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Se enciende debate por cambios a la carta magna

El plenario del Consejo de la Concertación discutirá hoy el proyecto de reformas.

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La Concertación Nacional para el Desarrollo se reunirá en sesión plenaria hoy lunes, para debatir el proyecto de reformas constitucionales. Archivo La Concertación Nacional para el Desarrollo se reunirá en sesión plenaria hoy lunes, para debatir el proyecto de reformas constitucionales. Archivo
La Concertación Nacional para el Desarrollo se reunirá en sesión plenaria hoy lunes, para debatir el proyecto de reformas constitucionales. Archivo

Cuando el Consejo de la Concertación Nacional para el Desarrollo se apresta a discutir hoy en sesión plenaria el proyecto de reformas a la Constitución, diversos sectores del país protagonizan una fuerte controversia sobre el contenido del paquete.

Por ejemplo, el recién designado magistrado de la Corte Suprema de Justicia Olmedo Arrocha cuestionó, a título personal, en un foro de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) celebrado la pasada semana, –y fue aplaudido por varios colegas–, la propuesta sobre la designación de los magistrados del máximo tribunal, que recaería en el Consejo de Gabinete, aunque de una terna propuesta por la Concertación.

Asimismo, criticó la proposición de crear un Tribunal Constitucional, que tendría entre sus facultades juzgar a magistrados y jueces.

En respuesta a tales planteamientos, Enrique De Obarrio, presidente de la Comisión de Modernización del Estado, Justicia y Seguridad Pública de la Concertación, opinó que Arrocha está desinformado, y advirtió que la última vez que el Órgano Judicial llenó su asiento en la Concertación fue en 2013.

Para la Apede, la designación de los magistrados no debe provenir de ninguna comisión, ya que la mayor representatividad para dicha facultad la tiene el presidente de la República.

Por su parte, el PRD y el Panameñista rechazan que se limite la reelección de los diputados.

Sectores fustigan proyecto de reformas a la ‘Constitución’

El pleno del Consejo de la Concertación Nacional para el Desarrollo celebrará hoy una sesión plenaria para aprobar el proyecto de reformas constitucionales, que sería sometido a referéndum nacional por el próximo gobierno.

Sin embargo, sectores que conforman la Concertación cuestionaron el contenido de algunas de las propuestas incluidas en el proyecto –de 40 artículos–, las cuales modifican, principalmente, temas inherentes a los órganos Judicial, Legislativo y Ejecutivo.

Judicial cuestiona

La semana pasada, en el foro “Propuestas para la modernización del Estado” , organizado por la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), el magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Olmedo Arrocha fustigó el proyecto.

“Yo lanzo mi voz de protesta a los sectores que están llevando adelante estas reformas constitucionales, porque siento que no son lo suficientemente participativas”, dijo.

Pese a que aclaró que su posición es personal y no la oficial del Órgano Judicial, sus señalamientos provocaron los aplausos de los también magistrados Ángela Russo, Jerónimo Mejía y Luis Ramón Fábrega, que estaban en la sala.

“Quienes estamos en la administración de justicia tenemos algo que decir. No puede ser que nos pongan en una esquina como niños castigados y nos digan ‘quédense ahí, que yo los voy a reformar [...]’, eso no puede ser, eso no es democracia. Yo sé que tienen buena intención, pero necesitamos que se democratice la iniciativa”, dijo.

Para Arrocha, no deben existir “forasteros” en la discusión de las reformas constitucionales que lleva a cabo la Concertación Nacional.

Arrocha cuestionó la fórmula que se propone en el proyecto para designar a los magistrados de la Corte.

A su juicio, se trata de un tema que, en efecto, se debe abordar, pero considera que se está confundiendo una plataforma de consulta con la autoridad nominadora, es decir, el Ejecutivo.

El proyecto propone que los magistrados de la CSJ sean nombrados por el Consejo de Gabinete, pero de una terna que presente el Consejo de la Concertación Nacional para el Desarrollo.

El artículo 200 de la Constitución señala que son funciones del Consejo de Gabinete acordar con el presidente de la República el nombramiento de los magistrados de la Corte y de sus respectivos suplentes, con sujeción a la aprobación de la Asamblea Nacional.

El magistrado también criticó el sistema propuesto para el juzgamiento de los magistrados y los diputados de la Asamblea, una propuesta que tildó de “perversa” y que debe ser repensada.

El proyecto plantea que toda denuncia o querella contra un magistrado de la Corte sea investigada por el procurador general de la Nación o un fiscal delegado y, en caso de ser imputado, será procesado en primera instancia por dos magistrados del Tribunal Constitucional, cuya creación también forma parte del proyecto de la Concertación

“A mí no me parece que lo que se propone va a solucionar [el problema], porque en vez de tener un matrimonio, ahora lo que vamos a tener es un trío”, dijo.

Tribunal Constitucional

La propuesta  para crear un Tribunal Constitucional como máximo organismo judicial del Estado también fue cuestionada por el magistrado.

Planteó que, primero, hay que preguntarse si la sociedad necesita este Tribunal Constitucional.

Descartó que el Tribunal Constitucional vaya a ayudar a desahogar las salas y el pleno de la Corte Suprema.

Indicó que esto sería así, porque entre las funciones que se le otorgan al Tribunal Constitucional no se establece claramente que debe atender los habeas corpus y amparos de garantías, entre otros recursos, que son los que más “abundan” en el pleno de la Corte.

