´Tenemos una doble moral´

Tras la aprobación del proyecto de ley 87 de pensiones alimenticias, muchas han sido las críticas y las aprensiones de diversos sectores de la sociedad que califican como injustas y exageradas las sanciones por el incumplimiento en el pago de estas pensiones, en las que incluso se obliga a los abuelos o a los tíos a hacerse responsables de cubrir los gastos de alimentación de sus nietos o sobrinos. No obstante, los grupos feministas y defensores de los derechos del niño han pedido al Ejecutivo que sancione el proyecto, por tratarse de una “deuda pendiente” que tiene Panamá con la niñez. Incluso, Gilma De León, de la Fundación para la Identidad de Género (Fundagénero), advirtió que de no sancionarse esta ley, Panamá incumpliría el compromiso de generar todas las políticas tendientes al cobro de la pensión alimenticia, avalados por la Convención de los Derechos del Niño, de la cual el país es signatario. Explicó que este proyecto de ley no es antojadizo, sino que tiene su origen en el relajamiento e incumplimiento en el pago de pensiones alimenticias por aquellos padres irresponsabes, tras un fallo de la Corte Suprema de Justicia en el año 1996, que catalogó la pensión alimenticia como una deuda civil, lo que fue aprovechado por los padres omisos a interponer recursos de hábeas corpus para declarar ilegal su detención y lograr la libertad. Sostuvo que aunque ha habido avances, y actualmente hay cárcel para quien incurra en el desacato al no pagar la pensión, el incumpliendo se sigue dando. “Es la razón que justifica esta ley, es la razón esencial por la cual surge esta iniciativa del Órgano Judicial que maneja estadísticas del alto grado de incumplimiento en el pago de las pensiones”, dijo. Defienden proyecto Lo que plantean los defensores del proyecto es que la disposición de que los abuelos o los tíos cubran la necesidad de alimentos de sus propios familiares ya está tipificada en el Código de la Familia (Art. 379) que fue aprobado hace más de 25 años. Y no solo esa norma para garantizarle los alimentos al menor ya está vigente. El encarcelamiento para los padres que incurran en desacato y no accedan a pagar la pensión, también está establecida en el Código de la Familia en su artículo 811 en donde se fijan hasta 30 días de arresto cuando el obligado en un proceso de alimentos está en desacato. Además, el desacato a quienes se rehúsen a dar a los menores los alimentos ordenados por el juez, está tipificado en el artículo 1932 y 1933 del Código Judicial, en donde se le impone arresto por todo el tiempo de su omisión o renuencia a obedecer la orden judicial. Cárcel para abuelos Pero para los críticos de esta propuesta, que espera sanción del Ejecutivo, la medida de cárcel no solo sería aplicable a los padres, sino también a los abuelos o tíos si no cumplen con la obligación de dar alimento a sus nietos o sobrinos y si les es aplicado el Código Penal. Ese es el argumento del jurista y analista, Renato Pereira, quien plantea que el artículo 208 del Código Penal es claro y establece que: Quien sin justa causa se sustraiga o se niegue, eluda, incumpla o abandone su obligación alimentaria o sus deberes y obligaciones inherentes a la patria potestad a sus descendientes o sus ascendientes o a quien tenga derecho legalmente a ellos, será sancionado con uno a tres años de prisión o arresto de fines de semana o trabajo comunitario. “Esta norma me parece abusiva y aberrante”, manifestó Pereira, quien negó además que el Código de la Familia obligue al abuelo o a los tíos al pago de la pensión alimenticia, sino que existe una mala interpretación de la ley por parte de las autoridades, pues la responsabilidad principal es de los padres. ´Sociedad hipócrita´ Pero la exdiputada Teresita Yániz de Arias, quien por muchos años ha sido activista en defensa de los derechos de la mujer, dijo no entender cuál es la alarma. “Tenemos una sociedad hipócrita y de doble moral” y catalogó como flexibles las sanciones por incumplimiento establecidas en la recién aprobada ley, en comparación con otras leyes similares en Costa Rica, en donde hay impedimento para salir del país y hasta restricciones para adquirir préstamos. Explicó que el padre que va preso no va a la cárcel porque no paga la pensión alimenticia, sino por el desacato a un tribunal, que es un delito. “Lo de los tíos y los abuelos ya está en el Código de la Familia, el problema es que como he visto en mi experiencia de tener contacto con estos casos, los abuelos demandados son casi siempre gente, no rica, [sino] multimillonaria que no se quiere hacer responsable por la actitud de sus hijos”. Para la diputada Marylín Vallarino, quien impulsó este proyecto presentado ante la Asamblea Nacional por el magistrado de la Corte Suprema de Justicia Harley James Mitchell, con este documento incluso a los abuelos se les quita algo de responsabilidad, en comparación con el Código de la Familia, ya que ahora los abuelos solo se deberán hacer cargo del pago de la pensión de sus nietos, cuando los padres hayan muerto, tengan una enfermedad terminal, si están detenidos o no se conozca su paradero. Difícil cobrar pensión Según la magistrada del Tribunal Superior de Familia Nelly Cedeño de Paredes, quien avaló el proyecto, de acuerdo con las estadísticas del Órgano Judicial actualmente hay más de 30 mil procesos de pensiones alimenticias (sin incluir los casos que se atienden en las corregidurías), aunque en muchos de ellos los padres se acercan para regular su situación. Mientras que la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Eysa Escobar de Herrera, indicó que en el momento en que las autoridades judiciales piensan en las formas de presionar para que el requerido pague la pensión “es porque hemos tenido muchos problemas para ejecutar las pensiones alimenticias”. Por ello, dijo, se han buscado diferentes formas de presionar, como la parte de la verificación que ha resultado efectiva. Esta verificación la hace la Policía Nacional a través del llamado pele police. “Las personas tratan de no incumplir el pago de la pensión alimenticia para evitar que se les pare en una esquina y al momento de verificársele quede allí consignado que debe la pensión”, destacó. Monto dispar Y frente a la inquietud del porqué se fijan pensiones alimenticias distintas a personas que tienen el mismo salario, la jueza municipal Graciela Almanza explicó que el Código de la Familia es claro y establece que, al momento del juzgador fijar un monto, debe valorar el ingreso de las partes, pero también las necesidades del niño, niña o adolescente, o incluso, mayor de edad. “Dos padres con salarios de 400 dólares pueden pagar pensiones completamente distintas, según la capacidad económica y las necesidades de cada niño”, explicó. Procesos de pensión alimenticia 13 mil Fueron los casos presentados en 2011 en juzgados municipales y de circuito de la jurisdicción de Familia. 1,789 Fue la cantidad de casos presentados en 2011 en los Juzgados de Niñez y Adolescencia.

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