ANÁLISIS

El fuero electoral penal se puso de moda

Esta prerrogativa se ha convertido en otra herramienta para obstaculizar la acción del Ministerio Público.

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El Tribunal Electoral es el responsable de levantar los fueros penales creados para proteger a los involucrados en las elecciones. Archivo-LP El Tribunal Electoral es el responsable de levantar los fueros penales creados para proteger a los involucrados en las elecciones. Archivo-LP
El Tribunal Electoral es el responsable de levantar los fueros penales creados para proteger a los involucrados en las elecciones. Archivo-LP

Según el artículo 19 de la Constitución Política de la República de Panamá, no existen los fueros o privilegios. Sin embargo, la clase política se ha construido una telaraña de blindaje denominada fuero electoral.

En realidad, no hay un único fuero electoral, sino tres distintos fueros que cumplen propósitos similares. Todos los fueros electorales son garantías, protecciones o blindajes, que se les concede a los participantes en los procesos electorales.

Existe el fuero electoral laboral, que protege a los aspirantes a cargos de elección popular para no ser despedidos, trasladados o desmejorados en su condición laboral por parte de su empleador, salvo que se levante la prerrogativa de forma previa por parte del Tribunal Electoral.

Hay una garantía similar para los servidores públicos, denominada fuero electoral administrativo, que cumple con los mismos propósitos que el fuero electoral laboral.

Finalmente, el más propenso a la controversia es el fuero electoral penal, que garantiza a los participantes en los procesos electorales no ser investigados, detenidos, arrestados o procesados en alguna causa penal, policiva o administrativa, que tenga pena o sanción de privación de la libertad, sin que exista autorización previa del Tribunal Electoral.

La única excepción a esta garantía es el arresto en la comisión de flagrante delito.

El fuero electoral ha venido creciendo y expandiéndose por vía legislativa, ya que sus principales beneficiarios son los diputados, alcaldes, representantes de corregimiento y todos los aspirantes a los cargos de elección.

En un principio, la legislación electoral panameña restringía el beneficio del fuero electoral únicamente a los participantes en las elecciones generales. Luego, se amplió para incluir las elecciones primarias en los partidos políticos y los procesos de elección de autoridades internas de esos partidos.

El fuero electoral protege por igual a los aspirantes a cargos de elección; a los dignatarios de los partidos políticos (presidentes, vicepresidentes, secretarios generales y otros); a los representantes de los partidos políticos y de los candidatos en las mesas, los centros de votación y las juntas de escrutinio; y a los funcionarios del propio Tribunal Electoral.

Antes de la reforma de 2017, el fuero electoral no impedía la investigación de los delitos, sino que tutelaba esencialmente contra la privación de libertad. Quizás por la influencia de tantos detenidos e investigados por los casos de corrupción de alto perfil, a partir de 2017 ni siquiera se puede investigar a una persona con fuero electoral sin permiso previo del Tribunal Electoral.

El fuero de Sara Montenegro

Un ejemplo reciente que confirma el nuevo blindaje que otorga el fuero electoral penal es el de la abogada Sara Melissa Montenegro Pérez de Vallarino, quien perteneció a la firma forense Mossack &Fonseca.

Sara Montenegro. Expandir Imagen
Sara Montenegro.

El 22 de mayo pasado, el Ministerio Público emitió una orden para conducir a la abogada, quien no se presentó a rendir declaración indagatoria como parte de una investigación por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales.

Al solicitar una fianza a su favor, la jueza decimoctava penal de Panamá, Baloisa Marquínez, se la negó con el argumento de que “ha incurrido en desatención al proceso y existe peligro de fuga”.

La apelación a esta decisión, conocida por el Segundo Tribunal Superior Penal, fue fallada ayer en favor de la abogada Montenegro de Vallarino, y se le concedió una fianza de 150 mil dólares.

Además, la abogada tiene una protección adicional, gracias a su postulación para convertirse en candidata a diputada por el circuito 8-7, en representación del Partido Revolucionario Democrático.

Montenegro de Vallarino tiene fuero penal electoral hasta 15 días después de ejecutoriada la proclamación de los resultados de las primarias del PRD, lo que pudiera significar, fácilmente, que su fuero se extendería hasta entrado el mes de octubre próximo. Claro está que esto sería así en el caso de perder las elecciones primarias.

En caso contrario, su fuero penal se extendería hasta 15 días después de la proclamación del 5 de mayo de 2019.

Si ganase el cargo de diputada, podríamos imaginar que su caso tendría que pasar a conocimiento de la Corte Suprema de Justicia. Ya sabemos lo que eso significa.

Complicaciones

El fuero electoral penal se complica para aquellos aspirantes que corren para diputados por un partido político y, a la vez, recogen firmas como independientes para cargos como representantes de corregimiento o alcaldes.

Vale la pena recordar que el término de vencimiento de los fueros electorales se empieza a contar cuando se ejecutoría la última resolución que proclama un resultado electoral.

Esa fecha no está determinada por el simple paso del tiempo, ya que las apelaciones y reclamos retrasan las resoluciones del Tribunal Electoral.

Mientras esto sucede, el Ministerio Público no puede investigar, con el riesgo de que las causas prescriban.

El proceso de levantamiento del fuero electoral penal es, a su vez, más engorroso, porque las notificaciones a la parte afectada deben ser personales. Esto permite el viejo juego del gato y el ratón, y ello causa más retraso a la tramitación de los expedientes.

Nunca antes Panamá había conocido el uso de las postulaciones políticas como parte de una estrategia para evitar la acción judicial. En la era del sistema penal acusatorio y los jueces de paz, el fuero electoral penal es un vicio de la democracia y un obstáculo a la justicia.

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