El magistrado criticó la función que le otorga la propuesta al Tribunal Constitucional de juzgar a los magistrados.

En ese sentido, aseveró que hay propuestas que pueden ayudar a solucionar el problema para juzgar a los magistrados, siempre y cuando “se abra un compás de participación”.

Por ejemplo, propuso para el juzgamiento de los magistrados de la Corte un “tribunal de aforado”, en el que, explicó, se juzgaría a todos los funcionarios que, como ellos, no son juzgados por las vías ordinarias.

Dicho ente, señaló, pudiese estar conformado por representantes de las organizaciones que conforman la Concertación Nacional.

Otros señalamientos

Arrocha también indicó que las reformas respecto a la administración de justicia están enfocadas en lo penal, pero que hay otras jurisdicciones a las que hay que prestar atención, como la civil, así como al servicio que da el Órgano Judicial a los ciudadanos, porque, a su juicio, está deshumanizado.

Destacó la necesidad de que en esta temática se tome en cuenta a las universidades, puesto que, a su juicio, “hay que cambiar la mentalidad de los estudiantes de derecho, porque hay que crear nuevas generaciones de estudiantes”.

Concertación responde

Los planteamientos del magistrado Arrocha fueron refutados por Enrique De Obarrio, presidente de la Comisión de Modernización del Estado, Justicia y Seguridad Pública de la Concertación, a cargo del proyecto de reformas.

Para De Obarrio, es una lástima que el magistrado Arrocha, recién designado en la CSJ por parte del gobierno saliente, haya demostrado “tanto desconocimiento sobre lo que es la Concertación y de los ingentes y desinteresados esfuerzos que se han venido haciendo desde ese espacio de diálogo para mejorar la administración de justicia”.

Manifestó que el magistrado hizo ver que la Concertación es “un grupito insignificante” que ha estado pretendiendo encontrar soluciones al tema de la justicia, y sin consultar, precisamente, con ellos en el Órgano Judicial, o manteniéndolos al margen, y eso es “ falso de toda falsedad”.

Acotó que el órgano Judicial es uno de los sectores que forman parte de la Concertación y que a la última sesión plenaria a la que asistió fue el 18 de junio de 2013. A partir de ese momento tuvo “cero asistencia”.

“Es ese el nivel de importancia que ese órgano del Estado ha estado dando al diálogo social. ¿Por qué no han querido asumir su silla en la mesa del plenario y aportar, en vez de ahora cuestionar y, peor, sin saber?”, se preguntó De Obarrio.

“Hemos estado y seguiremos trabajando por los mejores intereses del país, con auténtico compromiso e interés para que los cambios necesarios realmente ocurran; construyendo consensos con miras a combatir la corrupción y enderezar nuestra débil institucionalidad”, puntualizó.

Separación de poderes

En el foro de la Apede también hizo uso de la palabra la expresidenta de ese gremio Morabia Guerrero, que participa en la Concertación en representación del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep).

Dijo que las reformas que ha presentado el sector privado hacen hincapié en una “separación de poderes”.

Guerrero detalló que la posición del sector en torno a la propuesta para la designación de magistrados y jueces es clara, que no provenga de ninguna comisión.

Explicó que la propuesta del sector privado e es que las designaciones de magistrados no salgan de ninguna comisión de 5 ni 10 ni 20 integrantes, básicamente por un tema de “representatividad”.

Apuntó que el presidente de la República, que se somete a un proceso electoral nacional, tiene más representatividad que cualquier comisión , por lo que se debe mantener en esa figura el nombramiento de los magistrados.

“Consideramos que en este momento lo que está ocurriendo en la sociedad panameña es que todo el mundo siente que tiene derecho a hacer una Constitución”, opinó.

Señalo que la sociedad civil sentada en la mesa de la Concertación “quiere, siente y necesita más poder para plantearle al país la solución, y no a través de los órganos que deben estar llamados a resolver el problema”.

Mientras tanto, Freddy Pittí, del Movimiento Juntos Decidimos, manifestó que están de acuerdo con la mayoría de los planteamientos abordados en el proyecto de reformas elaborado por la Concertación.

Otros disensos

Otros gremios que han manifestado su descontento con algunas propuestas de las reformas son las organizaciones ambientales, que se oponen al método para juzgar a los diputados.

Estos apoyan que el juzgamiento de los diputados sea a través de la justicia ordinaria y no de un proceso especial.

Además, solicitan que se incluyan especificidades de tipos de delitos imputables a los diputados.

Por su parte, el Partido Revolucionario Democrático (PRD) está en desacuerdo con que no se les permita a los diputados ningún otro empleo público ni privado remunerado.

Asimismo, el PRD y el Partido Panameñista están en contra de que los diputados solo puedan reelegirse por un solo período constitucional de manera consecutiva. Ambos colectivos políticos considerar que no se debe limitar que un diputado pueda ser reelegido.

A su vez, el Conep y algunas organizaciones de derechos humanos manifestaron su oposición a que exista la figura del suplente de diputado.

La Concertación aprobó que los suplentes de diputados no podrán ser cónyuges o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.

El proyecto que apruebe la Concertación Nacional será entregado al gobierno entrante, que lo presentará a la Asamblea Nacional para su aprobación durante dos legislaturas, y posteriormente someterlo a un referéndum nacional, el cual podría llevarse a efecto entre julio y agosto de 2020, de acuerdo con las proyecciones que ha realizado y expresado públicamente el presidente electo, Laurentino Cortizo, y algunos de los miembros de su colectivo político.

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