DESAPARECIDOS Durante LA DICTADURA

En espera de la justicia

El Comité de Familiares de Desaparecidos de Panamá Héctor Gallego exige el pago de una compensación de $70 millones.

Aristides Quintero tenía ocho años cuando su padre, Hipólito Quintero, fue detenido por funcionarios de la Guardia Nacional en la comunidad de Urasillo, en Río Indio, Coclé, por supuestamente pertenecer al Partido Demócrata Cristiano.

Transcurría 1969, un año después del golpe militar contra el presidente Arnulfo Arias Madrid, y desde entonces Hipólito Quintero no fue visto con vida nunca más. No está claro el día ni el mes en que murió, pero no regresó.

44 años después y cuando es inminente el inicio del proceso para la identificación de los restos hallados por la Comisión de la Verdad, que se cree pertenecen a víctimas de la dictadura, Aristides Quintero aceptó narrar públicamente su historia por primera vez.

Desde aquel momento, dijo, tuvieron que vivir en constante zozobra y bajo amenazas de los militares, que allanaban su casa en busca de supuestas armas y colaboradores de su padre.

“Mis hermanos y yo tuvimos que trabajar limpiando casas, mientras mi madre lavaba y planchaba ropa, para poder comer. La ausencia de mi padre fue una cosa muy dura de enfrentar, porque no sabíamos si estaba detenido o muerto y no existía una autoridad a la que acudir para pedir información”, narró.

“Gracias a Dios logré terminar la escuela primaria, pero tuve que abandonar los estudios de secundaria porque no había dinero para comer y mucho menos para ir al colegio. Para mis hermanos más pequeños fue más difícil aún, porque estaban muy apegados a mi padre y siempre preguntaban cuándo volvería. No sabíamos qué decirles”, acotó.

“Hay cosas y hechos que trato de no recordar para no sufrir, pero no hemos perdido la esperanza de que se haga justicia en el caso de la desaparición y muerte de mi padre”, señaló.

Precisó que en el libro de la Comisión de la Verdad se señala que su padre pertenecía al Partido Demócrata Cristiano, “pero en realidad era arnulfista y eso nunca lo ocultó; y aunque así fuere, ello no era motivo para que lo arrestaran y asesinaran como si fuera un delincuente de alta peligrosidad”.

LO QUE PASÓ

Según algunos residentes de Urasillo, Hipólito Quintero, de 39 años, fue detenido por la Guardia Nacional y obligado a caminar por el pueblo con una pierna fracturada. En el trayecto, varias veces lo arrojaron al suelo mientras lo acusaban a gritos de pertenecer a la Federación Campesina, que según los militares agitaba entonces a los campesinos de la región contra el gobierno.

Los testigos relataron a la Comisión de la Verdad y a Aristides Quintero que los guardias permanecieron en el pueblo hasta la noche, y entonces, bajo las sombras, se escucharon los gritos de Hipólito pidiendo que no lo mataran. Nadie se atrevió a salir.

Su cadáver fue abandonado por los militares a la intemperie y allí permaneció durante varios días, hasta que el sacerdote Aurelio García, que residía en Penonomé, lo halló y sepultó casi en el mismo lugar donde estaba.

En 2001, la Comisión de la Verdad exhumó los restos y practicó una prueba comparativa de ADN, cuyo resultado no dejó lugar a dudas. Quien yacía en aquel lugar era Hipólito Quintero, campesino, padre de ocho víctimas de la dictadura.

LA MAYORÍA NO SABE

A pesar de que se logró la identificación de la víctima (a diferencia de la mayoría), y de que todavía viven testigos que vieron cuando Quintero era detenido por los militares, 44 años después de cometido el crimen no existe un proceso judicial contra sus autores materiales ni intelectuales.

En ese sentido, Aristides Quintero reconoció que las acciones del Comité de Familiares de Desaparecidos de Panamá Héctor Gallego (Cofadepa HG) se erigen como la única esperanza que queda para que el Estado acepte su responsabilidad por la desaparición y muerte de su padre y la demuchos otros que cayeron en el oscuro régimen militar encabezado al principio por Omar Torrijos y al final por Manuel Antonio Noriega (ver tabla).

Quintero señaló que la mesa de entendimiento con el Gobierno, que adelanta las negociaciones con los familiares de las víctimas de la dictadura, avanza muy lentamente.

De hecho, casi dos años después de la instalación de la mesa, mediante Resolución 499 del Consejo de Gabinete, fechada el 30 de diciembre de 2011, ni siquiera se tiene un fecha definida para la llegada al país de los antropólogos argentinos que finalmente harán las pruebas de ADN a los 60 restos óseos hallados por la Comisión de la Verdad, y que desde 2001 permanecen en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf).

Maritza Maestre, vocera de Cofadepa HG, opinó que el tiempo se agota, ya que falta poco para que comience un nuevo período electoral en el país y aún no se ha definido ninguna de las peticiones del comité, entre estas el pago de una indemnización de $70 millones a los familiares de desaparecidos.

Advirtió que al empezar la campaña electoral, “el tema será dejado en el olvido y los funcionarios estarán más enfocados en la política”.

Sin embargo, el director del Imelcf, Humberto Mas, aseguró que el proceso para la contratación de los antropólogos argentinos está en su fase final y que solo hace falta establecer la fecha de su llegada al país, así como fijar el cronograma de trabajo, para finalmente hacer las pruebas de ADN.

Mas recordó que cuentan con un fondo de 135 mil dólares, $90 mil asignados durante la administración de la exprocuradora Ana Matilde Gómez y $45 mil aportados por el gobierno del presidente, Ricardo Martinelli.

Por su lado, Diomedes Trejos, jefe del Laboratorio Biomolecular del Imelcf, precisó que el monto del contrato de los antropólogos asciende a $55 mil 100 y está por ser refrendado por el Departamento de Fiscalización del Ministerio Público.

Trejos detalló que concluido este último paso arrancará el cronograma de trabajo con la notificación a los antropólogos, para que fijen la fecha de su llegada.

El citado cronograma incluirá cinco parámetros de trabajo, entre estos el análisis de los datos de las exhumaciones, la verificación de las condiciones de los restos, de las muestras de ADN tomadas a los familiares y de la seguridad de los procedimientos, y la realización del procedimiento de comparación.

Dijo que la contratación de los antropólogos se retrasó por una serie de requerimientos de la Contraloría, ya superados.

Proceso a Delgado D. sigue parado

Aunque no fue incluido en el informe de la Comisión de la Verdad, otro de los casos de la dictadura que está paralizado es el que se sigue al exministro de Gobierno y Justicia Daniel Delgado Diamante por el homicidio del cabo Andrés García, en 1970.

En 2011 sus abogados presentaron una demanda de inconstitucionalidad contra el auto de juicio emitido por el Segundo Tribunal, que no ha sido resuelta aún.

La audiencia a Delgado Diamante esta fijada para el próximo 6 de octubre, pero si dicho recurso no es resuelto antes, el juicio deberá ser suspendido por segunda ocasión.

El magistrado Luis Ramón Fábrega fue designado como ponente de la demanda.

En 2012, el Segundo Tribunal negó la nulidad y la prescripción del proceso.

Al exministro también se le mencionó en la investigación por la muerte de Félix Serrano, en abril de 1983, por lo que se pidió la reapertura.

Juan Manuel Díaz C.

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