CRISIS INSTITUCIONAL

La dividida justicia brasileña

La estadía del expresidente Lula da Silva en la cárcel podría ser de apenas unos días, toda vez que se busca modificar la jurisprudencia sobre el momento en que un condenado debe empezar a purgar una pena de prisión.

Piden a juez de la Corte Suprema emitir orden para liberar a Lula

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El Supremo Tribunal Federal (STF) denegó el 5 de abril un recurso para impedir el encarcelamiento del expresidente Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva. El Supremo Tribunal Federal (STF) denegó el 5 de abril un recurso para impedir el encarcelamiento del expresidente Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva.
El Supremo Tribunal Federal (STF) denegó el 5 de abril un recurso para impedir el encarcelamiento del expresidente Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva.

La Corte Suprema de Brasil puede debatir mañana, miércoles, una alteración de normas que impactaría en el destino del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, encarcelado desde el sábado, y también en la agitada situación política del país a seis meses de las elecciones generales.

El problema es que sus 11 miembros están tan divididos como el resto de la sociedad y que sus decisiones son percibidas con desconfianza creciente por los brasileños, señalan analistas.

La cuestión que podría ser puesta en debate se refiere al momento en que un condenado debe empezar a purgar una pena de prisión.

Según la jurisprudencia actual, esto es posible a partir de un fallo de segunda instancia, como el del tribunal de apelación que en enero condenó a Lula a 12 años y 1 mes de cárcel por corrupción.

Esa jurisprudencia se adoptó en 2016 por una estrecha mayoría de 6 votos contra 5. Anteriormente, se garantizaba el derecho a recurrir en libertad ante las máximas instancias judiciales, en procesos que pueden demorar años. Pero los críticos de esa modificación quieren revisarla.

Si lo logran, la estadía de Lula en la cárcel podría ser -inesperadamente- de apenas unos días, al menos por el momento.

El Supremo Tribunal Federal (STF) denegó el 5 de abril un recurso para impedir el encarcelamiento de Lula .

Pero una de las magistradas que votó en contra, Rosa Weber, dio a entender que era favorable a modificar la jurisprudencia cuando el asunto fuese tratado de forma general, y no por un caso específico.

Los partidarios de rediscutir la norma reclaman una clarificación porque la actual autoriza, sin imponer, el encarcelamiento tras la segunda instancia, lo cual deja la cuestión al arbitrio de cada uno de los dos grupos ('turmas') en que se divide el STF.

“La impresión de la población es que hay inestabilidad en las decisiones del STF, que estas se toman simplemente en función de las preferencias en la composición del tribunal” y eso “es muy nocivo para su imagen”, dijo a la AFP Thomaz Pereira, profesor de derecho de la Fundación Getúlio Vargas (FGV) de Río de Janeiro.

Para Daniel Vargas, especialista en derecho público, también de la FGV, “lo que está en juego es la credibilidad del STF y de la propia democracia”. Pero la crisis no se resolverá con un fallo, porque el desgaste afecta a todas las instituciones brasileñas.

Según Vargas, “el gran problema” empezó con el impeachment de la presidenta de izquierdas Dilma Rousseff “sin evidencias suficientes para conquistar consenso nacional”.

La exmandataria, heredera política de Lula , fue destituida en 2016 por el Congreso, acusada de manipular las cuentas públicas.

La “esperanza de pacificación” reside en la celebración de “elecciones democráticas y libres, incluso con la participación de Lula”, dice Vargas.

El líder de la izquierda encabeza las intenciones de voto para los comicios de octubre, pero su participación parece remotísima: no solo está preso, sino que la ley electoral prohíbe candidaturas de personas condenadas en segunda instancia.

Los encarcelamientos al cabo de la segunda instancia son una de las tres armas usadas por la operación Lava Jato, que descubrió una red de sobornos pagados por constructoras a políticos para obtener contratos en Petrobras.

Lula fue condenado como beneficiario de un apartamento ofrecido por la constructora OAS a cambio de mediaciones en la petrolera estatal. Las otras dos armas son las prisiones preventivas y las delaciones premiadas. Para los fiscales y jueces de Lava Jato, la pérdida de cualquiera de esos instrumentos aflojaría la presión sobre las personas investigadas con poder y dinero suficientes para eternizar los procesos. Un juez del STF, Luis Roberto Barroso, advirtió sobre una “operación de sofoco” de las investigaciones, que implican a decenas de políticos de todas las tendencias y al propio presidente conservador Michel Temer.

Piden a juez de la Corte Suprema emitir orden para liberar a Lula

Una asociación de abogados criminales brasileños solicitó  ayer lunes que un  juez de la Corte Suprema emita una orden para liberar   a Lula, quien  el fin de  semana comenzó a cumplir una condena de 12 años de prisión por soborno.

El pedido fue presentado al  juez Marco Aurelio Mello y solicita  que ponga en libertad  a cualquier persona que esté en prisión, pero cuyo caso aún no sea oído por la máxima corte de apelaciones, que es la situación de Lula. Si Mello acepta la petición y emite una orden, Lula sería puesto en libertad, aunque la decisión sería temporal.

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