El enigma del bien patrimonial

La Ley 59 de 2009 que dicta disposiciones contra la corrupción administrativa, obliga a los funcionarios de manejo y con mando y jurisdicción, a declarar su patrimonio antes y después de su gestión, mas no exige que tales declaraciones deban publicarse. Desde 2005 el Pacto de Estado por la Justicia clama porque la ciudadanía tenga acceso a esta información. Pero el gobierno anterior, amparado en un fallo de la Corte Suprema de Justicia, blindó los datos sobre los bienes de sus funcionarios. El ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, señaló que esta tendencia continuará en aras de la “confidencialidad”. Expertos abogan por una reforma urgente de la Ley 59, en pro de una real transparencia gubernamental.

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