ANÁLISIS

De incapacidades, medidas cautelares y competencias

La incapacidad psiquiátrica presentada por la defensa de Ricardo Martinelli tiene como principal efecto el retraso del inicio del juicio por los pinchazos.

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El expresidente Ricardo Martinelli enfrenta la fase final del proceso de los pinchazos. El expresidente Ricardo Martinelli enfrenta la fase final del proceso de los pinchazos.
El expresidente Ricardo Martinelli enfrenta la fase final del proceso de los pinchazos. Archivo

Desde el punto de vista jurídico, la capacidad es la aptitud de una persona para ser sujeto activo o pasivo de derechos u obligaciones. Así, las incapacidades pueden ser jurídicas si son producto de alguna condición legal que impida a la persona ser titular de derechos u obligaciones. Un ejemplo de estas incapacidades es la del menor de edad, que lo es por designación de la ley.

El otro supuesto de incapacidad es el denominado como incapacidad de hecho, que se refiere a aquella carencia temporal o permanente que limita, afecta o distorsiona la actitud o voluntad de una persona. Aquí se incluyen las incapacidades físicas o mentales de toda naturaleza. Desde la persona que no tiene la capacidad física de expresar su opinión, o la que carece de facultades mentales o la claridad de pensamiento para consentir o entender una relación jurídica.

Al interponerse una incapacidad psiquiátrica, se está invocando una causal de salud mental que impide el ejercicio pleno de los derechos y la titularidad de obligaciones. Llama poderosamente la atención que el psiquiatra Frank Guelfi dispuso que la incapacidad tendría un término específico del 9 al 31 de marzo. ¿Por qué no dictaminó una incapacidad permanente?

En materia de seguridad social y en ciertos seguros privados de salud, las incapacidades psiquiátricas permanentes dan pie a una pensión, ya que la persona no puede trabajar de forma continuada. En el derecho civil o mercantil, una incapacidad de esta naturaleza impide que la persona pueda firmar contratos, adquirir obligaciones o disponer de sus bienes.

Según el artículo 405 del Código de la Familia, el Ministerio Público, el cónyuge o los parientes cercanos podrían solicitar que se le asignara un tutor a la persona que tiene una incapacidad permanente. De más está decir que semejante incapacidad impediría la candidatura a diputado y a alcalde de la persona dictaminada como incapaz psiquiátrica.

“De más está decir que semejante incapacidad impediría la candidatura a diputado y a alcalde...”.

Queda claro que una incapacidad psiquiátrica temporal no busca que la persona sea exonerada de sus responsabilidades legales, sino que estas se posterguen. Nada impide que el 31 de marzo apareciera una nueva incapacidad psiquiátrica aplicable hasta el 30 de junio, permitiendo que, presuntamente, los resultados electorales el 5 de mayo sean favorables, y que por lo tanto, el 1 de julio, el procesado Ricardo Martinelli tomase posesión como diputado de la Asamblea Nacional, y su causa regresara a la Corte Suprema de Justicia.

Otro supuesto considerado ampliamente por la opinión pública es que se puede estar en presencia de un intento de dilatar el proceso judicial más allá del 11 de junio. En esa fecha se cumpliría un año de la detención provisional del expresidente Ricardo Martinelli, y por aplicación del artículo 237 del Código Procesal Penal debería estar sujeto a otra medida cautelar.

Artículo 237. Detención provisional. El Juez de Garantías podrá ordenar la detención provisional de una persona cuando se proceda por delito que tenga señalada pena mínima de cuatro años de prisión, y exista evidencia que acredite el delito y la vinculación del imputado, así como posibilidad de fuga, desatención al proceso, peligro de destrucción de pruebas o de que pueda atentar contra la vida o salud de otra persona o contra sí misma [...]”.

Nótese que la norma establece como una de las causales para la detención provisional el que la persona pueda ser una amenaza contra la vida de terceros o su propia vida. En su escrito de incapacidad psiquiátrica, el doctor Guelfi indica que el expresidente de la República pudiera incluso atentar contra su propia vida. Esta es precisamente una de las razones justificatorias de la detención provisional, y el Código Procesal Penal, en su artículo 240, faculta a los tribunales para que al momento de la revisión judicial de la detención provisional, se valore si el cambio afecta los fines del proceso. Si existe un riesgo de que el acusado intente suicidarse, es irresponsable que los tribunales suspendan la medida cautelar, o que, en su defecto, no asignen a la persona a un establecimiento médico especializado para un depósito hospitalario mientras transcurre el proceso.

Para efectos didácticos, y sin presumir ni afirmar la culpabilidad de Ricardo Martinelli, se exploran los escenarios hipotéticos del curso que puede seguir este proceso:

El proceso continúa en los próximos días y se llega a una sentencia condenatoria antes del 1 de julio. Suponiendo que el acusado haya sido electo diputado, el caso debería seguir el trámite ordinario. En caso contrario, es decir, que no haya un dictamen antes del 1 de julio, se declinaría la competencia a favor de la Corte Suprema de Justicia, siguiendo los preceptos del artículo 39 del Código Procesal Penal. En este supuesto, Harry Díaz volvería a ser el fiscal de la causa, y la última fase del proceso se volvería a plantear ante el máximo tribunal.

Si el expresidente Martinelli fuera electo alcalde y no diputado, dicha elección no afectaría el curso del proceso.

Los delitos por los que el expresidente es acusado no son susceptibles de indulto presidencial, porque no califican como delitos políticos, que es el único tipo de delito indultable según lo establece el numeral 12 del artículo 184 de la Constitución Política de Panamá.

* El autor es abogado

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