casos de alto perfil

Las fianzas, nulidades y amenazas del juez Loaiza

Tras su polémico fallo que archivó el caso contra trabajadores de TCT, Leslie Loaiza fue ascendido de juez municipal a juez decimoquinto penal en el Órgano Judicial, durante la presidencia de José Ayú Prado en la Corte Suprema de Justicia.

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Sus decisiones comenzaron a generar polémica a partir de 2016, cuando empezó a otorgar fianzas de excarcelación y a cambiar medidas cautelares. Sus decisiones comenzaron a generar polémica a partir de 2016, cuando empezó a otorgar fianzas de excarcelación y a cambiar medidas cautelares.
Sus decisiones comenzaron a generar polémica a partir de 2016, cuando empezó a otorgar fianzas de excarcelación y a cambiar medidas cautelares.

El 26 de noviembre de 2013, actuando como juez segundo municipal penal, Leslie Loaiza dictó un sobreseimiento definitivo a trabajadores de la empresa  Transcaribe Trading (TCT), acusados por el bloqueo efectuado a los diarios La Prensa y Mi Diario en agosto de 2012.

La decisión de Loaiza fue revocada por el Tribunal de Apelaciones, que lo obligó a realizar una audiencia preliminar, la cual se llevó a efecto el 29 de julio de 2014.

Posteriormente, el 27 de agosto de 2014, Loaiza ordenó el archivo definitivo del proceso y a las pocas semanas fue ascendido a juez decimoquinto penal.

En aquella fecha, el magistrado José Ayú Prado fungía como presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Al juzgado que preside Loaiza se le asigna la mayoría de los procesos relacionados con afectaciones al patrimonio del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN) durante el gobierno pasado.

A él le corresponden casos de alto perfil como el de la compra de granos, mochilas escolares o comida deshidratada por $44.5 millones; el alquiler de helicópteros; la ampliación de la autopista Arraiján- La Chorrera; el de supuestas anomalías en el programa Piso y Techo; e incluso el caso seguido al exjefe del PAN Rafael Guardia Jaén por peculado contra esa entidad.

Sus primeras decisiones como juez penal en procesos de alto perfil, entre enero y abril de 2015, no provocaron mayor polémica. Por ejemplo, negó acumular los procesos que se le seguían a Guardia Jaén, y también rechazó un incidente de controversia al empresario Mario Martinelli –hermano del expresidente Ricardo Martinelli– en el caso de los granos.

Pero sus decisiones comenzaron a generar polémica a partir de 2016, cuando empezó a otorgar fianzas de excarcelación y a cambiar medidas cautelares.

De hecho, con una fianza de excarcelación benefició a Mario Martinelli en el caso de los granos. Asimismo, a los exministros de Obras Públicas Federico Suárez y Jaime Ford, en la investigación por supuesto sobreprecio en el ensanche de la autopista Arraiján - La Chorrera.

Además, dejó en libertad a Loraine Brigitte Guardia Juárez y a Jonathan Ryan Guardia Andrión –hijos de Guardia Jaén–, acusados de la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales por bienes y dinero que presuntamente recibieron proveniente del PAN.

Tras su reciente fallo, en el que anuló parcialmente el caso de los sobrevuelos de helicópteros con fondos del PAN, Loaiza amenazó con demandar a quienes critiquen sus decisiones.

En su cuenta Kienyke.com, Annette Planells, del Movimiento Independiente, advirtió ayer de que esta amenaza puede interpretarse como censura.

En tal sentido, Planells señaló la necesidad de que se ponga en funcionamiento el Tribunal de Integridad y Transparencia –contemplado en la Ley 44 de la carrera judicial–, encargado de investigar y juzgar a los jueces.

De acuerdo con Planells, la ausencia de este tribunal crea “un enorme vacío, que imposibilita investigar este y seguro muchos otros casos en el Órgano Judicial”.

Planells consideró que la justicia no puede seguir siendo la última prioridad de los políticos.

Advirtió que la frustración acumulada en la sociedad civil producto de la impunidad en casos de corrupción, “nos está arrastrando a una especie de depresión colectiva. Esta situación puede llevarnos, y nos ha llevado en el pasado, a tomar malas decisiones electorales, perpetuando el círculo vicioso de la corrupción”.

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