DERECHOS HUMANOS

La encrucijada de la adopción

En el país hay una lista de 76 menores en espera de ser adoptados; sin embargo, los procesos pueden prolongarse por más de cuatro años.

Sistema de acogida, la debilidad

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La encrucijada de la adopción

José Gómez es un niño de cuatro años de edad que no ha sido inscrito todavía en el Registro Civil y, por ende, no cuenta con certificado de nacimiento ni número de identidad personal; es decir, nada que lo identifique como ciudadano panameño.

Este infante nació en el año 2013, pero debido a que su supuesta madre está presa y como no cuenta con su padre u otro familiar que se haga responsable de él, fue enviado a uno de los 57 albergues que tiene el país para la atención de niños en situación de riesgo social.

El estatus de José es incierto, ya que la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia espera los resultados de una prueba de ADN que mandó a hacer en 2014, basada en las dudas que genera el hecho de que su supuesta madre es asociada con la trata de personas.

Los cuatro años que han transcurrido desde esa fecha confirman que para las autoridades ha sido insuficiente el tiempo destinado a cumplir con el proceso de investigación, inhabilitar la patria potestad actual del menor y declararlo en estado de adopción.

La situación que vive José cobra protagonismo en medio de la polémica surgida por la presentación de una nueva ley de adopción.

INICIATIVA LEGISLATIVA

Se trata del proyecto de ley 536, presentado en septiembre pasado por el ministro de Desarrollo Social, Alcibiades Vásquez, que busca crear una “ley general de adopciones de la República de Panamá”.

El documento, entregado a la Comisión de la Mujer, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional, consta de 112 artículos y es el resultado de un proceso de consulta realizado durante 2016 y en el que participó el Órgano Judicial, organizaciones de la sociedad civil, entre otros entes.

Según la exposición de motivos, en la ley que actualmente regula esta materia [Ley 46 del 17 de julio de 2013] “aún persisten normas que dan paso a interpretaciones incorrectas al momento de su aplicación en la vía administrativa como en la judicial, desnaturalizando la figura jurídica de la adopción y el derecho de los niños, niñas y adolescentes a crecer en una familia que no lo es por consanguinidad”.

El cambio más significativo entre la ley actual y la propuesta presentada radica en que de la Ley 46 de julio de 2013 se extrae el título tercero referente al “hogar sustituto y familia acogente”, con el objetivo de crear una nueva ley con este tema exclusivo.

El segundo cambio consiste en la composición del Comité de Asignación Familiar de Adopción.

Actualmente, este comité está compuesto por cinco miembros, tres representantes de organizaciones no gubernamentales que brindan atención y protección a la niñez y adolescencia, y dos del equipo técnico de la Dirección Nacional de Adopciones de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf).

Sin embargo, en la propuesta se sugiere que el comité sea integrado ahora por tres representantes de la Senniaf y dos de las organizaciones no gubernamentales.

LA POLÉMICA

Los cambios en la integración del comité son el punto que genera más inconformidad entre las organizaciones que componen la Red Nacional de Apoyo a la Niñez y Adolescencia de Panamá (Rednaniap), que agrupa a unas 37 instituciones que atienden a niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

Roderick Chaverri, vicepresidente de la Rednaniap, estimó que cambiar esta composición sería una “total falta de transparencia”.

Añadió que la Senniaf tiene la responsabilidad de hacer toda la investigación respecto al menor en una situación de riesgo, hasta que, si es el caso, se le declare en estado de “adoptabilidad”, y que la misma institución maneja las bases de datos de las familias que aspiran a adoptar.

“La Senniaf no puede constituirse en juez y parte de los procesos de adopción”, expresó Chaverri.

En tanto, César Augusto Pérez, miembro de la Rednaniap y presidente de la Fundación Pro Vida, manifestó que de aprobarse la propuesta tal y como está, el proceso de adopción se convertiría en un “monopolio” por parte de la Senniaf.

Para Pérez, la creación de una nueva ley no resolverá el problema que se tiene actualmente con los procesos lentos, la falta de personal, así como de recursos para este tema de la niñez.

Como alternativa al proyecto de ley 536, la Rednaniap ha sugerido que se mantenga la composición del comité como se encuentra actualmente o que se amplíe a siete miembros, de tal forma que participen dos representantes de la Senniaf y cinco de las organizaciones de la sociedad civil relacionadas directamente con la atención de los menores.

SENNIAF RESPONDE

Por su parte, Yazmín Cárdenas, directora de la Senniaf, aseguró que la propuesta, lejos de querer polemizar, busca “mejorar” la parte jurídica de la adopción, de tal forma que se fortalezcan las garantías que deben regir en estos procesos, tanto en la fase administrativa como en la judicial.

“Queremos ordenar las figuras que existen. Por un lado, el proceso de adopción, que es una figura jurídicamente permanente y, por el otro, el de acogimiento familiar, que es solamente temporal”, dijo Cárdenas.

Sobre el tema de la conformación del comité de asignación, señaló que “en la mayoría de los países la asignación de un menor con una familia la decide la dirección central de adopciones, que en este caso es la Senniaf, y por ello se solicitó ese cambio”.

Precisó que actualmente los miembros de la Rednaniap son los que representan a la sociedad civil, quitando la oportunidad a otras organizaciones que no forman parte de esa Red, y es por eso que con la nueva propuesta de ley se establece un proceso de selección de los representantes de la sociedad, “más democrático, participativo y transparente”.

En el país hay unos 2 mil infantes y adolescentes distribuidos en 57 albergues. De ese total, el 49.9% son niñas y 50.1% niños, según datos de la Senniaf.

Se precisa que de ese total hay 76 menores declarados en estado de “adoptabilidad”, y en la base de datos hay registradas unas 156 familias que han solicitado aplicar a este proceso.

El debate de este proyecto es analizado por una subcomisión creada por la Comisión de la Mujer, la Niñez, Juventud y la Familia de la Asamblea.

Se espera que en esta subcomisión se pueda llegar a los consensos necesarios para dar curso a la propuesta, pero habrá que esperar hasta el próximo año, cuando se retomen las sesiones en la Asamblea para el debate.

Sistema de acogida, la debilidad

Los  hogares sustitutos y las familias de acogida son de los  programas más débiles  en el sistema de protección a menores, sostuvo Judith Cossú,  magistrada del Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia.  

Cossú planteó que es conveniente impulsar campañas nacionales que incentiven  la creación de familias de acogida y que permitan  garantizar a los niños, niñas y adolescentes  sus  derechos a contar con una protección familiar.  Además, sostuvo que  la Ley 46 de julio de 2013 no debe ser reemplazada por una nueva,  pero  se  mostró de acuerdo con  sacar de ese texto el programa de acogimiento familiar.

En tanto, José Ovalle, miembro del Consejo Consultivo del Observatorio de los Derechos de la Niñez y Adolescencia,  manifestó que la iniciativa de ley 537, presentada por el Ministerio de Desarrollo Social, en la que se crea y regula el sistema de acogimiento familiar como medida de protección temporal para los menores privados del cuidado parental, es un paso en la dirección correcta de garantizar que ante cualquier dilema “prime siempre el interés superior del menor”.

Actualmente, la  Secretaría Nacional de la Niñez,  Adolescencia y la Familia   tiene un registro de  11 familias acogentes, frente a unos 2 mil niños que están en albergues.

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