INVESTIGACIÓN JUDICIAL

Dos grupos de inversionistas en la trama New Business

El fiscal dice que a pesar de que invirtieron grandes sumas de dinero, los empresarios no figuran como los dueños del medio de comunicación.

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El 26 de junio de 2017, la procuradora Kenia Porcell anunció que se investigaba un caso de blanqueo de capitales relacionado con la cuenta New Business. El 26 de junio de 2017, la procuradora Kenia Porcell anunció que se investigaba un caso de blanqueo de capitales relacionado con la cuenta New Business.
El 26 de junio de 2017, la procuradora Kenia Porcell anunció que se investigaba un caso de blanqueo de capitales relacionado con la cuenta New Business. Archivo

Dos grupos de inversionistas habrían participado en la compleja estructura ideada para la compra del grupo Editora Panamá América, S.A., en 2010, supuestamente con fondos públicos, investigación judicial denominada caso New Business.

Así consta en el fallo del Segundo Tribunal Superior que extendió el plazo al Ministerio Público para que siga con el proceso.

En el primer grupo estaban los inversionistas que habrían aportado fondos para la compra del medio, “producto de contrataciones públicas” que “fueron desviados para la adquisición del grupo”, según el documento. En el segundo estaban los que fueron beneficiados con contratos del Estado, que actualmente son investigados por la presunta comisión de delitos contra la administración pública.

NEW BUSINESS AL DESNUDO

Se está ante la presencia de un grupo estructurado de personas que utilizó mecanismos para apoderarse de dineros del Estado.

Esta es una de las principales conclusiones del fallo que emitió el Segundo Tribunal Superior, para resolver la apelación que presentó la Fiscalía Primera Especializada contra la Delincuencia Organizada, luego de que el Juzgado Decimoctavo Penal se negara a declarar complejo el caso New Business, que investiga la compra de la Editora Panamá América, S.A., (Epasa) con supuestos fondos públicos.

La sentencia, firmada por el magistrado Wilfredo Sáenz Fernández (ponente), recalca además que para adquirir el medio de comunicación, un grupo de personas depositó fondos en bancos del país, y otros en el exterior, una “conducta típica de la delincuencia organizada”.

Destaca también que “fue una actividad específica para llevar a cabo el delito de blanqueo de capitales”, y que este proceso es perfectamente aplicable a la Ley 121 de 2013, sobre delincuencia organizada. “Ante estas circunstancias debemos declarar que el delito de blanqueo de capitales requiere un procedimiento de tramitación compleja y que ello conlleva la extensión de los plazos de investigación”, dice el fallo.

LO QUE DICE LA DIJ

El magistrado Sáenz, valiéndose de información suministrada por el Ministerio Público (Fiscalía Primera Especializada contra la Delincuencia Organizada), cita los hallazgos de Eliseo Ábrego, de la división de Delitos de Blanqueo de Capitales de la Dirección de Investigación Judicial, que hizo un análisis de los elementos incorporados al expediente.

Ábrego destaca la posible comisión de un “hecho delictivo relacionado con la actividad de blanqueo de capitales, para lo cual se utilizaron bancos de la localidad, entre ellos: Global Bank Corporation, Global Bank Overseas y el Banco Internacional de Costa Rica (Bicsa).

Ábrego advierte también que la constructora Transcaribe Trading (TCT), de los hermanos Daniel y David Ochy, transfirió $3 millones a al menos 10 sociedades controladas por empresarios y comerciantes del país, a través de cuentas bancarias del Global Bank y el Bicsa, “lo cual tuvo como desenlace la adquisición de las acciones de la sociedad Editora Panamá América, S.A., en el año 2010”.

El funcionario de la DIJ reveló que Transcaribe Trading obtuvo un contrato del Estado por $152.6 millones para el diseño, construcción y rehabilitación de la autopista Arraiján-La Chorrera, y que durante la ejecución de esa obra el Ministerio de Economía y Finanzas le pagó $22 millones en concepto de adelanto, dinero que, añade, ingresó al sistema financiero “y luego fue movilizado a través de múltiples operaciones financieras a distintas cuentas bancarias, entre ellas la 01-12-000087-6, en el Global Bank Overseas a nombre de New Business”.

“Acreditándose categóricamente el delito precedente como pilar fundamental para la configuración del delito de blanqueo de capitales”, manifestó.

