mop se resiste a entregar información pública

Una historia que se repite

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Una vez más, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) se resiste a facilitar información a este diario, referente a la cinta costera.

Ahora se trata de la tercera fase, un proyecto que tiene orden de proceder desde marzo pasado y que, según el cronograma del MOP, estará listo en tres años.

No es la primera vez que el MOP –bajo distintos gobiernos– se niega a informar sobre la cinta costera.

En 2008, cuando el entonces gobierno de Martín Torrijos impulsó un relleno de 35 hectáreas en avenida Balboa (lo que ahora sería la fase uno de la cinta costera), el MOP, en aquella época dirigido por Benjamín Colamarco, evitó dar detalles y entregar planos sobre la obra que se llevaba a cabo en medio de la bahía de Panamá.

Correspondió a este diario obligar a Colamarco a entregar la información, bajo la Ley de Transparencia y recurrir hasta la Corte.

En aquella época, Ricardo Martinelli (que buscaba votos para ser Presidente de la República) reiteradamente expresó su preocupación por la falta de transparencia del proyecto y se solidarizó con los esfuerzos de este diario por obtener información.

El vía crucis

El 30 de abril de 2008, Colamarco visitó La Prensa acompañado de su equipo ejecutivo. Anunció que deseaba absoluta transparencia y que contestaría todos los cuestionamientos sobre la ejecución de la obra.

Justificó los acuerdos que su despacho pactó con el hotel Miramar y el Club de Yates y Pesca, para garantizar su permanencia dentro de la cinta costera, a pesar de que ambos tenían sus contratos de concesión vencidos.

El ministro aseguró a una sala llena de periodistas que entregaría toda su presentación al finalizar las casi tres horas que duró el encuentro. Prometió hacerlo “mañana mismo”, pues incorporaría unas ligeras correcciones.

Nunca lo hizo.

El 9 de mayo, La Prensa se acogió a la Ley de Transparencia y demandó la entrega de información sobre la construcción de la obra.

Tampoco hubo respuesta, pese a que la Ley 6 de enero de 2002 (conocida como Ley de Transparencia) otorga un plazo de 30 días para estos menesteres.

La excusa que entonces esgrimía el MOP era que se trataba de más de 600 planos. El pedido de información se reiteró por escrito, el 16 de junio de aquel año, sin ningún resultado.

Según la ley, toda persona tiene derecho a pedir “sin necesidad de sustentar justificación o motivación alguna”, la información que esté en poder de las autoridades. Para ello otorga un plazo de 30 días.

El 6 de agosto de 2008, el presidente de Corporación La Prensa, Fernando Berguido, presentó ante la Corte una acción de hábeas data contra Colamarco, demandando la entrega de la documentación pública. El recurso fue enviado ese mismo día donde el magistrado ponente Oydén Ortega.

Dos días después, el 8 de agosto, un asesor legal de Colamarco informó que había que abonar mil 66.50 dólares para obtener copia de 711 planos. De inmediato se entregó un cheque, que saldó la cuenta. Un mes después, las copias fueron entregadas. Pero ya la información era obsoleta y desactualizada: los planos no servían porque todo el paisajismo cambió sobre la marcha.

Un fallo del pleno de la Corte, de octubre de 2009, determinó posteriormente que Colamarco “vulneró el derecho de acceso a la información pública”, al resistirse a entregar la documentación. Ya era demasiado tarde, la obra había concluido.

La historia se repite tres años después: ayer, Berguido tuvo que acogerse nuevamente a la Ley de Transparencia para solicitar formalmente lo que los periodistas de este diario vienen suplicando al ministro Federico Suárez (sucesor de Colamarco en el MOP) hace meses: información concreta y detallada de la obra y el desglose de los costos.

También se solicitaron los informes que el MOP dice tener para justificar el proyecto vial, donde consta que la opción que conviene al Estado es un túnel, y sobre los rellenos que se harán en la avenida de los Poetas y Amador, y como serán dispuestos.

La promesa traicionada

En 2008, cuando hacía campaña, Ricardo Martinelli criticó al entonces presidente Martín Torrijos por gastarse $189.1 millones en la cinta costera y por pactar acuerdos secretos con el Miramar y el Yates y Pesca.

Ahora, como gobernante, cambió radicalmente de opinión.

