URBANISMO

La ilegalidad de los alquileres

Los corregimientos de San Francisco, Betania y Bella Vista son los lugares favoritos para la operación de hospedajes y alquileres clandestinos.

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Los alquileres clandestinos ponen en riesgo a la población, por ello las autoridades del Miviot realizan inspecciones. Los alquileres clandestinos ponen en riesgo a la población, por ello las autoridades del Miviot realizan inspecciones.
Los alquileres clandestinos ponen en riesgo a la población, por ello las autoridades del Miviot realizan inspecciones. Archivo

Un total de 125 procesos abiertos por hospedajes y alquileres clandestinos tienen el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) y la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), tras una serie de operativos efectuados en el último año.

De acuerdo con las autoridades, esta actividad se ha convertido en un problema no solo para el sector oficial, sino también para los vecinos y el sector hotelero.

Entre los aspectos que tienen en común los casos que procesa el Miviot y los de la ATP está la procedencia de la mayoría de las denuncias: San Francisco, Betania, Bella Vista, Parque Lefevre y Ancón.

Además, el Miviot y la ATP han corroborado que la mayoría de las personas que se dedican a este negocio “son extranjeros que alquilan a panameños y estos, a su vez, se convierten en subarrendadores”.

Con respecto a las nacionalidades de quienes alquilan en estos lugares, las autoridades sostienen que muchos son venezolanos, colombianos y en menor cantidad dominicanos, pero no manejan cifras.

AL MARGEN DE LA LEY

Alquilar o subarrendar no es un delito, la falta radica en que la actividad se haga al margen de la Ley No. 93 del 4 de octubre de 1973, dijo Nadyú Rudas, directora de Arrendamiento del Miviot.

Añadió que lo ilegal surge cuando el proceso se hace sin que haya un contrato de por medio, en lugares no permitidos para alquilar y que se hagan retenciones indebidas de los depósitos de alquiler.

Informes de la entidad muestran que diariamente se reciben unas 10 denuncias. No obstante, fue ennoviembre de 2016 cuando se empezaron a hacer operativos en conjunto con otras entidades del Gobierno y se concretaron 23, precisó.

Para el Miviot, estos operativos en conjunto produjeron la apertura de 65 expedientes y la expedición de 600 boletas de citación, tanto para los inquilinos como para los arrendadores.

Rudas señaló que mediante los operativos es normal encontrar viviendo en un solo apartamento entre 10 y 15 personas.

De hecho, en uno de los expedientes que se investigan hay involucradas 105 personas de un solo PH.

Baños comunales, casas y apartamentos segmentados en varios cuartos, conexiones eléctricas irregulares y hacinamiento son parte de las irregularidades.

ATP, EN ALERTA

La regulación sobre los hospedajes está contemplada en la Ley No. 80 del 8 de noviembre de 2013, la cual prohíbe todo arrendamiento inferior a 45 días en el distrito de Panamá y a aquellas personas que no posean el correspondiente permiso de alojamiento público turístico.

Quienes incumplan con esta regulación, serán sancionados por la ATP con multas que van desde $5 mil hasta $50 mil, considerando la gravedad de la falta y/o la reincidencia en dicho acto.

Además, serán objeto de estas mismas sanciones las personas que publiciten por cualquier vía estos servicios.

Al respecto, Gina Valderrama, directora de Inversiones Turísticas de la ATP, manifestó que por hospedajes clandestinos abrieron 60 procesos, de los cuales 24 ya han generado multas, mientras que el resto aún sigue en proceso de investigación.

Añadió que la práctica de hospedajes clandestinos afecta actualmente al 10% de la ocupación hotelera.

Tanto Valderrama como Rudas coincidieron en que los operativos continuarán, por lo que exhortaron a los interesados en alquilar u hospedar personas a que cumplan con todos los trámites establecidos por la ley.

HAY QUE ACTUAR

Sobre la situación, los representantes de corregimiento y miembros de la Asociación Panameña de Hoteles (Apatel) pidieron a las autoridades que no bajen la guardia y continúen sancionando a los infractores.

Sara Pardo, presidenta de Apatel, indicó que el porcentaje de afectación que ellos manejan alcanza 20%.

Además, calificó la situación como una competencia desleal, porque quienes se dedican a este negocio no pagan impuestos y tampoco crean empleos.

Por su parte, Abdiel Sandoya, edil de Betania, señaló que como consecuencia de los hospedajes y alquileres clandestinos ha desmejorado la calidad de vida de los vecinos, creando una serie de problemas, entre ellos, la falta de estacionamientos, el aumento del ruido e inseguridad.

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