DERECHOS HUMANOS. DESCONOCEn A DOMINICANOS DE ORIGEN HAITIANO

La gente que se quedó sin país

Un fallo del Tribunal Constitucional dominicano dejó en el limbo a miles de hijos de inmigrantes nacidos en el país. El descontento crece.

Juliana Deguis Pierre nunca ha ido a Haití. Esta mujer nació hace 28 años en la comunidad de El Jovillo, de Yamasá, Monte Plata, en República Dominicana. Cuando cumplió su mayoría de edad y quiso sacar su cédula, el tema de su partida de nacimiento se enredó. No le dieron el documento, y aunque acudió luego ante las autoridades en Santo Domingo, el asunto no se resolvió.

Hija de padres haitianos que emigraron hace décadas a República Dominicana, su caso llegó lejos. Hasta el Tribunal Constitucional, que la semana pasada, basado en los reclamos de Deguis Pierre decidió que todos los inmigrantes irregulares que entraron al país desde 1929, sus hijos y los hijos de sus hijos, aunque haya nacido en el país, no son dominicanos.

Teóricamente a Juliana, como a cualquiera en su situación, la podrían deportar en cualquier momento a “su” país. Una nación que no conoce y a la que no ha ido nunca. “Si me mandan para Haití, no sé para dónde es que yo voy”.

Los cuatro hijos de Juliana comparten su incertidumbre.

La decisión del alto tribunal dominicano afecta principalmente a personas de origen haitiano, directamente a más de un cuarto de millón de personas en esa situación y ha generado una creciente ola de repudio y críticas, tanto en el país como por parte de organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El pasado 1 de octubre, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU expresó su profunda preocupación por la sentencia y urgió al Gobierno dominicano a adoptar todas las medidas necesarias que garanticen que los dominicanos de origen haitiano no sean privados de su derecho a la ciudadanía, en consonancia con las obligaciones del país con los tratados internacionales sobre derechos humanos.

Según la ONU, hasta 2010 la República Dominicana seguía el principio de ofrecer automáticamente la nacionalidad y ciudadanía a cualquier persona nacida en su territorio, pero en ese año, una nueva Constitución estipuló que la ciudadanía se le otorgaría solamente a aquellos nacidos en territorio dominicano de al menos un padre de sangre dominicana y cuyo padre extranjero fuese residente legal.

Detrás de la decisión, respaldada por las autoridades dominicanas, parece asomar el problema casi centenario de la migración haitiana que presiona fuertemente por las plazas de trabajo, especialmente en los niveles bajos y el campo. También existe en algunos sectores un pensamiento racista, a veces abiertamente admitido, que fue alentado desde el poder en los tiempos de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo.

Según el último censo nacional de inmigrantes de 2012, en República Dominicana hay 458 mil inmigrantes haitianos en una población de 10 millones de habitantes, informa un despacho noticioso de la agencia AFP. La nueva medida afectaría a más de la mitad de los inmigrantes haitianos.

El pasado miércoles, Puerto Príncipe retiró a su embajador en Santo Domingo, ante la preocupación de Haití por las implicaciones de esta decisión. El Gobierno dominicano se ha apresurado a señalar que no habrá “deportaciones masivas”.

El director general de Migración, José Ricardo Taveras, señaló a la agencia EFE que la sentencia, en vez de dejar en el limbo a los extranjeros, inscritos de manera irregular en el registro civil, “lo que está haciendo es incorporándolos a la vida civil del país y fortaleciendo el mandato legislativo en el sentido de que se realice un plan nacional de regularización de extranjeros”.

La masacre del perejil

Los militares dominicanos que patrullaban la frontera en octubre de 1937, hacían una sola pregunta: “¿cómo se llama esta planta?”, mientras blandían un perejil. Los que pronunciaban en español el nombre del vegetal, se salvaban. Los que no, morían. Así, tras redadas selectivas, llegaron a morir asesinados entre 20 mil y 30 mil haitianos, en uno de los eppisodios más repulsivos de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Un trazado arbitrario de la frontera, pactado por el propio Trujillo, había irritado a los terratenientes dominicanos. El odio visceral que el propio Trujillo alentaba contra los haitianos negros, en medio de sus planes de “blanquear” República Dominicana, alimentó los prejuicios. Su solución fue exterminarlos. Trujillo fue obligado a pagar una indemnización a los sobrevivientes, pero el dinero nunca llegó a su destino.

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