CRIMINALIDAD

El feminicidio, un problema constante

Las mujeres de entre 30 y 34 años de edad son las más afectadas por este flagelo, de acuerdo con las autoridades.

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El feminicidio, un problema constante

La muerte violenta de mujeres a manos de sus parejas o exparejas es un problema social recurrente y que no da tregua.

De eso dan muestra los ocho casos de feminicidios registrados en el país en los primeros seis meses de este año, cifra similar a la del mismo periodo de 2017.

Pero el problema va más allá. Los números revelan que fueron 12 las mujeres expuestas a la violencia de género en el primer semestre de este año, porque, además de los feminicidios, hubo cuatro casos que afortunadamente para las víctimas no terminaron en tragedia (tentativas).

Generalmente, las víctimas son mujeres de entre 18 y 49 años de edad, pero el mayor porcentaje está entre los 30 y 34 años; es decir, mujeres en plena edad productiva.

El delito

La normativa en estos casos es muy clara. De hecho, la Ley 82 del 24 de octubre de 2013 reformó el Código Penal para tipificar el feminicidio, adoptar medidas de prevención y sancionar los hechos de violencia específicamente contra la mujer.

Por ejemplo, el artículo 132-A de esta regulación establece hasta 10 circunstancias por las que se puede sancionar este delito con una pena de 25 a 30 años de prisión.

La directora del Instituto Nacional de la Mujer (Inamu), Liriola Loteau, subrayó que en los cinco años que tiene vigente la ley dieron pasos importantes para dejar una plataforma básica y fundamental que ayude a las próximas administraciones a continuar con este trabajo, tendiente a prevenir los actos de violencia de género contra las mujeres.

Para Loteau, el feminicidio es la expresión más grave de la agresión contra las mujeres, que se debe diferenciar de otros casos, como muertes violentas de mujeres, los cuales pueden ser cometidos por organizaciones criminales, por ejemplo.

Precisamente, el Ministerio Público también tiene estadísticas sobre muertes violentas de mujeres, las cuales revelaron que hasta el pasado mes de junio no se registró ningún hecho de ese tipo, aunque el año pasado hubo 13 casos.

Los actores

En la Ley 82 de 2013 se estableció una serie de obligaciones con las cuales deben cumplir 10 instituciones.

Actualmente, el Inamu maneja un presupuesto de 6 millones de dólares, lo que representa 4.5 millones de dólares más de los recursos económicos de la pasada administración.

En relación con los avances que en materia de protección a la mujer tiene el país, Gloria Mazzotti, especialista de la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo, con sede en Panamá, expresó que no solo el país, sino también otras naciones, adquirieron compromisos en 2016 ligados a la Agenda para el Desarrollo Sostenible Global 2030.

Mazzotti detalló que esta responsabilidad obliga al país a darle seguimiento a los compromisos internacionales que asumió en materia de reducción de las desigualdades en materia de género, además de abordar específicamente todo tipo de violencia desde esta perspectiva.

Conforme a la especialista en derechos humanos, Panamá está obligada a reducir las desigualdades de género, ya que firmó el pasado 2015 un acuerdo al respecto ante agencias de Naciones Unidas, las cuales funcionan como testigos.

Los retos

Trabajar en la reducción de la violencia de género no es una tarea fácil, reconoció Mazzotti a l momento en que indicó que el país está dando pasos legales e institucionales para dar una respuesta a las víctimas de la violencia doméstica.

En relación con los retos, sostuvo que todos los funcionarios tienen las herramientas para abordar una situación cuando la víctima es de violencia de género. “Toda la sociedad puede ser empática con las situaciones de violencia de género”, dijo.

Al respecto, expresó que la tarea no está solo en bajar la tasa de feminicidios a nivel nacional, sino en garantizar una respuesta de calidad para las mujeres que sufren violencia de género.

Explicó que este trabajo debe incluir un componente de educación para ir reduciendo el patrón patriarcal que existe en la región y así pensar en una sociedad más inclusiva, con mayor equidad y reducir las brechas de género.

Finalmente, puntualizó que es clave tener información de calidad para que todos los movimientos que buscan la protección de la víctimas de violencia de género estén informados.

La educación

Otra que aboga por la educación para tener una sociedad más justa y “menos machista” es la abogada en derecho de género Joyce Araujo.

Para la jurista, el único camino que podría llegar a aliviar un poco la violencia de género es la educación, para lo cual se podría dotar del dinero que requiere el Ministerio de Educación a fin de que los estudiantes reciban una educación basada en “derechos humanos”.

Araujo añadió que de esta forma las futuras generaciones harán los cambios que se requieren, para frenar la violencia de género, social y hasta la corrupción.

Este fin de semana, docenas de mujeres se manifestaron en vía España para levantar sus voces contra los feminicidios.

De forma simbólica, la oenegé Espacio Encuentro de Mujeres colocó pares de zapatos en alusión a los feminicidios y muertes violentas contra las mujeres en el país.

Conforme a los últimos registros estadísticos del Ministerio Público, 2014 fue el año con más feminicidios de los últimos cuatro años, con 39 casos. Luego, en 2015 fueron contabilizados 29, mientras que en 2016 la cifra fue de 19 casos. En 2017, las autoridades reportaron 18 feminicidios y de enero a junio de 2018 se dio cuenta de 8 casos.

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