BRASIL

El efecto del juicio político a Rousseff en Petrobras

Los analistas señalan que algunos diputados promovieron el proceso contra Rousseff para influenciar a la justicia.

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Muchos ciudadanos piensan que el gobierno de Rousseff permitió los actos de corrupción dentro de la empresa estatal Petrobras, los cuales están bajo investigación. Muchos ciudadanos piensan que el gobierno de Rousseff permitió los actos de corrupción dentro de la empresa estatal Petrobras, los cuales están bajo investigación.
Muchos ciudadanos piensan que el gobierno de Rousseff permitió los actos de corrupción dentro de la empresa estatal Petrobras, los cuales están bajo investigación.

Con su destitución como presidenta de Brasil, Dilma Rousseff se convirtió en la baja más destacada de la pesquisa sobre un gigantesco caso de corrupción en el mayor país de Latinoamérica, aunque nunca estuvo implicada personalmente en las irregularidades.

Tras la destitución definitiva de Rousseff el miércoles, la gran pregunta es: ¿qué sucederá ahora con la investigación a la compañía petrolera estatal Petrobras?

Muchos de los legisladores que votaron a favor de destituir a Rousseff están investigados en el escándalo sobre miles de millones de dólares en sobornos. Rousseff afirmó que políticos corruptos querían quitarla de la presidencia para frenar la pesquisa a Petrobras. Sin embargo, si la intención era esconder la basura bajo la alfombra, es demasiado tarde, según profesores de derecho, expertos en corrupción y analistas políticos.

“Los políticos han perdido el control de esa investigación”, declaró Carlos Pereira, profesor de administración pública en la Fundación Getulio Vargas, un centro de estudios y universidad en Río de Janeiro. “[Los legisladores] saben que no pueden interferir”.

De hecho, entre la suspensión temporal de Rousseff en mayo por infringir leyes fiscales en la gestión del presupuesto y su destitución definitiva, los fiscales duplicaron el número de políticos y personas bajo investigación, según las cifras más recientes de la fiscalía.

Un mes después de que Rousseff fuera suspendida en mayo y su vicepresidente Michel Temer asumiera la presidencia de manera interina, tres miembros del nuevo Gabinete tuvieron que renunciar por acusaciones de corrupción. Con Rousseff definitivamente fuera del poder, Temer asumió la presidencia el miércoles.

El caso de corrupción, conocido como Lava auto, salió a la luz después de que las autoridades descubrieran una red de lavado de dinero en gasolineras y servicios de lavado de autos. Las pesquisas condujeron hacia una red más amplia: compañías constructoras que pagaron sobornos a políticos de alto nivel a cambio de que Petrobras les otorgara contratos inflados.

La operación era tan grande –con unos 2 mil millones de dólares en sobornos en poco más de una década– que Petrobras incluso tenía un departamento para distribuir los pagos ilícitos, según la fiscalía. Aunque Rousseff nunca estuvo implicada, muchos la acusan de intentar proteger a su mentor y predecesor, el expresidente Luis Inácio Lula da Silva, que en julio pasado fue acusado de obstrucción de la justicia en la investigación.

Muchos brasileños también la responsabilizan de no hacer más, ya que el grueso de la corrupción sucedió durante los 13 años que su Partido de los Trabajadores estuvo en el poder.

En los últimos dos años, decenas de empresarios y políticos de todo el espectro fueron encarcelados. Quince de 81 senadores que participaron en la votación para destituir a Rousseff están siendo investigados en la trama de Petrobras, entre ellos el presidente del Senado, Renán Calheiros, acusado de recibir sobornos.

“Lava auto muestra que nuestro sistema judicial ha alcanzado independencia y autonomía, y nadie debe meterse con él”, dijo Luiz Jorge Werneck Vianna, profesor y experto judicial de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro. “La gente no lo aceptará”.

La lucha contra la impunidad es uno de los pocos puntos positivos en una nación inmersa en la recesión y en una intensa crisis política. Casi un tercio de los brasileños consideran la corrupción como el mayor problema del país, con un porcentaje más alto que cualquier otro aspecto, según una encuesta de Datafolha en julio.

Desde principios de 2015, más de 2 millones de personas firmaron una solicitud de la Fiscalía General para impulsar nuevas leyes e imponer sentencias más severas a funcionarios corruptos.

El juez que lleva el caso Lava auto, Sergio Moro, se ha convertido en un héroe para muchos brasileños. En declaraciones recientes, durante una reunión en Washington, Moro dijo que la policía, fiscales y jueces encuentran gran apoyo entre los ciudadanos de la calle, pero una fuerte oposición entre los legisladores.

Deltan Dallagnol, un destacado fiscal de la investigación, ha advertido con frecuencia contra cualquier intento del Congreso para obstruir las investigaciones.

“Con o sin Dilma, para nosotros no hay diferencia”, afirmó Dallagnol durante un acto en la ciudad de Recife, en el noreste del país.

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