FINANCIAL PACIFIC EN LA OPERACIÓN

El funcionario de la DIJ también advirtió que se utilizó la cuenta bancaria 10012125307 a nombre de Financial Pacific en Multibank, donde “aparecen Iván Clare, West Valdés, Mayté Pellegrini, Óscar Rodríguez y Mariel Rodríguez, como firmantes, y cuyo beneficiario final era Ori Zbeda, para transferir la suma de $1.9 millones para la compra de Epasa en 2010 (...)”.

Ábrego dice también que ese dinero “según la Fiscalía Séptima Anticorrupción procede de la utilización de información privilegiada en la compra de acciones de la sociedad Petaquilla Minerals Gold que realizó High Spirit, en cuya cuenta aparecen con firma autorizada Aaron Mizrachi, Tse Yum Ling y Navin Bhakta”.

New Business al desnudo Expandir Imagen
New Business al desnudo

LOS VINCULADOS

El magistrado Sáenz también recuerda en la sentencia que por este caso la fiscalía consideró acreditado el delito de blanqueo de capitales y la probable vinculación de los implicados, por tal motivo, esa agencia judicial emitió resoluciones [20 de junio de 2017, 24 de junio de 2017, 18 de agosto de 2017 y el 22 de agosto de 2017] en las que llamó a indagatoria a a las siguientes personas: Moussa Daniel Levy, David Ochy, Daniel Ochy, Gonzalo Germán Germán Gómez Wong, Felipe Pipo Virzi, Gabriel Btesh, Mike Btesh, Danny Cohen Mungrabi, Leo David Cohen Mungrabi, Salomón Jack Btesh Btesh, Jack Btesh Hazan, Marcos Abraham Ángel Acrich, Dina Ochy, Iván Clare, West Valdés, Mayté Pellegrini, Mariel Rodríguez, Óscar Rodríguez, Ori Zbeda Levy, Aaron Mizrachi Malca, Tse Yum Ling y Navin Mohan Bhakta. En el expediente también se menciona a Riccardo Francolini Arosemena y a José Carlos Corcione.

A todos se les formuló cargos por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales.

La lista no quedó allí, pues el 6 de septiembre de 2017, la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada dispuso ordenar la ubicación y conducción de estas personas: Vernon Salazar Zurita, Ricardo Alberto Chanis Correa y Nicolás Corcione, además de Clare, Mizrachi Malca y Tse Yum Ling, quienes ya habían sido relacionados con el caso.

No hacen referencia a la medida cautelar impuesta a todas estas personas, pero lo que sí dice el fallo es que el 29 de agosto de 2017, la Fiscalía Primera Especializada contra la Delincuencia Organizada, ordena la detención “del señor imputado Felipe Alejandro Virzi”. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia resolvió a favor de Virzi un habeas corpus que presentó su defensa en este caso. No obstante sigue detenido en la cárcel El Renacer por la investigación que le sigue el Ministerio Público por supuestas irregularidades en un préstamo que concedió la Caja de Ahorros para la construcción del centro de convenciones de Amador.

Otro que está detenido en El Renacer por el proceso New Business es Daniel Ochy, de TCT.

LO QUE DICE EL FISCAL

El fiscal David Mendoza, a cargo de la pesquisa, cuando apeló el falló del juzgado que se negó declarar compleja esta investigación, advierte que en esta trama participaron dos grupos.

El primero, según las pesquisas, estaba compuesto por inversores que aportaron fondos “producto de contrataciones públicas” cuyo dinero fue “desviado para la adquisición del grupo Epasa. Mientras que en el segundo operaron empresarios que, en su mayoría, fueron beneficiados con contrataciones públicas.

De acuerdo con el fiscal Mendoza, “ambos grupos a pesar de haber invertido grandes sumas de dinero no figuran como los controladores o dueños de la Epasa (...)”, y luego explica que su despacho tiene contemplado “realizar la identificación de personas, y transacciones comerciales nacionales e internacional” para llegar hasta el último eslabón de la cadena: los verdaderos dueños del medio.

Por último, el fallo establece: “debemos declarar que el delito de blanqueo de capitales perseguido en esta causa, exige considerarlo como propia de una delincuencia organizada”, de acuerdo con las explicaciones que ofreció la fiscalía, por lo que se requiere el tratamiento de “tramitación compleja”.

Esto, asegura la sentencia, conlleva a la extensión del período de instrucción del sumario a un año, tiempo que puede ser prorrogable por un año adicional, con el visto bueno del tribunal competente.

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