PRIMERA CONDENA POR TRATA DE PERSONAS

El drama de un nicaragüense esclavizado en Panamá

Trabajaba más de 16 horas, lo vigilaban, dormía en el piso de una bodega, no le pagaban por su trabajo. Fue víctima de una red de tráfico de seres humanos.

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Los trabajadores laboraban largas jornadas y eran mal alimentados. Los trabajadores laboraban largas jornadas y eran mal alimentados.
Los trabajadores laboraban largas jornadas y eran mal alimentados.

Rafael De Jesús Gómez salió el 15 de octubre de 2013 de Chinandega, Nicaragua, con rumbo a Panamá. Tenía la esperanza de trabajar en el país de los dólares y de los rascacielos. Su meta era generar ingresos para mantener a su esposa y a sus tres hijos que se quedaban en Nicaragua y vivían en extrema pobreza.

El boleto aéreo y los $500 para mostrar ante el Servicio Nacional de Migración se los proporcionó Rosa María Ortega Rivera, una mujer nicaragüense que le prometió trabajo, comida, prestaciones laborales y un techo. Con él vinieron otros 10 nicaragüenses.

Gómez y sus compañeros nunca habrían sospechado que estaban en manos de una red que los esclavizarían. Que su caso generaría la primera condena por explotación laboral en el istmo. En un fallo del pasado 29 de junio, el Juzgado Primero de Circuito Penal condenó a Roberto Agustín Flores Baltodano, a Alfonso Martín Ortega y Rosa María Ortega Rivera a pagar 15 años de prisión cada uno por el delito de trata de personas. Todos son de nacionalidad nicaragüense.

Gómez, quien denunció a los tres imputados, le narró todo su calvario al Ministerio Público.

Una vez salieron del aeropuerto, los recogió un bus que los llevó a una bodega ubicada en la avenida México, detrás de la sede del Partido Revolucionario Democrático. Ortega Rivera les pidió los $500 que le había prestado a cado uno para mostrar en migración y les quitó los pasaportes.

La bodega sería su casa desde ese momento. Allí dormían en el suelo, en medio del lodo y de las herramientas de trabajo. El mismo día que llegaron empezaron a trabajar. Iniciaron sus labores a las 6:00 de la tarde y culminaron a las 2:00 de la madrugada.

Al día siguiente, según detalla Gómez, a las 8:00 de la mañana, los trasladaron al parque Summit, donde laboraron hasta las 3:00 de la tarde. Luego los regresaron a la bodega, pero a las 6:00 p.m. volvieron a la faena, hasta las 2:00 a.m. Desde ese momento esa fue su rutina.

Trabajaban para la empresa Roberto Flores, S.A., subcontratista de otras compañías que se dedicaban a la industria de la construcción. El dueño era Roberto Flores, quien recibía ayuda de su esposa, Rosa María Ortega Rivera, y por el padre de esta, Alfonso Martín Ortega.

Los vigilaban para que no tuvieran contacto con trabajadores panameños. Gómez relató también que la comida era mala y que a los dos meses de estar trabajando aún no habían cobrado el primer pago. Recibían malos tratos y eran objeto de burlas.

Gómez un día reclamó sus salarios y se quejó de los malos tratos. Entonces, Alfonso Martín Ortega buscó su maleta y lo botó del trabajo “para que sufriera en las calles de Panamá”.

Virginia Santa Pérez López, una mujer de República Dominicana que se gana la vida vendiendo comida en una fonda, ubicada en la calle 26, al lado de la escuela República de Venezuela, en la capital, declaró a la fiscalía que un día vio a Gómez llorando fuera de su negocio. Este le contó que lo habían botado de la bodega donde vivía y que le habían quitado el pasaje aéreo para retornar a Nicaragua. Ella, según contó, lo hospedó en su fonda por unos días.

Gómez informó de su caso ante el Centro de Recepción de Denuncias del Ministerio Público, y fue así como se inició la investigación. Tras la denuncia, se montó la denominada Operación Sandino, por la cual la Dirección de Investigación Judicial dispuso una serie de acciones de vigilancia y seguimiento de los sospechosos. En mayo de 2014 se ordenaron los arrestos.

Los tres implicados negaron todo y se declararon inocentes. Roberto Flores, por ejemplo, le dijo a la fiscalía que los trabajadores vivían en una casa de 10 habitaciones que él había alquilado en Villa Acuario, en el corregimiento de Alcalde Díaz, en el norte de la capital. Sin embargo, al momento de indagar a su esposa Rosa María Ortega, esta corroboró que los trabajadores vivían en la bodega.

La investigación de la DIJ y la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada demostró que Rosa María Ortega, Roberto Flores, dueño de la empresa, y su suegro Alfonso Martín Ortega, eran parte de una red criminal dedicada al tráfico de seres humanos para explotarlos laboralmente. Se determinó también que estos contactaban a las personas en lugares de extrema pobreza en Nicaragua. Les prometían trabajo en la industria de la construcción en Panamá, por el que les pagarían $600.

Así se determinó en una asistencia judicial solicitada por la fiscalía a las autoridades de Nicaragua. La jueza primera de lo penal, Águeda Rentería, sustentó que el delito de trata de personas “es grave” y que en este caso existió“una clara voluntad de los implicados en cometer el ilícito, que se materializó mediante engaño”.

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