IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL

Los efectos de un proyecto de riego de $230 millones

Mida busca establecer un sistema de riego de alrededor de 15 mil hectáreas en los distritos de Tonosí y Macaracas, en Los Santos.

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El proyecto, que abarcará 15 mil hectáreas –10 mil en una primera fase–, busca el suministro de agua potable, el control de inundaciones, generación de energía, y riego de cultivos. LA PRENSA/Archivo. El proyecto, que abarcará 15 mil hectáreas –10 mil en una primera fase–, busca el suministro de agua potable, el control de inundaciones, generación de energía, y riego de cultivos. LA PRENSA/Archivo.
El proyecto, que abarcará 15 mil hectáreas –10 mil en una primera fase–, busca el suministro de agua potable, el control de inundaciones, generación de energía, y riego de cultivos. LA PRENSA/Archivo.

Los moradores del distrito de Tonosí, provincia de Los Santos, se enfrentan al Gobierno por la construcción de un proyecto de riego que para más de 100 familias implica abandonar sus viviendas.

En la comunidad se habla de los daños como consecuencia de los embalses, y el estudio de impacto ambiental (EIA) da cuenta de varios de esos aspectos.

El documento que aún no ha sido aprobado por la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) explica que el “Proyecto integral y multipropósito para el desarrollo agropecuario del Valle de Tonosí”, resulta de la necesidad de controlar las aguas del río Tonosí, en especial desde su cuenca media hasta la baja.

“Cambios acentuados en la variabilidad climática estacional y elevadas escorrentías derivadas del deficiente manejo de suelos, sumado a la falta de la aplicación de medidas de mitigación, están creando grandes irregularidades del caudal, generando drásticas inundaciones y sequías con cuantiosas pérdidas económicas”, son aspectos que menciona el EIA en la fase de ampliación en Anam y presentado desde el pasado mes de septiembre.

El proyecto, que también abarca parte del distrito de Macaracas, se propone construir dos presas reguladoras, una en la subcuenca del río Guaniquito y otra en la del río Güera (ramales fundamentales del Tonosí), así como una presa derivadora con canales de distribución con el fin de establecer un sistema de riego de alrededor de 15 mil hectáreas, controlar las inundaciones, garantizar suministro de agua potable y generar energía eléctrica.

La fase de construcción se iniciará con el montaje de campamentos y la apertura de caminos de acceso a los sitios de construcción. Se propone el desarrollo de cinco campamentos, uno en cada sitio de presa y dos de avanzada en el área de construcción del canal primario del margen izquierdo.

Sobre el precio, el informe presentado a la Anam indica en la página 7 que el costo de la obra de los estudios y diseños, más la construcción de la primera etapa (presas de Güera y Tonosí y canales de margen izquierdo, primarios y secundarios) se estima en $155 millones 84 mil 616.

Sin embargo, se considera que el proyecto costará en total $230 millones, determinados por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida).

Otra característica de la obra es que antes del movimiento de tierra se hará la limpieza de la vegetación y tala de árboles dentro de las áreas de ejecución de los trabajos, aunque no se precisa la cifra de plantas a deforestar.

El proyecto contempla la utilización de hasta 16 mil kilogramos de explosivos.

Recomendaciones

En cuanto a las recomendaciones y conclusiones, en la página 306 el estudio precisa que no es posible hacer una gestión ambiental de un proyecto hidráulico de esta envergadura, a nivel de construcción, sin que se produzcan las unidades de ejecución, control y supervisión correspondientes. Esa responsabilidad recae directamente en la empresa constructora, la empresa promotora (el Mida) y a la autoridad rectora del ambiente, es decir la Anam.

La empresa constructora deberá poner a funcionar una unidad ambiental dedicada exclusivamente al cumplimiento de las medidas, tarea que, para lograr plena eficiencia, debe contar con el seguimiento debido de una entidad externa.

El Mida debe llevar el control y supervisión permanente de este cumplimiento y tener el equipo adecuado para este fin. Mientras que la Anam deberá asumir su pleno papel de autoridad suprema en la materia, para garantizar que se cumplan las medidas; asumiendo los correctivos que surjan en el camino.

Otra de las principales recomendaciones atañe a la gobernabilidad integral que debe haber en este sistema de riego. Esto es imposible de lograr sin la participación de todos los sectores usuarios del agua; y lo adecuado es que se haga mediante un “medio social organizado”.

“La creación de un consejo de cuenca, con la suficiente autoridad de gobernar sobre el recurso hídrico, es fundamental si se quiere sostener un nuevo orden alrededor del agua, dando real perspectiva de vida y salud al sistema”, dice el estudio.

El EIA es categoría III y fue elaborado por la empresa consultora Planeta Panamá Consultores, S.A. junto con Consultoría & Asesoría Ambiental, S.A.

RECHAZO A LA OBRA

La directora de la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza, Alida Spadafora, señaló que este tipo de obra en una región como Azuero no es viable para el ambiente.

Spadafora mencionó que no solo se afecta al ambiente, sino que hay una población importante en la parte media y baja de la cuenca del río Tonosí que resultará perjudicada por la construcción. “Ya casi no tenemos agua en Azuero y quieren hacer estos embalses”, añadió.

Por su parte, el dirigente del Centro de Incidencia Ambiental, Antonio Chang, advirtió que desde el punto de vista ambiental al afectar el cauce del río se hará un daño a los humedales que están en la parte baja de la cuenca.

Chang, que ha participado en los encuentros entre la comunidad de Tonosí y el Gobierno, explicó que también se perderá la calidad de los suelos y que una buena parte de esta población se dedica al renglón agrícola. “Este proyecto es bastante complejo porque no se trata solo de árboles, sino también de personas que tienen décadas de habitar en este lugar”, acotó.

Paulino Vásquez, representante de la Unión de Tonosieños y Macaraqueños afectados por los embalses recordó que este lunes se rompieron las conversaciones con las autoridades sobre este proyecto, porque se comprometieron a paralizar la obra esta semana, y no lo hicieron.

Según Vásquez, el 90% de las familias que serán perjudicadas por los embalses no quiere salir de sus viviendas, especialmente las 103 familias están en la zona de riego.

Residentes de la región como Dominga Meléndez aseguraon que no están dispuestos a asistir a más reuniones “a escuchar mentiras” y que sus tierras no tienen precio. Otro vecino del área, Luis Aguirre, señaló que no quieren el proyecto ni están dispuestos a vender su propiedad.

El titular del Mida, Óscar Osorio, señaló que este proyecto está temporalmente paralizado, mientras conversan con los moradores de la comunidad afectada.

“La idea es ver posibilidades que no afecten a los pobladores y que se aproveche un proyecto que beneficie a todos”, aseguró el funcionario.

(Con información de Alcibiades Cortez).

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