretaria de la Descentralización. Ericka González, secretaria de la Descentralización.
Ericka González, secretaria de la Descentralización. Archivo

La justicia de paz comunitaria, que desde el pasado 1 de enero fue instaurada en el Primer Distrito Judicial, enfrenta otro obstáculo: no se sabe de dónde saldrá el presupuesto para pagarles el salario a los jueces de paz.

En el Primer Distrito Judicial se han nombrado jueces interinos, pero desde ya la Asociación de Municipios de Panamá advierte que una vez este modelo entre en vigencia en el resto del país (junio próximo) los alcaldes no usarán fondos de la descentralización para ese fin.

Entretanto, Ericka González, secretaria de la Descentralización, dijo que si los municipios no recaudan lo suficiente para hacerle frente a este gasto, pueden sacar los fondos de la partida de funcionamiento de la descentralización.

DILEMA: ¿QUIÉN LE PAGA  A LOS JUECES DE PAZ?

Las quejas por la falta de presupuesto han sido una constante en la puesta en marcha de la justicia comunitaria de paz en la mayoría de los municipios del Primer Distrito Judicial [Panamá, Darién, Panamá Oeste, Colón y las comarcas Guna Yala, Emberá Wounaan y Wuargandí].

Este mismo escenario se podría repetir a partir de junio próximo cuando esta norma empiece a implementarse en el resto del país. ¿La razón? Alcaldes del interior ya han manifestado que no tienen presupuesto para hacerle frente al pago de salarios de los jueces de paz. Sustentan que no están en condiciones para suplir este gasto, pues 59 de los 77 municipios de Panamá son subsidiados, debido a que no recaudan lo suficiente para atender sus necesidades.

Los planteamientos surgen a pesar de que la Ley 16 de junio de 2016, que instituye la justicia comunitaria de paz, plantea en su artículo 10 que los salarios y demás prestaciones del juez y los funcionarios de la casa comunitaria serán cargados al presupuesto de renta y gastos municipales.

Dilema: ¿Quién le paga a los jueces de paz? Expandir Imagen
Dilema: ¿Quién le paga a los jueces de paz?

‘DESCENTRALIZACIÓN, NO’

En su momento, la subdirectora de la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos del Ministerio de Gobierno (Mingob), Karen Palacios, aseguró que debido a que la mayoría de los municipios del Primer Distrito Judicial no tiene la partida para los nombramientos, nombraron jueces interinos, pero explicó que el dinero para contratar los titulares debe salir del presupuesto de cada municipio, y acorde con los fondos obtenidos de la descentralización.

Sin embargo, Jorge Herrera, presidente de la Asociación de Municipios de Panamá (Amupa), aseguró que no usarán los fondos de la descentralización para esta causa. Herrera, alcalde de Aguadulce, Coclé, es del criterio de que el Mingob debe encargarse del pago de los salarios de los jueces de paz y demás funcionarios que laboren en las casas comunitarias de paz, antes corregidurías. “En la ley de descentralización no está contemplado el tema del pago de los jueces de paz. La mayoría de los municipios, el 75% que son del interior del país, es subsidiada. Es más, si [el dinero] se pudiera sacar de la descentralización tampoco lo vamos a hacer, porque esos fondos son realmente para obras”, planteó.

Su queja se extiende: “creo que es una responsabilidad del Mingob. Ellos fueron los creadores de esto. ¿Querían los jueces de paz?: perfecto, pero llévenselos para su estructura o al Órgano Judicial y regulen desde allí...”.

La Ley 66 de 2015, que modificó la Ley 37 de 2009, sobre la descentralización municipal, no establece nada concerniente a los jueces de paz. Pero Ericka González, secretaria de la Descentralización, explicó a este medio que muchos alcaldes no entienden que existe un artículo de la Ley 16 de junio de 2016 [sobre jueces de paz], “que detalla claramente” de dónde saldrán los fondos para estos salarios y que, incluso, eso lo reiteró el Ministerio de Economía y Finanzas.

González sugirió también que si los municipios no recaudan lo necesario, pueden usar los fondos de la partida de funcionamiento que les envía la descentralización [$33 mil] e, incluso, del Programa de Inversión de Obras Públicas y Servicios Municipales (antes Pronadel), que les entrega $110 mil.

Añadió que así como se les pagaba a los corregidores y funcionarios que laboraban en las antiguas corregidurías, así se debe hacer con los jueces de paz. A juicio de González, los municipios no están utilizando las herramientas que les ofrece la descentralización para obtener mejores resultados en el tema de la recaudación. “ (...) A veces, se han excedido nombrando en puestos del municipio a muchas personas de forma política”, dijo.

En las casas comunitarias, antes corregidurías, debe haber cuatro funcionarios: el juez de paz, un mediador comunitario, un secretario y un notificador. En ese sentido, González sostuvo que le tocará a los alcaldes realizar una evaluación técnica del personal con el que trabajan e insistió en que tienen que reestructurar su planilla.

Ante el dilema, la Amupa acordó realizar una reunión el próximo 16 de marzo en Chiriquí, adelantó Herrera.

Por su parte, Carlos Lee, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, organización que ha impulsado la justicia de paz en Panamá, manifestó que falta “voluntad”, a raíz de que la Ley 16 cambia la forma como se elegía a los corregidores. “Las casas comunitarias de paz siguen siendo una figura municipal, y es responsabilidad de los municipios correr con los gastos (...)”, aseguró.

A pesar de la controversia, la Procuraduría de la Administración ya empezó a capacitar a los aspirantes a jueces de paz y mediadores del resto del país. En enero y febrero se entrenó personal en Coclé, Herrera y Los Santos. En marzo próximo lo harán en Veraguas.

De los 181 jueces de paz que debían estar en sus puestos el 1 de enero, día en que arrancó la justicia de paz en el Primer Distrito Judicial, solo se habían nombrado los 23 del Municipio de Panamá. El panorama, según Lee, no ha variado, pero indicó que espera que los alcaldes agilicen el tema, porque no se puede seguir con jueces interinos.

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