Café con La Prensa: ¿Qué nos deja el 2018?

Finanzas públicas

La goleada del Legislativo en la ley de presupuesto

La iniciativa que dicta el presupuesto para 2019 tiene varios ‘goles’. Por ejemplo, permite a la CSS esquivar la Ley de contrataciones públicas al momento de adquirir servicios hasta por $1 millón.

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La sesión del pleno de la Asamblea Nacional se extendió hasta altas horas de la noche. Roberto Cisneros La sesión del pleno de la Asamblea Nacional se extendió hasta altas horas de la noche. Roberto Cisneros
La sesión del pleno de la Asamblea Nacional se extendió hasta altas horas de la noche. Roberto Cisneros

El proyecto de ley 659 sobre el presupuesto general del Estado para el año fiscal 2019 no solo se limita a legislar sobre las finanzas públicas.

La iniciativa que contiene 350 artículos en 113 páginas, tiene, al menos, tres camarones o goles legislativos, que benefician a la Asamblea Nacional, y a la vez relajan los controles a varias instituciones del gobierno, como la Caja de Seguro Social (CSS), así como a las asociaciones deportivas y patronatos.

Las contrataciones

El artículo 276, por ejemplo, señala que cuando se detecten inconsistencias en las partidas para contratación de personal contingente y transitorio, el Ministerio de Economía y Finanzas debe comunicar a la entidad afectada para que proceda con los ajustes correspondientes, y remitir copia de las anomalías a la Contraloría. Sin embargo, se exceptúa de esta normativa a la Asamblea Nacional, entidad que ha estado bajo el ojo de la tormenta por irregularidades detectadas en las distintas planillas de los diputados.

Ganan las federaciones

Mientras que el artículo 345 de esa propuesta de ley dispone que entidades como la CSS, Metro de Panamá, Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A., la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, el Aeropuerto lnternacional de Tocumen, S.A, estarán exceptuadas de la aplicación de la Ley 22 de 2006, sobre contrataciones públicas, para la adquisición de servicios, insumos médicos, mantenimiento, equipos, siempre que el monto de la contratación sea inferior a $1 millón.

Ese mismo artículo también dice en su parte final que las asociaciones y federaciones deportivas, así como los patronatos creados por ley, también estarán exceptuados de la aplicación de la Ley 22 de contrataciones públicas. En cambio se regirán por sus respectivos reglamentos o manuales especiales adoptados por sus juntas directivas.

El camarón fue presentado el mismo día que La Prensa publicó una investigación que desenmascara las irregularidades en subsidios de Pandeportes a federaciones y organizaciones controladas por diputados.

Los autores

Mientras que ayer en el pleno legislativo, cuando se debatía el proyecto en segundo debate, la diputada independiente Ana Matilde Gómez tildó este artículo de “tremendo golazo”, y añadió: “Yo no puedo votar a favor de esto. Ministra, ¿las federaciones deportivas reciben o no fondos públicos? preguntó a la titular de Economía y Finanzas, Eyda Varela de Chinchilla, quien se encontraba en el pleno.

Varela de Chinchilla respondió: “Sí, las federaciones reciben fondos públicos. Ese párrafo fue añadido en la comisión”.

Este medio conoció que quienes introdujeron las modificaciones fueron los diputados Luis Barría, del Partido Panameñista; Raúl Pineda, del Partido Revolucionario Democrático, y Miguel Fanovich, del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista. Se llamó y envió mensajes a cada uno de esos diputados, pero no respondieron.

Tampoco dijeron nada ayer durante el debate ni en el momento en que Gómez los cuestionaba.

‘Puja y repuja’

La diputada Gómez también aseguró que estos cambios son una forma de “arrodillar al Ejecutivo”.

“Quiere decir que el aumento que recibimos nosotros ($26.7 millones) sí es parte de esa negociación, esto es puja y repuja. ¿En qué se ha convertido la Comisión de Presupuesto? Por eso es que quieren hacer venir a cualquiera a refrendar los traslados de partida, porque esa es la forma de arrodillar al Ejecutivo”. Mirando directamente a la ministra Varela de Chinchilla, y al grupo de funcionarios que la acompañaba, siguió diciendo: “ustedes se lo han buscado, fueron soltando, soltando, soltando, cuando querían la bendita gobernabilidad. Cuando quisieron recoger, no sabían como”.

Hay más sorpresas. El artículo 275 de ese proyecto de ley, también otorga más beneficios a los diputados. Establece que se consideraran como una extensión de la Asamblea Nacional, las oficinas ubicadas en los circuitos electorales. Agrega que los nombramientos, destituciones, ajustes salariales y ascenso de personal transitorio y contingente que haga la Asamblea, entre otras entidades, se enviarán al Ministerio de Economía y Finanzas “solo para su conocimiento”, y a la Contraloría para su incorporación a la planilla correspondiente.

Los demás diputados no tocaron el tema. La mayoría se limitó a hablar sobre los proyectos que impactarían en sus circuitos.

El presupuesto del Estado para 2019 asciende a $23 mil 669 millones. Al cierre de esta edición se discutía en segundo debate.

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