En julio de 2008, cuando conoció que el hotel y el club estarían dentro de la cinta costera, Martinelli dijo “ya veo por qué alguien que no ha estado en política nunca, está apoyando a la candidata del PRD”, en referencia al dueño del Miramar, Herman Bern, quien financió parte de la campaña de Balbina Herrera, aspirante presidencial del PRD.

Más tarde, en enero de 2009, dijo que la obra lesionaba los intereses del Estado, para beneficio de allegados al partido gobernante. “Cuando lleguemos al gobierno, esa obra estará terminada y no se le podrá quitar. Pero que pague un alquiler justo”, dijo.

El hotel y el club siguen en la Balboa. Lo que sí varió es el canon: ahora pagan 10 centavos por metro cuadrado. Ese era el “alquiler justo” reclamado en campaña.

Para ejecutar la expansión de la cinta, Martinelli se quedó con Carlos Ho, el director de Proyectos Especiales del MOP con Torrijos.

Sociedad civil organizada no acepta viaducto

El Estado invertirá 776.9 millones de dólares para construir la tercera fase de la cinta costera, proyecto que está generando preocupación y sospecha ante la ausencia de información.

Las dudas saltan luego que el Estado adjudicó un contrato a favor de la empresa Norberto Odebrecht para hacer una interconexión a través de un túnel, pero luego se informó que se reemplazaría por un relleno, y más tarde por un viaducto entre la avenida Balboa y la avenida de los Poetas, que bordearía el Casco Antiguo.

Miembros del Frente pro Defensa del Patrimonio Cultural advirtieron –en una carta dirigida al presidente, Ricardo Martinelli– que han surgido interrogantes a partir de la última presentación del tramo marino.

Las inquietudes de los miembros del Frente se generan luego que el miércoles 27 de julio el mandatario les convocara a Palacio para comunicarles que ahora el diseño del viaducto es la apuesta que defiende el Gobierno.

Solicitaron que la propuesta sea consultada con un equipo técnico que puso a disposición la Unesco, en junio pasado, cuando el organismo frenó la construcción de la tercera fase de la cinta por considerar que el relleno atentaba contra el valor del Casco Antiguo.

En aquel momento se determinó que la interconexión no se desarrollaría, a la espera de que un panel internacional analizara en detalle las propuestas técnicas de Panamá.

El Gobierno –que no ha definido la fecha en la que se presentará nuevamente ante la Unesco– promueve el viaducto sin detallar la diferencia técnica y financiera entre este modelo, el túnel y el relleno.

Los miembros del Frente pro Defensa le recordaron al presidente Martinelli que la Ley 16 de 2007 establece que el Estado debe garantizar que los conjuntos monumentales de Panamá Viejo y el Casco Antiguo mantengan una vinculación histórica, su contacto visual y el acceso inmediato al océano Pacífico, y por lo tanto, preservar su entorno marítimo.

Para el arquitecto Rodrigo Mejía-Andrión, la construcción y mantenimiento de un viaducto marino sería tan costoso como un túnel, por la instalación de pilotes en el mar. “Yo no entiendo porqué ahora insistir con esa opción. Es un empecinamiento de alguien. No sé de quién”, dijo.

Yolanda Sandoval

Roberto González Jiménez

La explicación excluyente del MOP

El Ministerio de Obras Públicas (MOP), que hasta ayer utilizaba varias ubicaciones del que sería el tramo marino para interconectar la avenida Balboa con la de los Poetas, emitió un comunicado en el que informó que tiene solo una referencia del viaducto. De acuerdo con la nota de prensa del MOP –enviada de forma limitada a algunos medios y excluyendo a La Prensa–, el viaducto empezaría sobre la avenida Balboa, calle 30, tal como se había dicho originalmente.

Sin embargo, Carlos Ho, director de Proyectos Especiales, reveló el pasado 29 de julio que ese mismo viaducto comenzaría desde un lugar muy cercano al Mercado del Marisco. Esto podría variar la distancia que habría entre la nueva vía y el Casco Antiguo, generando un impacto visual negativo.

Al ser cuestionado sobre la inconsistencia, Federico José Suárez, titular del MOP, dijo hace dos días que la ubicación exacta no la tenía clara.

En el comunicado indican que en la licitación del proyecto se solicitó un túnel como forma de interconexión y opciones más económicas, pero siguen sin revelar el costo del viaducto y la diferencia de precio entre esta opción y las otras dos que se estudiaron (el túnel y el relleno). Esta información resulta vital en un proyecto cuyo costo es de $776.9 millones.

Yolanda Sandoval

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