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El drama de la impugnación

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En la audiencia de la jurisdicción electoral para decidir la impugnación de las candidaturas de Ricardo Martinelli, el fiscal general electoral, Eduardo Peñaloza, expresó su apoyo al planteamiento de la defensa del exmandatario, quien fue el que lo designó en ese alto cargo.

El Código Electoral en su artículo 345 establece quiénes son los que pueden impugnar una candidatura: “ Artículo 345. Toda postulación a puesto de elección popular podrá ser impugnada, dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha de la respectiva publicación en el Boletín del Tribunal Electoral, por el fiscal general electoral, o por cualquier ciudadano o partido político, mediante escrito presentado al Tribunal Electoral.” [...]

Las declaraciones del fiscal Peñaloza no son determinantes en este caso por una razón fundamental: la impugnación no fue interpuesta por Peñaloza, sino por un particular, el abogado Jorge Hernán Rubio. Si la impugnación hubiese sido pedida por la fiscalía, entonces la opinión de Peñaloza equivaldría a un desistimiento. En este caso, su opinión es una más a considerar por la jueza.

La jueza de la causa, Elvia Rengifo, se acogió al término de 30 días para dictar su sentencia. Esta decisión significa en la práctica que la sentencia de primera instancia podría ser notificada el 8 de mayo, luego de lo cual, existe la posibilidad de que alguna de las partes apele esa decisión al pleno del Tribunal Electoral, entidad que deberá decidir finalmente si se impugnan o se aceptan las candidaturas de Ricardo Martinelli al cargo de diputado por el circuito 8-8 y de alcalde de la ciudad de Panamá.

¿Qué importancia tiene este recorrido judicial? De momento, Ricardo Martinelli no aparece en el Boletín Electoral como candidato a cargo alguno, por lo que necesariamente no aparecería en las boletas de votación del próximo 5 de mayo. Sí aparecen sus suplentes Sergio Gálvez como vicealcalde y Mayín Correa como diputada suplente.

Hipotéticamente, de ganar alguno de sus dos suplentes los cargos de elección para los que compiten, el proceso de impugnación adquiriría mucha más importancia. La decisión tomada en la jurisdicción electoral determinaría si Martinelli puede tomar posesión para el cargo, cuyo suplente fuera ganador. Incluso es posible que tuviera dos cargos para los que pudiera tomar posesión. Sin embargo, una decisión desfavorable del Tribunal Electoral lo dejaría excluido de asumir cualquier cargo. Como el señor Martinelli no ha sido condenado por delito alguno, la impugnación electoral es el único impedimento relevante para ejercer un cargo de elección popular.

El autor es abogado

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